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V. Conclusiones

• Al impedir que las compañías farmacéuticas hagan llegar a los ciudadanos la información relativa a las propiedades de sus medicamentos, los gobiernos se están arrogando unos poderes que traspasan sus legítimas competencias. El argumento de información "sesgada" no puede seguir sirviendo de coartada. En todo caso, lo que en la actualidad están impidiendo los legisladores europeos no es la publicidad engañosa (algo que de todos modos ya está prohibido por las legislaciones), sino toda la publicidad y más aún cualquier forma de información al paciente por parte de los fabricantes de medicamentos.
• Con dicha prohibición, los gobiernos europeos están contribuyendo a mantener desinformados a los consumidores, impidiéndoles de este modo tomar decisiones responsables que afectan tanto a su propia salud como a su participación en asuntos de trascendencia de la vida pública. Los ciudadanos europeos tienen derecho a conocer qué tratamiento es el más indicado para prevenir una enfermedad, limitar su agravamiento o sanarlo una vez esté ya diagnosticado, independientemente de cuál sea su coste. Los individuos tienen derecho a disponer en el mercado de las medicinas más modernas para el tratamiento de sus enfermedades.
• Es falso que si se permitiera la publicidad directa a los consumidores, las compañías farmacéuticas se verían obligadas a incrementar el precio del medicamento, lo que repercutiría en los gastos sanitarios de los países europeos. Con la inclusión de la publicidad, se acorta el plazo de recuperación de la inversión disminuyendo de este modo los costes financieros de la misma, los precios pueden disminuir y los gastos sanitarios, si consideramos el coste de hospitalizaciones más el gasto farmacéutico, probablemente tienden a ser cada vez menores en igualdad de condiciones.
• Estudios pioneros en EE.UU. que comparaban los precios de lentes y gafas en estados donde estaba permitida la publicidad y donde estaba prohibida han arrojado como resultado que estos son un 25% más altos allí donde la publicidad estaba restringida o prohibida. Igualmente, un estudio de la Comisión Federal de Comercio (FTC) mostró que la calidad del producto en los estados sin publicidad no era superior a pesar de los precios más elevados. Otros sectores analizados en los que los precios eran más elevados en ausencia de publicidad eran la gasolina, los fármacos de prescripción obligatoria y los servicios legales.
• La relación médico-paciente no tiene por qué debilitarse ni distorsionarse. Tampoco la lógica prescripción de fármacos por la introducción de la publicidad. Los médicos, en virtud de su código deontológico, no estarán dispuestos a recetar medicamentos que no tengan ninguna indicación terapéutica en la patología del paciente. Y los pacientes, por norma general, se dejarán guiar en cuestiones de salud por personas especializadas en la materia. Este cambio en la relación médico-paciente es el lógico de la Era de la Información, del que este sector no puede quedar aislado. La gente se informa, se preocupa y necesita conocer y discutir con aquellos que mejor les pueden orientar cuáles son las mejores soluciones a sus problemas.
• El retardo en la introducción de nuevos fármacos, el desincentivo para el sector farmacéutico para desarrollar nuevas investigaciones, la deliberada ocultación de la información sobre tratamientos novedosos o medidas de prevención sanitarias, que surgen como consecuencia de la prohibición de la publicidad y otras medidas prohibicionistas de devastadoras consecuencias, están suponiendo un elevado coste en términos de salud a la población europea y mundial.
• Especialmente ilustrativos son los casos de la hipercolesterolemia y la osteoporosis. Las estatinas fueron introducidas hace 15 años para el tratamiento del colesterol y se estima que entre 60.000 y 70.000 vidas son salvadas cada año por este tratamiento, aunque sólo la mitad de europeos que deberían estar recibiendo un tratamiento por estatinas lo está tomando. Si existiera más información entre pacientes y médicos, se podría salvar hasta el doble de vidas que en la actualidad.
• En cuanto a la osteoporosis, la enfermedad afecta a tres millones de personas en España, de las que 2,5 millones son mujeres. De entre todos los pacientes, sólo el 18% están diagnosticados. Las autoridades nacionales y comunitarias están impidiendo que las compañías farmacéuticas anuncien e informen sobre los logros de medicamentos innovadores en el tratamiento de la osteoporosis como los llamados "inhibidores de la reabsorción". Dado que estos tratamientos frenan el proceso de destrucción a partir del momento en que empiezan a ser administrados, pero no regeneran la pérdida ósea sufrida, la prohibición de hacer llegar la información al paciente es en este caso doblemente perniciosa.
• La prohibición a las compañías farmacéuticas tanto de la promoción como de la provisión de información al público, los largos procesos de comercialización, unidos a los de desarrollo de un producto y unos draconianos controles de precios están contribuyendo a que importantes compañías farmacéuticas estén abandonando sus sedes principales de Europa o deslocalizando parte de su desarrollo en otros países, principalmente, los Estados Unidos. Todo ello está generando asimismo considerables pérdidas de inversión en el sector farmacéutico y biotecnológico así como un menor creación de empleos cualificados y, lo que es aún peor, la salida de un elevado número de científicos o investigadores (fuga de cerebros), principalmente, con destino a las empresas norteamericanas. De este modo se estima que "hay medio millón de los mejores científicos europeos trabajando en América". Mientras ocho de cada diez nuevos fármacos se desarrollaban en Europa en 1980, hoy, las cifras revelan la situación opuesta: 8 de cada diez se desarrollan en EEUU.
• Los políticos españoles y europeos no sólo están restringiendo un derecho fundamental en contra del espíritu de las cartas de derechos y constituciones de todo el mundo occidental, sino que además están dañando gravemente la salud de millones de personas con el propósito de contener los gastos a corto plazo del sistema público de sanidad, que se supone que ha sido diseñado para velar por la calidad de la salud pública. En el medio y largo plazo, el daño que la acción de los políticos está causando a la población ni siquiera se ve compensado por contenciones del gasto. La visión cortoplacista de los dirigentes gubernamentales está lastrando la salud de los ciudadanos españoles y europeos.
• El reestablecimiento del derecho de los pacientes a ser informados por quienes producen las medicinas tendría claros efectos positivos sobre la salud pública, incrementaría el ritmo de aparición de nuevas medicinas, contribuiría a detener la reducción de inversiones en España y Europa, ayudaría a frenar la fuga de cerebros y devolvería al paciente la libertad que implica la posibilidad de tomar decisiones responsables.