
En el informe hemos tratado de mostrar cómo España ha vivido durante los últimos años un boom de creación de deuda de mala calidad, especialmente centrada en el sector de la construcción y de los servicios.
La causa de este boom parece encontrarse en la política de expansión crediticia seguida por el Banco Central Europeo, especialmente a partir de 2002, momento en el que el mercado inmobiliario se estabiliza y el crédito extranjero comienza a afluir masivamente a España.
La evolución claramente descendente de la capacidad de servicio de la deuda indica que se ha creado un gran porcentaje de deuda de mala calidad que deberá ser impagada. En general, puede generalizarse diciendo que buena parte de esos impagos se observarán probablemente en sectores relacionados con la construcción y los servicios inmobiliarios.
A la luz de estos resultados, por consiguiente, resultan claras qué políticas económicas están destinadas a aliviar la crisis y cuáles están condenadas al fracaso.
Para amortizar esta enorme cantidad de deuda es necesario incrementar la renta disponible de los individuos de una sociedad para que sean capaces de seguir atendiendo el servicio periódico de la deuda. Sin embargo, existen ciertas limitaciones a la hora de implementar este incremento de la renta disponible.
Primero, no es cierto que sólo haya que aumentar la renta disponible de los deudores y no de los acreedores. En muchos casos, los acreedores se relacionarán con los deudores a través de transacciones económicas que se materializarán en forma de rentas para estos últimos. Por ejemplo, una empresa puede verse abocada al impago si sus clientes dejan de adquirir sus productos pese a que se le rebaje el impuesto de sociedades. Por ello, el incremento de la renta disponible debe efectuarse mediante rebajas generales de impuestos y no a través de subvenciones a grupos particulares (esto es, a través de redistribuciones de renta entre acreedores y deudores).
Segundo, en el informe hemos comprobado los beneficiosos efectos que ha tenido el saneamiento de la deuda pública durante los últimos años. Se trata de una política que debe proseguir y que en ningún caso debe revertirse. Las rebajas fiscales no deben instrumentarse mediante aumentos de la deuda pública (déficit presupuestario) ya que ello supone crear más deuda, justo en un momento donde el problema es que ya existe un exceso de deuda impagable. Dicho de otro modo, la rebaja fiscal debe ir seguida de una disminución del gasto público aún mayor para mantener un superávit público que debe destinarse a seguir reduciendo la deuda pública[4].
Además, conviene advertir contra las políticas monetarias expansivas destinadas a reanudar el ciclo de endeudamiento. Los bancos centrales no deben seguir reduciendo los tipos de interés en un vano intento de "reactivar" la economía, ya que, aun en el caso de lograrlo, sólo incrementarían el volumen total de deuda, disminuirían su capacidad de servicio y agravarían el inevitable colapso de una montaña de deuda impagable.
[4] Un ejemplo muy claro de esta estrategia la tenemos en el plan de Andrew Mellon para rescatar a la economía estadounidense de la crisis de 1921. Mellon redujo tanto los impuestos como el gasto público, pero éste último en mayor medida que el primero. En concreto, el gasto disminuyó desde 6.403 millones de dólares en 1920 a 3.373 en 1922 mientras que la recaudación por impuestos cayó desde 6.695 millones a 4.109. En otras palabras, pese a reducir enormemente los impuestos (el tipo máximo pasó desde el 77% en 1920 al 25% en 1925) el superávit público se incrementó desde 292 millones de dólares en 1920 a 736 en 1922, lo que a su vez le permitió incrementar el ritmo al que se amortizaba la deuda pública.