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III. Análisis de las noticias del Ministerio de Medio Ambiente

El Ministerio de Medio Ambiente es la institución que más presencia tiene en el periodo analizado con 179 informaciones si exceptuamos las noticias genéricas, es decir aquellas que no se han adjudicado a ninguna institución pública o privada, que acumulan un total de 394 noticias y a los grupos ecologistas considerados en su conjunto, alcanzan un total de 199 noticias. Estamos por tanto ante una de las principales fuentes de noticias de carácter medioambiental para el lector de prensa y por supuesto, un importante generador de opinión. Otras instituciones que se encuentran por detrás del Ministerio de Medio Ambiente son la Comunidad de Madrid, que alcanza 164 noticias, el Ayuntamiento de Madrid, con 97 y la Generalitat de Cataluña que contabiliza 70. En estos tres casos, la mayoría de las informaciones se encuentran bien en los suplementos madrileños como es el caso de los dos primeros, bien en El Periódico de Cataluña como es el caso del tercero por lo que su alcance como fuente de noticias medioambientales está limitado a la lectura de estos medios.

1. Política hídrica

La política hídrica del Gobierno es la principal fuente de informaciones y por supuesto la principal fuente de conflictos. De las 179 noticias, 83 tienen que ver con este tema es decir el 46,37% del total. El conflicto tiene tres frentes:

• La mala marcha del Plan AGUA.
• Los pozos ilegales que afloran en especial en Castilla-La Mancha.
• El enfrentamiento con las Comunidades Autónomas.

La situación del Plan AGUA parece bastante precaria en virtud de las informaciones. Recordamos que el Plan AGUA nace después de la derogación de parte del Plan Hidrológico Nacional aprobado por el anterior gobierno del Partido Popular en el que se eliminan algunas de las actuaciones, entre ellas las relativas al trasvase del Ebro, y se añaden otras entre las cuales destacan las desaladoras, que son en última instancia las encargadas de suministrar el agua que tendría que haber llegado desde el Ebro a la costa levantina. Cristina Narbona explica en un artículo de opinión el Plan con sus más de 100 actuaciones y 4.000 millones de presupuesto.

Mientras la ministra se esfuerza en acudir a la inauguración de las obras como la desaladora de Alicante, los retrasos se van acumulando, así como el enfrentamiento con las partes afectadas; en especial con los agricultores de la costa levantina. Esta situación supone un esfuerzo comunicativo de Ministerio o de los organismos que dependen de él. Así el día 16 de febrero en LA RAZÓN tanto el presidente de la Confederación Hidrográfica del Júcar, Juan José Moragues, como el presidente de la Confederación Hidrográfica del Segura, José Salvador Fuentes Zorita salen en defensa del Plan. El primero asegura que lo que pasa actualmente es consecuencia de la falta de gestión del agua, en una referencia a anteriores gobiernos y a un crecimiento desordenado. El segundo defiende directamente el Plan AGUA como solución a la situación que atraviesa actualmente la región. O en un artículo del director general del Agua del Ministerio, Jaime Palop, se asegura que el gobierno socialista se encontró con lo que dejó en 1996 pero con mucha más demanda.

Pero a fecha de 23 de enero sólo cuatro de las 25 desaladoras previstas estaban en marcha mientras que el Ebro vertía al mar el equivalente a tres trasvases, de nuevo en LA RAZÓN. La fuente de financiación del Plan tampoco parece demasiado atada. Mientras que el Ministerio pedía a través de la empresa pública Acumed un crédito sindicado a 27 entidades financieras de 1.000 millones, la Unión Europea pedía en marzo más información al Ejecutivo ya que el virtud de la que le había hecho llegar el retraso era considerable y podía poner en peligro la parte del presupuesto que tiene como fuente los fondos europeos. La Ministra se apresuró a desmentir esta posible circunstancia.

El enfrentamiento entre el Ministerio de Medio Ambiente y las Comunidades Autónomas gobernadas por el Partido Popular está a la orden del día. Así Murcia, Madrid y la Comunidad Valenciana acaparan la mayoría de los conflictos. El trasvase Tajo-Segura que se ha aprobado a finales de marzo sólo es de 39 hectómetros cúbicos y para consumo humano por lo que los agricultores que esperaban el agua para sus explotaciones agrícolas levantinas tendrán que esperar a nuevos trasvases que han quedado en el aire. Aunque en otro orden de cosas y relacionado con el campo, la ministra se apresuró a anunciar un plan que pretende modernizar los regadíos del campo español y que tendrá un presupuesto de 2.344 millones, que pretende ahorrar 1.162 hectómetros cúbicos de agua y que ha sido elaborado conjuntamente entre el Ministerio de Agricultura y el de Medio Ambiente. Tal medida ha supuesto el rechazo de los grupos ecologistas.

El conflicto con la Comunidad de Madrid es de otro orden. En este caso se refiere al trasvase desde el Tajo de 200 hectómetros cúbicos de agua a los pantanos madrileños. Según el Ministerio esta agua había llegado ya a su destino y según la Comunidad, a través del Canal de Isabel II, sólo habían llegado 67 hectómetros cúbicos. Este enfrentamiento ha sobrepasado el periodo de estudio pero no ha sido hasta después de Semana Santa cuando se han reunido ambas partes a solucionarlo.

La aparición de numerosos casos de pozos ilegales en un periodo de sequía y la posible amnistía a los infractores ha sido sin duda el asunto más polémico del trimestre para el Ministerio de Medio Ambiente hasta el punto de llevarse la reprimenda de los grupos ecologistas, por lo general próximos o al menos poco críticos con las opiniones y actuaciones del Ministerio. El Ministerio se encuentra en una encrucijada. Por una parte se habla de un fraude de hasta medio millón de pozos en todo el territorio nacional. Las medidas punitivas pueden conllevar movilizaciones por toda España por lo que los rumores de amnistía han levantado las iras de otro grupo de presión importante, el ecologista. El hecho de que el lugar donde se haya destapado el asunto sea Castilla-La Mancha, que está gobernada por el PSOE, hace el asunto mucho más delicado. Lo cierto es que en marzo no se ha publicado nada sobre el tema en los medios analizados y sí sobre medidas como trasvases y planes sobre regadíos.

El alarmismo sobre la sequía ha sido uno de los principales argumentos sobre todo durante el mes de enero. En él se ha llegado a confirmar el inicio del segundo año de sequía, que se necesitarán precipitaciones excepcionales, que los datos aportados por los expertos indican que apenas se aliviará la gran sequía que padecemos. Cristina Narbona aportaba datos en este sentido: el 18 de enero los pantanos estaban 10 puntos porcentuales por debajo de lo que acumulaban en 2005, y unos días después se anunciaban restricciones para los agricultores. Sin embargo, poco a poco los pantanos se iban llenando y a finales de enero, coincidiendo con el recrudecimiento del caso de los pozos ilegales, los mensajes catastrofistas dejaban paso a otros más relacionados con el ahorro e incluso la ministra aportaba algún dato más esperanzador, como el de la nieve en la Sierra de Madrid. A finales de marzo los pantanos estaban al 56,9% de su capacidad y se acercaban a los niveles que tenían en 2005.

El IV Foro del Agua que se ha celebrado en México ha sido otro de los argumentos importantes en la política hídrica del Gobierno. En él se ha destapado explícitamente la visión intervencionista de Cristina Narbona que ha firmado un compromiso político sobre la defensa, protección y mejor aprovechamiento del agua que se ve como un derecho fundamental o incluso humano. Cuba, Venezuela, Bolivia y Uruguay que en este caso se encuentra inmerso en un conflicto con Argentina por la construcción de una planta papelera en la frontera con, según los argentinos, cierto riesgo de contaminación de las aguas comunes. España también pretende tender puentes entre la Unión Europea y Latinoamérica.

2. El Protocolo de Kyoto: cambio climático, modelo energético y fiscalidad medioambiental

El Ministerio de Medio Ambiente no ha protagonizado demasiadas noticias sobre Cambio Climático y el Modelo Energético, ya que éstas han derivado hacia otros organismos e instituciones o hacia noticias generales. Sin embargo, esta falta de cantidad, solamente 12 noticias, no supone que no se haya generado polémica.

El Ministerio de Medio Ambiente vuelve a práctica en este caso el alarmismo ya que el 15 de febrero en EL MUNDO se nos refiere a que según el propio Ministerio, los efectos del cambio climático los experimentaremos en forma de más escasez de agua, desastres naturales e incendios. Para ello se aportan datos de los rangos de cambio de temperatura en el periodo 2071-2100 del informe “Evaluación Preliminar de impactos en España” basado el tercer informa del IPCC y que predice que para el 2071 los veranos en la Península llegarán a 50ºC. Esta situación también es una buena excusa para pedir fondos a la Unión Europea. Unos días después, el día 24 de febrero y también desde EL MUNDO se nos asegura que 2005 fue el año más caluroso desde que se tienen registros.

El calentamiento global es una buena razón para apoyar con más ahínco el Protocolo de Kyoto. Así, en la línea intervencionista que se desprende de dicho protocolo anuncia una serie de medidas que se concretarán en el Plan Nacional de Impactos, Vulnerabilidad y Adaptación al Cambio Climático. Ese mismo día 17 de febrero en EL PERIÓDICO DE CATALUÑA, el titular reconoce que la propia ministra es consciente de la imposibilidad de cumplir con Kyoto. Con los datos de 2003, el dióxido de carbono ya había crecido un 45,32%, el metano un 15,18%, los hidroxifluorocarbonos, un 106,53%, el hexafloruro de azufre un 340,98% y los perfluorocarbonos se había rebajado un 69,72%. España es junto a Canadá el país que más se aleja de sus objetivos en el primer aniversario de su entrada en vigor por la asignación de derechos de emisión. El periodo 2008-2012 se presenta con fuertes recortes para las empresas, concretamente de un 16,6% hasta aproximadamente 145 toneladas de CO₂, lejos de las 174 del primer plan.

Según las estimaciones aparecidas en el diario EXPANSIÓN el día 14 de febrero, el nuevo plan de Kyoto con estas cifras costará más de 7.000 millones de euros en cinco años. Los precios de tonelada en la bolsa europea de CO₂ en ese momento eran de algo más de 26 euros, lo que daba para las 145 millones de toneladas un coste es de 3.780 millones. A esta carga había que añadir el déficit de derechos que tiene la industria española, alrededor de 25 toneladas al año, por lo que hay que añadir un sobrecoste de 650 millones anuales, se decir 3.250 en los cinco años del periodo lo que añadido a la cifra anterior da los 7.030 millones de euros.

Este recorte responde, según la misma información, a una petición de diciembre de la Comisión Europea, dado su retraso frente a los demás países de la UE. Entre las medidas previstas para reducir estas emisiones están la creación de sumideros en forma de masas forestales, o mecanismos de desarrollo limpio como son inversiones en Latinoamérica, el norte de África y Europa del Este que generan créditos de CO₂ válidos para las empresas. Esta inversión de las empresas en proyectos limpios en cualquier parte del planeta es otro de los elementos en los que se incide en marzo, en el XXXI Encuentro de Iberoamérica Empresarial. La cercanía entre el presidente brasileño Lula da Silva y español, José Luis Rodríguez Zapatero, favorece la firma de acuerdos para incentivar las inversiones españolas en Brasil y otros países de Latinoamérica que posibiliten a nuestras empresas rebajar el listón que tienen que alcanzar en materia de reducción de emisiones de CO2.

Esta presión sobre las empresas se manifiesta en los “consejos” de Cristina Narbona para que se la industria use combustibles alternativos como el biodiésel o el bioetanol. Por otra parte, dentro de las medidas ejemplificadoras, se anuncia el cambio de los coches oficiales por otros híbridos de forma que se genere menos contaminación.

En cuanto a la producción energética, sigue apostando por las energías renovables desestimando en todo momento la alternativa nuclear pese al debate abierto desde principios de año.

Relacionados con Kyoto pero no incluido en esta clasificación sino en la contaminación del aire, el Ministerio presenta un informa que asegura que 12 millones de españoles respira aire sucio. De nuevo, aparece el intervencionismo en forma de informe sobre las zonas más contaminadas de España que asegura que 80 ciudades superan los límites de la UE y que el tráfico es responsable de 16.000 muertes por lo que se piden medidas concretas contra la polución, entre las que destacan los peajes urbanos. En este sentido, el secretario general para la Prevención de la Contaminación del Ministerio de Medio Ambiente, Arturo Gonzalo Aizpiri, pide desterrar el coche de las ciudades. También se anuncia la Ley de Protección de la Atmósfera para antes de verano.

Con este panorama, no es de extrañar que la fiscalidad medioambiental sea una de las apuestas del Ministerio. Sin embargo, los anuncios de nuevos impuestos han sido desmentidos por el Ministerio de Hacienda. Es el caso de los que se iban a aplicar a los vehículos diésel por su nivel de contaminación que contribuye, en virtud de la información, al exceso de dióxido de carbono en la atmósfera y a alejarnos más de los objetivos de Kyoto.

3. La polémica de las infraestructuras y el urbanismo

Como ya hemos comentado, el enfrentamiento entre administraciones es una de las constantes del Ministerio de Medio Ambiente este trimestre. Con la Comunidad de Madrid además del conflicto sobre el trasvase de los 200 hectómetros cúbicos le enfrenta el conflicto sobre la aparición de excrementos de lince ibérico en las obras de desdoblamiento de la M-501 o Carretera de los Pantanos. Este descubrimiento por parte de un profesor de la Universidad Rey Juan Carlos ha sido suficiente para que el Ministerio pidiera la paralización de la adjudicación de las obras, que todavía no habían empezado, así como el estudio de los nuevos datos y las medidas necesarias para crear un centro de reproducción en cautividad para el lince. Pese a que la Comunidad duda de que los excrementos encontrados fueran de un lince madrileño. El propio Ministerio no encontró ningún rastro de lince ibérico en la zona durante 2004. Este conflicto ha generado 8 noticias en total. También en esta línea de confrontación, el Ministerio choca con el Ayuntamiento de Madrid que acomete las obras de remodelación de la carretera de circunvalación M-30. Bien en forma de sanción por unos vertidos de bentonita en el río Manzanares, un tipo de arcilla usada en las obras, bien en la polémica sobre si se debe o no hacer la Evaluación de Impacto Ambiental, el Ministerio mantiene un pulso con otra administración gobernada por el Partido Popular.

En temas de infraestructuras, Cristina Narbona y su Ministerio mantiene una fiera lucha contra el urbanismo “desordenado”. “No es asumible cualquier desarrollo” dice el 27 de enero en EL MUNDO. Una de sus medidas más llamativas y más cara es la compra de fincas costeras en zonas con sistemas ecológicos sensibles. Así dos noticias nos informas de estas intenciones, una aparecida en EXPANSIÓN el 14 de febrero en la que ya se habían identificado 50 fincas y otra en EL MUNDO tres días después en parecidos términos. El 29 de marzo ya eran un centenar; 20 millones de euros para adquirir un total de 2.000 hectáreas para el dominio público. También se anuncia que la Ley de Montes castigará severamente este tipo de delitos.

Dentro de este marco regulador, las negociaciones con un hotel de Fuerteventura para su eliminación, ya que se encuentra dentro de un espacio protegido, y la oposición al hotel El Algarrobillo, construido en pleno Parque Natural del Cabo de Gata con el permiso del ayuntamiento de Carboneras y la pasividad de la Junta, son dos ejemplos de esta política. Una de las medidas que más llama la atención pero de la que menos se ha hablado es la intención de obligar a las constructoras a pagar una fianza,en virtud del Real Decreto de Residuos de Construcción y Demolición, que una vez se termine la obra se devolverá tras comprobar que todo se ha gestionado según argumentos sostenibles.

Otro punto importante es el retraso que tiene el Ministerio con las Declaraciones de Impacto Ambiental. Hasta un total de 1.702 obras están pendientes de esta declaración que tiene un periodo medio de 30 meses. En sólo dos años de gobierno socialista se han desestimado más obras que en los ocho años de gobierno de la derecha, 8 frente a 5, incluso obligando a Industria a reiniciar la tramitación de un gasoducto. Estamos por tanto ante un ejemplo de la ineficacia de la administración al frente de sus propias obligaciones.

En medio de esta actitud, sorprende la decisión de desbloquear el aeropuerto de Ciudad Real, el primero internacional de carácter privado aprobado en España, con la única condición de que la empresa acometa medidas compensatorias en las zonas afectadas y de construir un campo de golf en Palencia con fondos públicos y de la Unión Europea, cuando este tipo de instalaciones es una de las más perseguidas por administraciones y grupos ecologistas.

4. Defensa de la biodiversidad y espacios naturales

La defensa de la biodiversidad es una de las principales apuestas del Ministerio de Medio Ambiente. Un ejemplo de dicha postura son los premios que otorga el Ministerio a los mejores reportajes sobre biodiversidad y la publicidad que se ha hecho del nacimiento de dos crías de lince ibérico en el centro de El Acebuche, en el Parque Nacional de Doñana, dentro del Plan de Cría en Cautividad de dicho centro, curiosamente unos días antes de la aparición en los medios de comunicación de la polémica en torno a los excrementos de lince en las cercanías de la M-501 en Madrid.

El Ministerio de Medio Ambiente tiene prevista la aprobación de la Ley de la Biodiversidad que, entre otros contenidos, impedirá talar o dañar los ejemplares de árboles singulares, disminuyendo los rangos de edad y tamaño que hasta ahora no estaban protegidos y que se realizará tras un proyecto que ha catalogado centenares de árboles de más de un siglo (EL PAÍS del 9 de febrero).

De nuevo la línea intervencionista queda clara en la presencia del organismo público en la Cumbre sobre Diversidad Biológica que ha organizado la ONU en la localidad brasileña de Curitiba. España defendió que los pueblos indígenas participaran en las negociaciones sobre los recursos genéticos. El secretario general de Territorio y Biodiversidad del ministerio de Medio Ambiente, Antonio Serrano, que participa en dicha Cumbre, es partidario de aumentar los recursos económicos destinados a recuperación de la naturaleza y aboga por un protocolo parecido al de Kyoto pero que preserve la biodiversidad (ABC del 27 de marzo). Unos días más tarde en EL PAÍS del 30 del mismo mes, liga la preservación de la biodiversidad con la lucha contra el cambio climático.

Otra parte importante de la política del Ministerio es la gestión de los espacios naturales protegidos. La cesión de la gestión de los Parques Naturales a las Comunidades Autónomas ha generado bastantes informaciones. El Parque Nacional de Monfragüe se ha adelantado al Parque Nacional de Guadarrama que está a la espera de que Castilla y León, la otra Comunidad Autónoma junto a Madrid que conforman el Parque, mande su proyecto. Los primeros Parques Nacionales que pasarán a gestión autonómica serán Sierra Nevada y Doñana en Andalucía. Los Picos de Europa en Asturias y los cuatro Parques canarios tendrán que esperar por algunos problemas administrativos.

Sin embargo, este traspaso administrativo conlleva un marco normativo muy concreto. Se están preparando la Ley de Patrimonio Natural y de la Biodiversidad pero que no afectará a los Parques Nacionales que tendrán como marco la Ley de la Red de Parques Nacionales. Esta ley ha suscitado cierta polémica cuando el Ministerio añadió un artículo que permitía a ciertos municipios con más del 50% de su territorio en un potencial Parque Natural a vetar su presencia en el espacio protegido para luego retirarlo del borrador. Además, el Gobierno central se reserva para sí la declaración y gestión de espacios naturales marinos protegidos. También se nos informa brevemente sobre la Ley de Daños al Medio Ambiente que puede afectar a más de 30.000 empresas. (ABC del 25 de enero en sus páginas dedicadas a Madrid)

Precisamente en un informe de WWF/Adena se señala que los científicos piden la protección de 20 áreas marinas amenazadas, creando una Red Representativa de Áreas Marinas Protegidas que conserve los paisajes marinos de mayor riqueza de nuestro país. Cristina Narbona apoya dicha medida.

En España ya son 14 los humedales de valor internacional que conforman el Convenio Ramsar, lo que supone más de 282.000 las hectáreas de este tipo de ecosistemas protegidas. Aigüestortes es la última incorporación mientras que por otra parte, el Ministerio firma un convenio con la Generalitat de Cataluña para proteger el Delta del Ebro con un presupuesto de 300 millones de euros.

5. Críticas ecologistas pero no contra el Ministerio de Medio Ambiente

A pesar de todo este panorama intervencionista que en muchos casos se acerca bastante a las tesis de los grupos ecologistas, éstos critican la política medioambiental de José Luis Rodríguez Zapatero y lo hacen principalmente por su política energética, agrícola y de transportes. Nos alejamos de los objetivos de Kyoto, sigue aumentando el consumo de energía, no se ha producido el cierre de las nucleares, no se han presentado medidas que minimice el consumo de agua, se siguen presentando y aprobando grandes infraestructuras viarias que favorecen la creación de dióxido de carbono. Los Ministerios de Industria, Agricultura y Fomento han abandonado al de Medio Ambiente a su suerte, siempre según estos grupos ecologistas, que es el único que actúa para buscar la sostenibilidad.

Los ecologistas destacan de la Ministerio de Cristina Narbona su política hidráulica (esta noticia es anterior a la presentación del plan de regadíos realizado por Agricultura y Medio Ambiente), la gestión del Protocolo de Kyoto, la transparencia informativa y la participación ciudadana.