
El Ministerio de Medio Ambiente ha aparecido en un total de 179 informaciones durante el primer trimestre de 2006. Según la clasificación temática que se ha realizado, éstas se han distribuido de la siguiente manera:
33 informaciones se han relacionado con las agresiones medioambientales.
06 con el cambio climático.
06 con el modelo energético.
83 sobre la política hídrica.
48 sobre otras políticas medioambientales incluidas las infraestructuras y el urbanismo.
03 sobre otros aspectos medioambientales.
La Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad que prepara el Ministerio impedirá talar o dañar los ejemplares de más edad y tamaño hasta ahora desamparados tras un proyecto que ha catalogado centenares de árboles de más de un siglo. (EL PAÍS del 9 de enero). Además, el Ministerio de Medio Ambiente espera a que se haga la necropsia a los cetáceos para acusar a una fragata británica de su muerte y presenta sus premios al mejor trabajo sobre biodiversidad.
Nacen dos crías de lince en Doñana y Cristina Narbona informa del hecho. Pocos días después surge la polémica en torno al desdoblamiento de la M-501 o Carretera de los Pantanos al encontrarse un excremento de lince en la zona. La ministra se apresura al pedir la paralización de las obras - que están en fase de adjudicación - y que se adopten medidas para recuperar la especie, incluso abriendo un centro de reproducción en cautividad. Esperanza Aguirre le pide presupuesto para ello. Dentro de la polémica en LA RAZÓN del día 31 de marzo, se informa de que la propia ministra reconoce que en 2004 no se había encontrado ningún resto de este felino.
El Ministerio de Medio Ambiente acude a la Cumbre sobre Diversidad Biológica que la ONU organiza en Curitiba, Brasil. Con una asistencia de 180 países y con el objetivo de articular maneras para evitar lo que se ha llegado a definir como la sexta extinción masiva del planeta, España defenderá que los pueblos indígenas participen en las negociaciones sobre los recursos genéticos. Antonio Serrano, secretario general de Territorio y Biodiversidad del ministerio de Medio Ambiente que participa en la Cumbre es partidario de aumentar los recursos económicos destinados a recuperación y considera deseable que hubiera algo similar al protocolo de Kyoto para defender la biodiversidad (27 de marzo en ABC). Tres días después, en EL PAÍS y en otra entrevista identifica la lucha contra el cambio climático con la lucha por preservar la biodiversidad.
Doce noticias sobre contaminaciones de diferente orden. Dos se refieren al expediente a dos plantas potabilizadoras del Canal de Isabel II, las de Valmayor y Santillana por vertidos ilegales a una presa del parque de Guadarrama.
Un informe del Ministerio de Medio Ambiente sobre las zonas más contaminadas de España. 80 ciudades superan los límites de la UE, el tráfico responsable de 16.000 muertes. Se proponen medidas contra la polución como los peajes urbanos. (EL PAÍS del 5 de febrero). El secretario general para la Prevención de la Contaminación y del 2. Cambio Climático del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, propone desterrar el coche de las ciudades en una entrevista (en el mismo medio pero el 10 del mismo mes).
El Gobierno, a través del secretario general para la Prevención de la Contaminación y del 2. Cambio Climático, asegura que se propondrá la Ley de Protección de la Atmósfera para antes del verano (EL MUNDO del día 16 de febrero).
El Ministerio de Medio Ambiente detecta altos niveles de mercurio en el madrileño barrio de Embajadores aunque se le quita importancia al no afectar a los ciudadanos y al manifestarse en un suelo que fue industrial.
En cuanto a otros temas, inicia la retirada de jacinto de agua, una planta acuática amazónica que obstruye sistemas de riego e impide la oxigenación del río Guadiana. También media en la polémica del ruido en el Aeropuerto de Barajas, que abre una nueva terminal y provoca las iras de los vecinos y las protestas de los municipios afectados. Medio Ambiente está dispuesto a estudiar las propuestas e indemnizaciones y asegura que el aislamiento acústico será inútil con las nuevas pistas. El Ministerio de Medio Ambiente diseña siete guías orientadas a las empresas agroalimentarias para que afronten una transformación que reduzca sus impactos ecológicos y el Gobierno arreglará, en virtud de los convenios firmados, aquellos tramos de cañadas que estén invadidos por urbanizaciones, vertederos y carreteras.
Medio Ambiente alerta de que el cambio climático provocará más escasez de agua, desastres naturales e incendios. Se aportan datos de los rangos de cambio de temperatura en el periodo 2071-2100. (EL MUNDO del 15 de febrero). Según el jefe de Predicción Meteorológica del Instituto Nacional de Meteorología en los actos del Día Meteorológico Mundial, presidido por Cristina Narbona, 2005 fue el año más caluroso desde que se tienen registros (EL MUNDO del 24 de marzo).
El Protocolo de Kyoto cumple un año en España y el gobierno prepara nuevas medidas para afrontar el cambio climático. España sigue siendo el país que más incumple Kyoto. La ministra Cristina Narbona asegura que estamos empezando a hacer los deberes (EL MUNDO del 17 de febrero) aunque reconoce que en 2005 no lo estamos cumpliendo (EL PERIÓDICO DE CATALUÑA del 17 de febrero). Entre las medidas tomadas está la presentación del borrador del Plan Nacional de Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al 2. Cambio Climático.
Narbona apuesta por las energías renovables frente a la nuclear en el debate abierto en torno a este último tipo de energía. Además, apoya a la industria cementera en el uso de combustibles alternativos con el fin de que se disminuyan las emisiones de CO2 a la atmósfera. El Gobierno anuncia en marzo que utilizará coches oficiales “híbridos o de bajo consumo” dentro de las medidas de ahorro del Ejecutivo.
El Segundo plan de Kyoto costará 7.000 millones a las empresas en cinco años y anuncia que recortará drásticamente el reparto de dióxido de carbono que prepara para el periodo 2008-2012. Las industrias recibirán casi un 17% menos de derechos de emisión para operar en la bolsa de contaminación. (EXPANSIÓN del 14 de febrero).
Las noticias en torno a los pozos ilegales son las que más negativamente afectan al Ministerio de Medio Ambiente. Estas empezaron en Castilla-La Mancha cuando el 18 de enero en ABC se informó de la destitución del presidente de la Confederación Hidrográfica del Guadiana debido al conflicto de los miles de pozos ilegales. El 20 se comunicó que el Gobierno había establecido una moratoria en las sanciones por apertura de pozos y que la Confederación había abierto 5.000 expedientes. Sin embargo, un documento del Ministerio recogía un pacto para no sancionar los pozos sin autorización. El día 23 se asegura el diario ABC que la polémica por la decisión del Ministerio de Medio Ambiente de hacer la vista gorda en la apertura de pozos sin autorización esconde una situación que comenzó en los 70 y que nada tiene que ver con la actual sequía. El día 25, siempre en ABC, se asegura que la gravedad de la sequía no justifica que Medio Ambiente se salte la legalidad en el caso de los pozos ilegales en La Mancha. El día 30 de enero, se informaba de que el Gobierno sólo cerró dos de los 2.000 pozos de agua declarados ilegales en La Mancha. La Administración adquirirá “derechos de uso del agua en los acuíferos sobreexplotados” y como medida extraordinaria ha decidido establecer una “moratoria sancionadora” en el Alto Guadiana sin pasar por el Consejo de Ministros.
El 3 de febrero, también en ABC y en EL PAÍS, se anuncia que Medio Ambiente planeaba una “amnistía” para los 500.000 pozos ilegales que hay en España, pero al día siguiente solamente en EL PAÍS, Narbona desmintió las informaciones asegurando que buscaba una solución a los pozos ilegales pero que no pasaba por la ‘amnistía’ aunque buscara un consenso. Dos días después se cobra la segunda víctima política, el Comisario de Aguas del Guadiana que había abierto 2.000 expedientes a regantes en un año y el régimen de explotación del acuífero La Mancha Occidental, aún en el aire. La reforma de la Ley de Aguas que prepara el Ministerio incluye regularizar su aprovechamiento. Greenpeace asegura que es una amnistía generalizada
El 8 de febrero la polémica de los pozos ilegales llega a Madrid y en las páginas de EL PAÍS se informa de que la Confederación Hidrográfica del Tajo ordenaba precintar seis pozos ilegales y que la legalización que estudia Medio Ambiente afectaría a 19.000 pozos irregulares de la región. La Comunidad de Madrid dispone de un acuífero subterráneo de 3 billones de litros. El día 9, en ABC, el Ministerio da marcha atrás en la supuesta amnistía para los pozos ilegales y es que Greenpeace, Ecologistas en Acción, SEO Birdlife y Adena consideran este punto innegociable.
Los agricultores de La Mancha se plantean una guerra abierta por el uso del agua; consideran que los casos más extremos sí podrían ser castigados, pero la presión es permanente y por ejemplo, los regantes de Ciudad Real acusan al Gobierno de criminalizarles. Y declaran que la derogación del trasvase del Ebro ha matado el alto Guadiana. Estalla la guerra política. El PP acusa al Gobierno de prevaricación por la moratoria sancionadora en el Alto Guadiana y el Ministerio considera incorrecta la inclusión de una moratoria en las sanciones a los agricultores por extracción ilegal de aguas públicas. El Grupo Socialista aplaude al ejecutivo.
El debate del agua atraviesa España y se plantean el ahorro y acuíferos como dos opciones contra la sequía. El Gobierno central, La Mancha y Levante proponen sus soluciones a la sequía ya que casi 750.000 hectáreas se riegan en España con acequias de tierra, otras 400.000 de hormigón en mal estado. (LA RAZÓN del 16 de febrero). El 23 de febrero WWF/Adena asegura que la mitad del agua extraída de acuíferos en España proviene de pozos ilegales y el Ministerio de Medio Ambiente evalúa en 22.000 los pozos ilegales en el Guadiana, 20.000 en Guadalquivir y 64.000 hectáreas en el Segura regadas con posterioridad a 1986.
En cuanto a la política hídrica del Gobierno y en especial el Programa AGUA, Medio Ambiente pide un crédito de 1.000 millones para las desaladoras a través de la empresa pública Acumed con 27 entidades financieras. Sólo cuatro de las 25 desaladoras del Plan AGUA están en marcha, mientras que el Ebro vertió al mar en 2005 el equivalente a tres trasvases. El PP denuncia que las obras para paliar la sequía están paralizadas. El Plan AGUA del Ministerio no termina de arrancar. Un editorial de LA RAZÓN del día 23 de enero asegura que se dirige al fracaso.
Los costes del agua se repercutirán al usuario en 2010 según el secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente en las jornadas del club ITM (industria, Tecnología y Minería). Zapatero se muestra a favor de estudiar un posible trasvase del Ródano a Cataluña pero el 9 de marzo la propia Ministra lo desmiente. Narbona anuncia el inicio de las obras de la segunda planta en Alicante dentro del Programa AGUA. Pese a los retrasos y las críticas, Acciona compra Pridesa, una empresa de tratamiento de agua, para acudir al plan de Narbona para desalar agua. Desde Bruselas, según informa EL PAÍS el día 29 de marzo, se pide información sobre las desaladoras del Plan AGUA y la Comisión recuerda que sus fondos hay que pedirlos antes de julio. Bruselas está preocupada por el retraso en la ejecución del Plan AGUA en función de la información que le ha proporcionado el propio Ministerio. Medio Ambiente contesta el día siguiente en el mismo periódico asegurando que no perderá este dinero.
En marzo se retoma la política hídrica relacionada con el campo (tras la polémica de los pozos) con la modernización de regadíos a través de un plan cuyo presupuesto es de 2.344 millones de euros. El decreto busca ahorrar 1.162 hectómetros cúbicos de agua para paliar la sequía y ha sido elaborado por los Ministerios de Agricultura y de Medio Ambiente, aunque cuente con la oposición de los principales grupos ecologistas.
Problemas entre el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades de Madrid y de Murcia. Murcia planea construir una desalinizadora para garantizar el crecimiento urbanístico pero Medio Ambiente acusa al Gobierno autónomo de subvencionar a los constructores. Narbona niega agua a nueve proyectos urbanísticos de Murcia y Alicante porque recibió informes negativos de las Cuencas del Segura y del Júcar asegurando que la tendrán cuando llegue agua de desaladoras. A los regantes de Murcia y Almería, Medio Ambiente les propone un precio que multiplica por cinco el del Tajo. El día 24 de marzo Narbona anuncia un nuevo trasvase Tajo-Segura de 39 hm3, únicamente para consumo humano, asegurando que posteriores trasvases se harán en virtud de la pluviometría. La comisión del trasvase aporta datos sobre el caudal ecológico del Tajo en Aranjuez, que en algunos casos estaba por debajo del límite por lo que ratifica las limitaciones de la Ministra.
En lo referente a Madrid, la Confederación Hidrográfica del Tajo inicia trámites para conceder 72 hectómetros más de agua a la región. Cristina Narbona lo presenta como el cumplimiento de un compromiso y la Comunidad como un engañabobos. El Ministerio no garantiza el agua a nueve grandes urbanizaciones de Madrid y la CHT considera que no se aclara de dónde se abastecerán todas estas viviendas. En marzo continúa el enfrentamiento entre el Gobierno y la Comunidad ya que el primero asegura que la cesión de agua prometida a Madrid, 200 hm3, se ha llevado a cabo y el Canal de Isabel II lo niega ya que sólo ha contabilizado 67.
En otras comunidades destacamos que la presa de Yesa, en Navarra, “crecerá” la mitad de lo previsto, modificando así el plan del anterior gobierno al que eran contrarios vecinos y ecologistas, sin valorar nuevas alternativas. Y en Cataluña, los regantes apoyan el Segarra-Garrigues que ejecuta Medio Ambiente.
Medio Ambiente también participa en el IV Foro del Agua que se celebra en México con la ministra como principal miembro de la delegación. Firma un acuerdo para la defensa, protección y mejor aprovechamiento del agua, lo que le permite presentar la Expo Zaragoza 2008. Tres días después, el 23 de marzo, en pleno debate sobre si el agua es un derecho humano o fundamental o los dos, España y la UE se adhieren al documento propuesto por Cuba, Venezuela, Bolivia y Uruguay. Un editorial de EL PAÍS el día 26 asegura que España pretende tender puentes entre Latinoamérica y la UE.
Es en este capítulo de políticas hídricas en el que se recogen los cuatro artículos de opinión que han escrito diferentes responsables del Ministerio de Medio Ambiente y los cuatro en LA RAZÓN. El primer artículo al que nos referimos es de la Ministra de Medio Ambiente, Cristina Narbona, que asegura que el programa AGUA incluye más de cien actuaciones y una inversión de 4.000 millones de euros, todo dentro del marco del IV Foro del Agua el 23 de marzo. Dos son de Jaime Palop, director general del Agua del Ministerio de Medio Ambiente, el primero es del 16 de febrero y en el afirma que el gobierno socialista se ha encontrado con lo que dejó al PP en 1996 pero con mucha más demanda. En el segundo, del 27 del mismo mes, asegura que no se puede seguir sin un plan de seguridad de presas sin normativa de reutilización. Por último, un artículo del secretario general para el Territorio y la Biodiversidad del Ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, contiene un análisis de la cuenca mediterránea el 16 de febrero.
También recoge dos artículos de opinión sobre el Ministerio también en LA RAZÓN. En el primero, del 21 de enero, Antonio Pérez Henares habla sobre las virtudes y los defectos de la ministra, mientras que el segundo pertenece al especial de medio ambiente del periódico la columna de Solo Agua, y critica su política hídrica. Es del día 9 de febrero.
En cuanto a las informaciones sobre nuestra situación hídrica y la sequía:
La ley de daños al Medio Ambiente puede afectar a 30.000 empresas. La Cámara de Comercio de Madrid organizó unas jornadas sobre esta ley que presentó el Ministerio de Medio Ambiente. (25 de enero de 2006).
Los grupos ecologistas suspenden la política medioambiental del Gobierno, sobre todo la energética, de transportes y agrícola, pero aseguran que es transparente.
En cuanto a los Espacios Protegidos, Monfragüe se adelanta a Guadarrama y obtendrá la categoría de Parque Nacional antes de que termine el año. Andalucía, Aragón y Baleares asumirán la gestión de sus parques nacionales el 1 de junio. Picos de Europa y los cuatro Parques canarios podrían tener problemas para el traspaso este año. Andalucía gestionará 16 millones de euros para este fin y Sierra Nevada y Doñana serán los primeros parques nacionales transferidos, comenzando el 25 de marzo. Medio Ambiente modifica su propia ley para que Monfragüe pueda ser Parque Nacional; así se presentará la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad, pero sin los Parques Nacionales que constituirán la Ley de la Red de Parques Nacionales. Mientras que el día 4 de marzo, el Ministerio anuncia que otorgará derecho de veto a algunos municipios sobre nuevos parques nacionales siempre y cuando la superficie de municipio a incluir supere el 50% de su total. El día 24 del mismo mes se desdice y lo retira del borrador de la Ley de Parques Nacionales que prepara. El Gobierno asegura que la nueva Ley estará en el Congreso antes de verano.
España aumenta en 14 los humedales de valor internacional y ya son más de 282.000 las hectáreas de este tipo de ecosistemas sujetas al Convenio Ramsar. Aigüestortes ya es un humedal internacional de este convenio. Medio Ambiente destina más de 300 millones a proteger el Delta del Ebro. La Ministra y el conseller Milà forman una comisión para protegerlo y acuerdan que nada se hará en la zona sin un amplio apoyo previo. El Estado se reserva la gestión de futuros parques marítimos. En un informe de WWF/Adena (EL MUNDO del día 14 de marzo), varios científicos reclaman la protección de 20 áreas marinas amenazadas creando una Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas para conservar así los paisajes marinos de mayor riqueza de nuestro país. Narbona apoya la medida.
En cuanto a la fiscalidad medioambiental, el 13 de febrero en EXPANSIÓN, se anuncia que el Gobierno prepara una subida de impuestos a los diésel por contaminar y que la tasa de matriculación aumentará también para los coches potentes. La medida desata la ira de los fabricantes y Hacienda desmiente a la ministra al asegurar que la propuesta no está decidida. Un editorial de este mismo medio del día 14 relaciona esta medida con que España no ha reducido sus emisiones de CO2.
En cuanto a su relación con el urbanismo y las infraestructuras, Cristina Narbona pide que se implante el peaje al centro urbano en Madrid ya que en determinadas ciudades europeas ha reducido los atascos, por ejemplo en Estocolmo ha conseguido un 16% menos de tráfico.
Cristina Narbona asegura que no es asumible cualquier desarrollo. 14 días después el Ministerio anuncia la próxima Ley de Montes que castigará severamente los delitos urbanísticos y cuatro después, el 14 de febrero anuncia (EXPANSIÓN) que pretende luchar contra la destrucción del entorno de las zonas costeras y combatir la especulación inmobiliaria, (también en EL MUNDO del 17). En cuanto al hotel del Parque del Cabo de Gata, el Ayuntamiento de Carboneras permitió la edificación contra la opinión del ministerio de Medio Ambiente y la pasividad de la Junta.
Medio Ambiente lanza un plan de choque para informar de 1.702 obras pendientes (EL PAÍS del 7 de marzo) y es que las declaraciones de impacto ambiental tardan 30 meses de media en resolverse. Sin embargo, el AVE a Extremadura y Galicia y las desaladoras están a la cola de esta lista de Impactos Ambientales pendientes. En el mismo periódico se asegura que Narbona ha frenado ya más proyectos que el PP en ocho años, no ha dado el visto bueno a la declaración de Impacto Ambiental a 8 obras frente a las 5 del PP, e incluso ha obligado a Industria a reiniciar la tramitación de un gaseoducto.
En el conflicto con la M-30 madrileña, Medio Ambiente abre el quinto expediente sancionador a las obras de la M-30 por el vertido de bentonita en el río, aunque fue solventado en poco tiempo. IU aprovecha para demostrar que las obras son un desastre medioambiental.
En Gestión de residuos, se nos informa de la colaboración entre el Ministerio de Medio Ambiente y la Asociación de Promotores Constructores de España para crear una nueva normativa. Sin embargo, Cristina Narbona anuncia el 1 de marzo el futuro Real Decreto de residuos de construcción y demolición que incluirá el pago de una fianza por parte de las constructoras que se recuperará una vez demostrada la correcta gestión de los residuos. El 2 de marzo en La Razón, se informa de que la construcción recicla sólo el 2% de los residuos que genera y el Ministerio de Medio Ambiente cifra en 35 millones de toneladas los residuos de construcción y demolición que se producen anualmente en España y solo 1 millón es reciclado o reutilizado.
En cuanto a otros asuntos, como informaciones negativas para el Ministerio, EL MUNDO del día 15 de febrero denuncia que Medio Ambiente construye un campo de golf en Palencia con fondos públicos y de la Unión Europea y el 18, el mismo periódico junto a ABC, anuncia que Narbona desbloquea el aeropuerto de Ciudad Real para que funcione en 2007 a condición de que la empresa promotora financie medidas compensatorias en el entorno afectado. Pacto sobre la vía verde Ripoll-Campdevànol, al alcanzar un acuerdo entre la alcaldía de Ripollés y Ministerio de Medio Ambiente sobre una vía verde para peatones y bicicletas. Narbona negocia el derribo de dos hoteles en una playa protegida en Fuerteventura, y ultima un cambio de suelo con los propietarios. Y es que los hoteles motivo de conflicto fueron construidos en la década de los 70 y el Cabildo quiere proteger el espacio natural. La playa de Barcelona ganará 80.000 m3 de arena antes de Semana Santa y Medio Ambiente retrasa a otoño las obras de los espigones. Medio Ambiente limpiará los lodos tóxicos de la presa del Aulencia ya que tienen metales y productos químicos artificiales. Se teme que la presión pueda romper el pantano. El Ministerio ha denunciado al Canal de Isabel II y a la CHT por delito contra los recursos naturales.
Acciona y Lemona, premios de Medio Ambiente a las categorías de “Producto para el Desarrollo Sostenible” y “Gestión Empresarial para el Desarrollo Sostenible”, respectivamente. Además, el Congreso da luz verde a la creación de una Fiscalía para luchar contra los delitos ambientales.