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7. Alternativas

La crisis no tiene solución...

No existe ninguna receta mágica para evitar la crisis, pero sí existen unas políticas que permitirán hacerla lo más corta y leve posible y otras que evitarán que se reproduzca en el futuro[44].

...sólo cabe aliviarla en la actualidad...

Dentro del primer grupo situamos las reducciones de impuestos y las liberalizaciones de los mercados de factores productivos.

Es necesario reducir el peso del Estado para que puedan disminuir los impuestos sin ejercer una presión alcista sobre los tipos de interés. Las familias, al tener que pagar un IRPF o un IVA menor, verán incrementada su renta disponible, lo que les permitiría atender su carga financiera (especialmente la referida a la hipoteca) de una manera más liviana. La morosidad sería mucho menor que sin la reducción de impuestos, y con ello también se reducirían los quebrantos bancarios.

Del mismo modo, las empresas también se verían beneficiadas por una reducción en el impuesto de sociedades que les permitiera compensar tanto la mayor carga financiera como el encarecimiento de las materias primas.

Asimismo, es muy importante favorecer al máximo la liberalización de los mercados de factores productivos (trabajo y materias primas). Hay que evitar que las rigideces regulatorias impidan una rápida recolocación de los trabajadores entre las empresas que reducen plantilla y las que pueden incrementarla[45]. De esta manera, el período en el que las familias permanecerán desempleadas será el menor posible, lo que facilitará el pago de sus hipotecas.

En el caso del mercado laboral estas rigideces son numerosas y urge modificarlas: las restricciones a la movilidad geográfica y funcional, los costes del despido y el elevado poder de los sindicatos para fijar salarios.

Pero sobre todo hay que evitar que los Gobiernos incrementen su intervencionismo tanto en materia de gasto como de controles de precios.

Las políticas presupuestarias expansivas de corte keynesiano, ejecutadas con el pretexto de reactivar la demanda agregada, generarían un déficit público que sólo elevaría más los tipos de interés, con lo que la carga de las empresas y de las familias sería aún mayor. Además, los mayores tipos de interés también ralentizarían y disminuirían el ritmo de constitución de nuevos proyectos empresariales que recontraten a los trabajadores despedidos y reanuden la creación de riqueza.

Los controles de precios, como los que siguieron a la crisis estanflacionista[46] de los 70, que tenía un perfil muy similar a la actual, no consiguen contener la inflación (que como hemos visto es una depreciación de la moneda que provoca un incremento de precios, y no al revés), sino que generan un desabastecimiento generalizado y una merma de la inversión en aquellos sectores que, debido a los controles, dejan de ser rentables[47]. De este modo, la recuperación también queda paralizada en la medida en que el capital no afluye hacia los sectores que lo requieren.

...y prevenirla en el futuro.

Dentro del segundo grupo de medidas, destinado a evitar la reproducción de este tipo de crisis en el futuro, encontramos necesario llevar a cabo una profunda reforma del sistema monetario y bancario actual, basado en el monopolio de emisión de dinero fiduciario del que gozan los Bancos Centrales.

Este privilegio les permite alterar la estructura de tipos de interés con el objetivo de potenciar la inversión. En la medida en que el sistema bancario puede obtener tanta liquidez como necesite del Banco Central, se procede a un arbitraje ilícito de tipos de interés, cuyo resultado es un apalancamiento progresivo de las estructuras financieras y productivas, y que termina saldándose con una crisis económica.

La solución no puede consistir en un Banco Central que no trate de expandir la cantidad de numerario o que sea inflexible ante las necesidades de liquidez de los bancos comerciales. Simplemente porque no es cierto que una oferta monetaria inflexible o una total indiferencia ante las crisis puntuales de liquidez sean políticas saludables para un sistema económico.

En ocasiones hay que incrementar el numerario para dar respuesta a las necesidades de los usuarios del dinero. En otras, hay que evitar que un banco sea presa de un pánico que pueda llevarlo a la quiebra.

Sin embargo, éstas no son decisiones que pueda tomar en solitario un organismo que ostente el monopolio sobre la emisión de un dinero sin respaldo alguno. No existe una ratio óptima de incremento de dinero (los deudores siempre querrán más y los acreedores menos). En realidad, mientras el valor del dinero siga dependiendo de la voluntad de una entidad monopolística, los ahorradores seguirán buscando otros depósitos de valor, como pueda ser la Bolsa, los inmuebles o las materias primas.

Por este motivo, conviene regresar a un sistema de libertad bancaria, donde cada entidad de crédito pueda emitir su propia moneda, respaldada por la cartera de activos que considere conveniente. Aunque estamos convencidos de que, hoy por hoy, el activo monetario por excelencia sigue siendo el oro, ésta debería ser una decisión empresarial de cada banco.

Al tener que respaldar sus emisiones de dinero por activos con valor de mercado, cada entidad podría elegir hasta qué punto puede emitir nuevo numerario sin que su valor caiga o cuándo conviene extender un crédito a otro banco o cliente que se encuentre en problemas de liquidez.

El arbitraje ilícito de tipos de interés se vería dificultado, por cuanto una reducción de los tipos de interés a largo al mismo nivel que los tipos a corto provocaría que los depositantes u otros bancos convirtieran sus billetes en mercancías, con lo que tendría que captar cantidades crecientes de préstamos a corto en el interbancario, sin que un banco de emisión pueda reducir los tipos de interés emitiendo nuevo numerario no respaldado.