
1) Existen al menos cinco tipos de fines, que podemos llamar necesidades básicas. Brevemente, estas son las fisiológicas, de seguridad, amor, estima y autorrealización. Además, estamos motivados por el deseo de alcanzar y mantener las diversas condiciones sobre las que se asientan dichas satisfacciones básicas y por ciertos deseos más intelectuales.
(2) Estos objetivos básicos están relacionados entre sí, ordenándose en una jerarquía de preeminencia. Esto implica que el fin más importante en cada momento monopolizará la conciencia y tenderá a concentrar las diversas capacidades del organismo para su obtención. Las necesidades menos preeminentes serán minimizadas, incluso olvidadas o negadas. Pero cuando una necesidad queda aceptablemente satisfecha, la necesidad superior en la jerarquía emerge, y tiende a dominar la vida consciente y a servir como centro del comportamiento, puesto que las necesidades ya satisfechas no son motivadores activos. Por tanto, el hombre es un animal con perpetuos deseos.
Abraham Maslow. "A Theory of Human Motivation", Psychological Review 1945.
Un orden social adecuado es aquel que permite que sus integrantes vayan alcanzando una satisfacción creciente de sus necesidades y de sus aspiraciones. Hoy, como ayer, el ser humano tiene necesidades que atender, y ha de descubrir y elaborar los recursos -económicos, institucionales, etc.- con los que hacerlo.
Siguiendo la ya clásica clasificación jerárquica expuesta por el psicólogo norteamericano Abraham Maslow en 1945, las necesidades del ser humano se escalonan desde las más básicas a las más sublimes.
Gráfico 3.- La pirámide de Maslow y las necesidades de capital

Fuente: elaboración propia a partir de la pirámide Abraham Maslow y necesidades de capital
No es difícil encontrar la relación directa que existe entre niveles ascendentes de la pirámide de Maslow y creciente conformación de patrimonio. Salvo en el primer nivel, el de necesidades fisiológicas y de supervivencia, que podrían sustentarse mediante renta sin ahorro, conforme alcanzamos escalas más elevadas, demandamos más rentas excedentarias o patrimonio (para seguros, para educación, para ocio, para proyectos personales...). Recordamos de nuevo una parte de la frase de Antal E. Fekete citada en el capítulo anterior: "… existe una necesidad inexorable, superada únicamente por la necesidad de alimento y cobijo, que lleva al hombre a convertir la renta en patrimonio…". Sencillo: tanto sociedades como personas necesitan acumular capital para crecer.
Los socialismos reales -sean de inspiración marxista o nacional-fascista- ponen al individuo al servicio del sistema e ignoran deliberadamente la satisfacción de las necesidades humanas más allá del primer nivel de la pirámide.
Como afirma el psicoanalista francés René Kaës: "Todos los totalitarismos tienen en común el hecho de (...) reducir al sujeto singular a la condición de elemento aislado, anónimo, objeto parcial sometido a un conjunto (social o ideológico), al cual se otorga la función de dominación omnipotente".
La perversidad del propio sistema genera tal nivel de inseguridad y terror que alcanzar el segundo nivel resulta imposible. Al no permitir la libertad de asociación, primar la delación (inclusive dentro del hogar), desconfiar del logro individual y sacrificar cualquier aspiración particular en beneficio del plan del líder, los socialismos totalitarios son incompatibles con la satisfacción del resto de necesidades. La gran tragedia de esta situación es que, como muestran los casos actuales de hambrunas en Corea del Norte y Zimbawe o los draconianos racionamientos en Cuba, la incapacidad de satisfacer necesidades alcanza incluso a las de naturaleza más básica.
Afortunadamente en las sociedades desarrolladas actuales -satisfechas ya las necesidades fisiológicas básicas del primer escalón-, la flaqueza ante el canto de sirena totalitario está notablemente debilitada.
Las aspiraciones de los ciudadanos de las sociedades desarrolladas se encuentran ya en los siguientes escalones de la pirámide de Maslow. Así por ejemplo:
El Estado de Bienestar, comúnmente llamado socialdemocracia, fue un ambicioso proyecto que trató de dar respuestas a estas inquietudes personales. Paradójicamente, la propuesta consistía en que la mejora de la situación de los individuos que conviven en la sociedad debe ser responsabilidad del Estado. Esta idea, aparentemente inocua, dio pie a que los gobiernos y los políticos ampliaran el espectro de actuación y, sobre todo, a que expandieran el gasto del Estado en nombre del interés público y del Estado de Bienestar. Examinaremos que los resultados quedan muy por debajo de sus promesas y generan, además, consecuencias no deseadas.
Hay que señalar, llegados a este punto, que en una sociedad conviven miembros cuyos deseos vitales son muy dispares. Dentro de la amalgama de seres variopintos, habrá personas que se conformen con la mera seguridad o con ser amados y reconocidos en su ámbito familiar y de amigos, pero que no deseen ir más allá. En un orden social que no atente contra sus integrantes, esto no supone el menor problema, ya que su determinación y sus aspiraciones no colisionan con los derechos de ningún otro miembro.
Pero los habrá, incluso, que no aspiren ni a eso. Habrá personas sin ninguna autoestima o con afán destructivo (de sí mismos o de otros). Habrá otras que se fijen como meta vivir de los demás (los free rider y buscadores de renta). Como es evidente, un delincuente puede ser el más reconocido dentro del mundo del hampa, pero mal orden social será aquel que permita el "éxito" de parte de sus miembros cuando se alcance mediante el recurso a la violencia. Será aún peor si la violencia contra otros miembros esté institucionalizada.
En definitiva, el orden social "adecuado" que se menciona no debería poner trabas a los fines personales y profesionales de los individuos siempre que esos logros se alcancen sin atentar a los derechos individuales de otras personas.
Nihil tam munitum quod non expugnari pecunia possit (No hay castillo lo suficiente fuerte que resista al dinero). Cicerón.
Superadas en gran medida las necesidades primarias en los países más avanzados, las aspiraciones de seguridad física y de abastecimiento cobran gran relevancia. Éstas han de ser disfrutadas sin obstaculizar el logro de nuevas escalas de necesidades. Esto es, la consecución de seguridad ha de dejarse atrás totalmente para que sea compatible con hitos individuales que proporcionen nuevos estadios de felicidad, como la pertenencia social y el amor familiar, la autoestima y el reconocimiento o, considerando un propósito más ambicioso e íntegro, la autorrealización. Consecuentemente, procurarse la seguridad de aprovisionamiento y bienestar, que se obtiene por medio del descubrimiento, captación y atesoramiento de recursos económicos, es trascendental para poder escalar la pirámide en busca de una dicha más plena.
La seguridad laboral habría de contemplarse como el acceso a un puesto de trabajo (por cuenta propia o ajena) con relativa facilidad; ocupación que, en buena medida, se ajustaría a la especialización laboral de que goza el empleado, aportándole por tanto beneficios de desarrollo personal como laboral.
La estabilidad laboral podría considerarse una degeneración del concepto anterior de seguridad. Supone que, una vez que la persona ha obtenido un determinado puesto de trabajo, permanecerá en él (si no encuentra algo más atractivo en el camino) prácticamente hasta su retiro. El miedo a no encontrar un trabajo mejor y a perder los beneficios sociales acumulados en la empresa presente, así como la escasa generación de empleo de sociedades anquilosadas como la europea, pervierten la legítima aspiración de superación continua del individuo.
El deseo de seguridad en el empleo, y ya no digamos de estabilidad laboral, se confunde con el ideal de libertad y autorrealización que probablemente los individuos ansiarían mucho más: la seguridad económica. Es un grave error identificar seguridad laboral con económica. Esta última busca la certidumbre en el suministro de los recursos económicos que nos permitan seguir afrontando nuevos retos y alcanzando metas cada vez más elevadas.
Como decimos, el anhelo de un individuo con aspiraciones personales (no parasitario), conforme va consolidando etapas de satisfacción de necesidades, es ir alcanzando logros personales que no se vean menoscabados por problemas de índole económica (carencia de recursos). De ahí provienen las quejas por el lento ritmo en el crecimiento de los salarios, que representan una de las fuentes más habituales de recursos con las que cuenta el ciudadano.
Estos hitos personales orientados hacia la seguridad económica con frecuencia siguen una pauta parecida.
Tras un proceso que nos conduce a alcanzar este último fin de independencia financiera, consideramos que hemos llegado a la seguridad económica. A pesar de que alcanzarla tiene un coste, en realidad no forzosamente mayor que el derivado de la preparación intelectual necesaria en la actualidad para obtener un puesto de trabajo, proporcionará al individuo una verdadera libertad en su toma de decisiones, encaminando sus acciones a la realización de los deseos y metas que se fije a lo largo de su existencia.
Sin embargo, nos encontramos con que una de las grandes barreras que paralizan al ciudadano en su ambición por lograr una mayor satisfacción personal, familiar y laboral es la escasez de cultura financiera en las sociedades más avanzadas, entendida como la conquista del conocimiento financiero necesario para dominar los asuntos económicos propios y la forma de obtener recursos excedentarios (aquellos no vinculados al trabajo dependiente) que permitan al individuo perseguir la felicidad, cubrir etapas de aspiraciones y metas, en el curso de su vida. De hecho, la falta de cultura financiera genera miedo a asumir cualquier tipo de riesgo en estas cuestiones, conduce a la inacción, a la parálisis y a la cesión de libertades y recursos en favor de una clase política poco escrupulosa, muy amiga de voluntaristas promesas de emancipación financiera, pero cuyos resultados reiteradamente quedan muy por debajo de lo esperado.
En este punto veremos que los sueños de desarrollo personal, de independencia económica y de acción o de mayor vida familiar se ven truncados en no pocas ocasiones por factores endógenos y exógenos. Como endógenos nos referiremos a factores psicológicos y de formación académica en materia financiera (lo que llamamos genéricamente cultura financiera); entre los exógenos, nos encontramos con medidas reguladoras e intervencionistas por parte de los Estados que, no sólo se desprestigian por su falta de ética, sino que en gran medida desincentivan el deseo siquiera de plantearse nuevas cotas profesionales por la carrera de obstáculos que hay que saltar para obtenerlas.
Las consecuencias individuales de las barreras económicas a la movilidad laboral, siguiendo las teorías de Maslow y sus seguidores, son enormes. La razón es la existencia de una suerte de equilibrio homeostático entre las necesidades humanas[2]. De manera que, cuando hay un déficit en una de las escalas de necesidad, el individuo abandonará la persecución de intereses más elevados para suplir esa deficiencia emergente. Y, de esta forma, inseguridad económica, fruto de la rigidez en el mercado laboral y de la búsqueda equivocada de la estabilidad laboral, drenará energías y recursos de los trabajadores y se producirá un retroceso en el desarrollo personal de los trabajadores.
Aunque la existencia del trabajador por cuenta propia (autónomo) no es infrecuente en España, el rumbo seguido por la mayor parte de la población actual, con vistas a la adquisición de sus recursos económicos estables, es el trabajo fijo por cuenta ajena con remuneraciones periódicas constantes.
La dependencia ahoga la iniciativa
La dependencia de estos ingresos mensuales estables (las familias medias estarían a escasos meses de la bancarrota si dejaran de percibir dichas rentas) atenaza al individuo de tal manera que la alternativa de la movilidad laboral para explorar nuevas inquietudes -en la misma empresa, en otra o por cuenta propia- se torna muy costosa. Incluso perseguir mejoras salariales en la misma compañía se hace muy delicado de arrostrar. El miedo a perder la estabilidad laboral, especialmente agravado cuando no existe otra fuente de ingresos alternativa al salario, resta capacidad de negociación al empleado frente a la empresa. Eventualmente, el resultado es la falta de movilidad laboral y territorial, salarios menores e infelicidad.
Esta tendencia a valorar la protección del trabajo dependiente frente al autónomo es muy acusada en nuestra sociedad. Tanto es así que recientemente se ha creado una nueva figura que trata de mitigar el miedo al trabajo por cuenta ajena. Se trata del Trabajo Autónomo Dependiente, que conjuga en una misma persona dos atributos tan opuestos como ser autónomo pero dependiente a un tiempo. Así, en la Proposición de Ley del año 2002 relativa a la regulación del Trabajo Autónomo Dependiente se prevé la creación de una figura nueva en el ámbito laboral, el "trabajador autónomo con dependencia laboral"[3], tal y como apuntaba el Informe del Comité de Expertos convocado por el Ministerio de Trabajo y Asuntos Sociales en el año 2004.
Idealmente, un niño se siente atraído por profesiones heroicas, llenas de éxito y con gran emoción (deportista de elite, piloto de carreras…). Cuando llega la edad de tomar una decisión sobre su ocupación profesional definitiva, esos sueños ya se han desvanecido. Cuando un chico llega a los 15 años, y descarta por propia madurez sus sueños de infancia, la siguiente cuestión reside en si podrá volver a soñar. Cabe preguntarse la conveniencia de destruir continuamente los sueños y sustituirlos por metas "mucho más realistas". Este tipo de consejos tan prodigados en nuestra sociedad explica por qué, al acabar el colegio, los jóvenes se decantan por estudios universitarios que les proporcionan un buen sueldo con la mayor seguridad posible, desatendiendo en bastantes casos aquello que les satisface más como personas. De este modo, tras completar los estudios superiores, muchos de ellos se decantan por trabajos por cuenta ajena, en los que puedan firmar un contrato fijo cuanto antes, en lugar de emprender una aventura empresarial propia. Sin embargo, hay que plantearse la cuestión también desde otros puntos de vista. ¿Fue un soñador Thomas Edison cuando, con solo tres meses de escuela y desde un garaje, empezó a diseñar inventos que revolucionarían el mundo: la bombilla, el fonógrafo, la batería alcalina, etc., y así hasta completar un total de 1.093 patentes?
El discurso más cotidiano en las familias en torno al abastecimiento de recursos para satisfacer sus necesidades es el de trabajar de forma dependiente. Ora sea convirtiéndose en funcionario del Estado -muy común en España-, ora en una empresa grande y consolidada, donde la estabilidad está prácticamente asegurada. Esto garantiza una fuente de ingresos, fundamental para cualquier familia, lo que resulta perfectamente comprensible. No obstante, una cultura financiera más desarrollada contemplaría la obtención de recursos de distintas fuentes y de una forma cada vez más independiente. Es decir, plantea la ampliación del abanico de fuentes de ingresos: cuenta ajena y "cuenta propia" -trabajo y capital-, con el fin de conseguir una mayor libertad e independencia financieras. Ello reduciría el miedo a tomar decisiones merced a la disminución del nivel de dependencia, y produciría ingresos extras para satisfacer un número cada vez mayor de aspiraciones personales y familiares.
Éste es, sin duda, un motivo más por el que abogar por la sociedad de propietarios.
La falta de planificación ahoga la independencia
Lo normal en un individuo es que su carácter y personalidad se forjen a través de las influencias recibidas de su entorno familiar, de amigos y de los medios de comunicación. La escasez de inteligencia financiera que impera en algunas familias -aunque su máximo deseo sin duda sea que sus hijos alcancen los mayores éxitos posibles-o las dificultades que existen en algunos entornos, por no hablar de los medios de comunicación, hostiles casi sin excepción a todo aquello relacionado con el dinero y la iniciativa individual o empresarial, no siempre suponen el mejor contexto para adquirir un conocimiento financiero que nos haga cada vez más independientes y libres.
Pero, igual que los individuos adquieren conocimientos técnicos gracias a los que se proveen de un sustento y se hacen útiles en un entorno social, vale la pena adquirir conocimientos sobre el capital que se maneja para disfrutar cada vez de una mayor libertad. Ser independiente económicamente no supone un esfuerzo necesariamente mayor ni tiene por qué ser laborioso, o al menos, no más difícil que formarse para trabajar por cuenta ajena.
Uno de los requerimientos principales para conseguir mayor seguridad económica es la planificación de los recursos familiares con los que se cuenta. No es necesario convertirse en un experto de las finanzas para que cada familia o individuo haga una planificación moderada de recursos, lo invierta, constituya un patrimonio y obtenga un porcentaje mayor de rentas pasivas, esto es, de rentas no dependientes del trabajo que desempeña habitualmente -ya sea dependiente o independiente-.
A pesar de que en España no existe una gran movilidad laboral, la que sí se produce (bien sea por el cambio de trabajo a una nueva empresa o mediante promociones internas) no modifica los hábitos de ahorro-consumo en muchos individuos. En muchos casos, si una familia gana más, simplemente, gasta más: compran un coche mejor, una casa más grande, se afilian a algún club social de alto coste, veranean en un lugar más prestigioso, compran el último modelo de televisión… Incurren en gastos muy elevados; lo que es más, en muchos casos, siguen endeudándose a pesar de recibir sustanciosas mejoras salariales. Al final, mantienen en su haber pocos bienes que conserven su valor en el tiempo, es decir, inversión, a excepción, en muchos casos, de la vivienda.
Para estas familias derrochadoras, unos mayores ingresos se traducen automáticamente en búsqueda de mayor estatus. Pero no en posesión de mayor riqueza. De ello se deduce que estos advenedizos o "ricos de mentirijillas" siguen estando a los mismos tres meses de la bancarrota que trabajadores menos acomodados. Y es que el verdadero estatus de rico no se alcanza simplemente consumiendo como un rico, sino siendo financieramente independiente como un rico.
Es un círculo vicioso que Robert Kiyosaki (2000) ha bautizado como "carrera de la rata": personas que disponen de unos ingresos suficientes o elevados y realizan unos gastos inmensos; las más de las veces, no tienen ni siquiera un presupuesto equilibrado -ahogándose en más y más deuda-, e incluso, aunque lo tengan, caminan por la cuerda floja. Les sobrevienen más y más facturas, por lo que deben trabajar cada vez más duro para obtener nuevos ingresos; acumulan estrés, miedo a la bancarrota, falta de tiempo para pasar con familia y amigos. Por más aseado que sea su nivel de ingresos, se enfrentan al mismo sentimiento de frustración y caída en el vacío que muchos otros trabajadores dependientes.
Kiyosaki pone como ejemplo ilustrativo de este fenómeno el hecho de que los jóvenes de hoy en día tengan una tarjeta de crédito casi antes de acabar el colegio para gastar, pero no reciben un curso o información acerca de cómo funciona el dinero o las oportunidades de inversión.
Esto demuestra que, independientemente de los ingresos de partida con los que se cuenten, se puede o no carecer de inteligencia financiera. Kiyosaki define la inteligencia financiera como la sinergia entre los conocimientos legales, contables, financieros y monetarios para su mayor aprovechamiento personal. Hemos visto en este punto algunas manifestaciones de esa carencia de inteligencia financiera: principalmente, escasez de planificación y presupuestación, incapacidad para controlar gastos, ausencia de ahorro con el que buscar fuentes alternativas de ingresos.
"Si podemos evitar que el gobierno malgaste la labor de la gente bajo la pretensión de ayudarla, el pueblo será feliz".
Thomas Jefferson
Consecuencias sobre la movilidad laboral
Si la falta de cultura financiera es Escila, las regulaciones gubernamentales son Caribdis[4]. Las enormes regulaciones laborales existentes en España -y en Europa- acaban dando la puntilla a cualquier pretensión de movilidad laboral para satisfacer las cada vez más crecientes aspiraciones personales y profesionales de los empleados.
Las regulaciones laborales que gravan a las empresas redundan en una menor creación de empleo y productividad, resultando ello pernicioso tanto para el empresario como para el empleado. Ninguna de las dos partes acaba explotando su potencial al máximo.
Contra la creación de empleo
Las barreras de entrada derivan de la vasta legislación laboral so pretexto de proteger al empleado, de los onerosos pagos a la seguridad social que empresas y empleados soportan reduciendo los salarios netos de forma muy significativa, y de la poderosa hegemonía de los sindicatos en las compañías (sobre todo, si éstas tienen un tamaño considerable), que, en su empeño por evitar despidos en las empresas, acaban creando barreras de entrada igualmente poderosas.
Cualquier tipo de obstáculo a la libre contratación por parte de la empresa implica rigidez, falta de cintura. Estos frenos se instauran en nombre de la estabilidad laboral.
Barreras de salida... barreras de entrada
La falta de flexibilidad y dinamismo no sólo afecta a empresa y a su capacidad de recuperación. También actúa sobre el bienestar del empleado en ella.
Las barreras de salida (indemnizaciones por despido, entre ellas) se convierten asimismo en barreras de entrada. No se marcha gente de la empresa, pero tampoco entra, lo cual tiene un efecto doble:
En muchos casos, encontramos la combinación de los dos azotes descritos anteriormente: "empleado implicado con su empresa que no se siente bien pagado, acumula estrés por la escasez de personal, paga las consecuencias de la falta de coordinación dentro la organización y se considera pobremente tratado por su jefe… Un caldo de cultivo idóneo para la desmotivación".
Todo ello ha redundado en que, en la actualidad, la seguridad en el empleo se haya pervertido convirtiéndose en una ardua y continua búsqueda de estabilidad, por no hablar crudamente de adscripción a un puesto de trabajo o a una empresa independientemente de si la cultura de la compañía o las remuneraciones que se obtienen por sus servicios son del agrado o no del empleado. La consecuencia final sobre el empleado es la inmovilidad, física y psíquica (desmotivación). Como es lógico, este desdén no conviene a ninguna de las dos partes: empresa ni empleados.
Consecuencias sobre la movilidad social
Los Impuestos sobre la Renta en la mayoría de los países de la OCDE son de carácter progresivo. Un tipo progresivo grava las rentas del trabajo o del capital por tramos de rentas. Más renta implica un porcentaje mayor de gravamen.
El proporcional, por el contrario, es el establecimiento de un tipo único con independencia del salario total del trabajador. (Para ambos tipos de impuestos, suele existir un mínimo exento). Los países más cercanos que han optado por un sistema impositivo proporcional son -comprensiblemente- en su mayoría los antiguos satélites del régimen soviético: primero Estonia, al que siguieron Lituania y Letonia y, posteriormente, la propia Rusia. A estos les sucedieron Serbia, Ucrania o Eslovaquia. Georgia y Rumanía se han sumado este año y Polonia y la República Checa podrían hacerlo en un futuro próximo.
| País | Año de introducción | Tasa (%) |
|---|---|---|
| Estonia | 1994 | 24 |
| Lituania | 1994 | 33 |
| Letonia | 1995 | 25 |
| Rusia | 2001 | 13 |
| Serbia | 2003 | 10 |
| Ucrania | 2004 | 13 |
| Eslovaquia | 2004 | 19 |
| Georgia | 2005 | 12 |
| Rumanía | 2005 | 16 |
El argumento esgrimido para introducir impuestos progresivos es que el "principio de equidad" entre los ciudadanos se implementa mejor por medio de una redistribución en la que las personas con elevadas retribuciones contribuyen más al erario y al reparto de la riqueza. En la práctica, los únicos que acaban pagando el pato de los impuestos progresivos son los empleados con altas o medianas remuneraciones que quedan atrapados en este juego de rencores. Los millonarios, los realmente ricos, tienen instrumentos financieros para escapar de la codicia de los Estados. En nombre del ciudadano medio se instituyeron los Impuestos sobre la Renta y los tipos progresivos, pero ha acabado siendo éste el que soporta la mayor parte de la carga.
Además, el objetivo de repartir parte de la riqueza entre toda la ciudadanía se asienta en un argumento falaz, la suposición de que la riqueza en una nación es constante. Ello presume que ésta va circulando de mano en mano hasta que llega a personas o corporaciones avaras que conspiran para acumularla. Lo falaz estriba en la proposición de que el PIB es invariable en una nación. La riqueza ha de descubrirse y crearse, y para ello entra en escena en la economía un poderoso mecanismo de incentivos que conduce a las personas o empresas a un mayor o menor ahorro, inversión, creatividad empresarial, producción y, en última instancia, creación de riqueza, de la que se beneficia toda la sociedad. Impuestos confiscatorios entran en el paquete de medidas altamente desfavorables.
Los efectos que sobre la movilidad social -posibilidad de ascender escalas económicas en una sociedad- tienen los impuestos progresivos son de un coste incalculable. Calculable es que el salto de un tramo del IRPF a otro sea de 9 puntos porcentuales; y que por tanto un mayor esfuerzo y especialización laboral, lo que en lógica conlleva una mejora salarial, no redunda en una mejora económica sustancial, en un incremento de la renta disponible equivalente al de los salariales. Incalculable es el efecto que los impuestos tienen en la potencia, el "poder ser", el "futurible"... Nunca se podrá medir lo nunca realizado.
A eso renuncia una nación, de ello se perjudica el tejido empresarial, y, en última instancia, el individuo, que no puede por más que resignarse a permanecer enquistado en el estrato social del que haya partido, como consecuencia del elevado coste que supone realizar un esfuerzo, a la postre, baldío.
Las contradicciones sobre la pretendida redistribución de riqueza con objeto de nivelar el estatus socioeconómico de los individuos (equidad) afloran cuando de regiones se trata. Dentro de cada nación, región o localidad, la clase política ensalza la bondad de la solidaridad interpersonal para que la clase dominante no acumule más riqueza mientras que los pobres lo son cada vez más. Cuando ese mismo político se asoma a la región colindante, su discurso cambia radicalmente y permuta los deseos de solidaridad por la dura apología del egoísmo localista o nacionalista. Crudo ejemplo demostrativo de que la naturaleza confiscatorio-distribuidora del Estado produce una creciente balcanización y hostilidad interterritorial. Casos como el del tripartito de izquierdas catalán en España o la "social" Francia en la Unión Europea post-ampliación muestran la verdadera cara de los abogados de la redistribución: un rostro bastante alejado de su "pretendida solidaridad" y muy cercano al ansia desmedido por disponer políticamente, y para provecho particular, de los recursos generados por las empresas e individuos productivos de a pie.
Eliminando la progresividad impositiva, los beneficios de la acumulación de riqueza, la independencia y la libertad económicas deben extenderse a toda la población y no estar sólo restringido a las grandes grupos de poder -clase política, grandes patrimonios- que existen en las democracias actuales.
No se observa únicamente este círculo vicioso de escasez de libertad financiera en los trabajadores por cuenta ajena. Aventuras más individuales, destinadas a la puesta en marcha de algún sueño empresarial o negocio familiar -lo que a su vez origina más puestos de trabajo-, se ven limitadas por similar pareja de factores determinantes: ausencia de cultura financiera e intervencionismo gubernamental.
"El supuesto fatal se resume básicamente en esta proposición: si se comprende el trabajo técnico de un determinado negocio, se comprende el negocio para el que ese trabajo supone un elemento fundamental".
Michael E. Gerber. "El mito del emprendedor" (1997).
El error seguramente más común en el ámbito de los empleados por cuenta propia proviene de una incursión demasiado apresurada en el mundo empresarial y comercial sin formación previa en sistemas de negocios. Uno de los saltos laborales más habituales que realizan los trabajadores por cuenta ajena es… convertirse en trabajadores por cuenta propia. En España, el paro es un motivo poderoso por el que las personas se "convierten en autónomos"; para el trabajador dependiente en activo, el descontento dentro de su empresa suele ser otra razón por la que cambiar de aires y montar su propio negocio.
En una empresa, como en la vida, existen distintos perfiles de trabajadores. Entre los más destacables, se encuentran las personas con alta capacidad directiva y organizativa, los emprendedores o los técnicos.
De los tres grupos, los técnicos son los llamados a cometer un mayor número de errores en la puesta en marcha y organización de un negocio particular originado tras el abandono de un trabajo dependiente. Los fracasos serán estrepitosos si se presentan debilidades en el negocio como la falta de conocimiento del producto y del sector; la ignorancia de los deseos de los clientes y de la sociodemografía de la localidad, región o país donde se opera; la falta de clarividencia sobre las cuentas financieras (balances, cuentas de resultados, impuestos…); la descoordinación entre la logística y la producción, o la dificultad en la gestión de los recursos humanos. Las "nuevas tecnologías", y esto es positivo, reducen el coste o curva de aprendizaje, así como proporcionan nuevos campos empresariales que descubrir.
Según un estudio de las Cámaras de Comercio del año 2.000, tras cuatro años de constituirse una empresa, sólo quedan operativas en torno al 50%. Eso debe dar una muestra del peligro que acecha al empresario neófito que no ha recibido una apropiada capacitación previa.
Gráfico 4.- Porcentaje de empresas que perduran con el paso del tiempo

Fuente: Demografía empresarial en España: creación y desaparición de empresas; Cámaras de Comercio, año 2000
El motivo de que nos centremos en los contratiempos que pueden encontrar las personas con especialización laboral fundamentalmente técnica es, en primer lugar, que constituyen el grupo más numeroso y común de los empleados por cuenta ajena, lo cual hace que en su explicación se incluya a un sector muy amplio de la población. Además, de entre antiguos empleados de compañías que optan por crear una nueva pyme, este es el perfil más frecuente. Al mismo tiempo, prácticamente todos los empleados han comenzado desarrollando algún trabajo técnico. Aun así, hay que reseñar que ninguno de los nuevos empresarios -ya predominen en él cualidades directivas, emprendedoras o técnicas- se va a librar de enfrentarse a problemas parejos.
El técnico, el más común de los trabajadores, domina a la perfección el producto o el servicio en el que está especializado. Si analizamos el caso de muchos consultores informáticos, resulta muy frecuente que se encuentren agobiados por la carga de trabajo y la simultaneidad de los proyectos, o porque el pago que la empresa final realiza a la consultoría por hora de trabajo del informático triplica su salario bruto por hora. El paso consiguiente, harto de la falta de planificación y de sentirse "sobreutilizado", es montar su propia consultora con un grupo de compañeros. Se dan cuenta de que pueden ofrecer el mismo servicio que venían realizando hasta ahora por un monto inferior al de su antigua empresa. Pero no todo es tan idílico, sin cultura financiera, empiezan los problemas.
La desgracia es que, en lugar de deshacerse de las cadenas y encontrar la liberación, de evadirse de las incoherencias y arbitrariedades de su antigua empresa, muchos acaban convirtiéndose en esclavos de su propio negocio, atrapados por el propio sueño de independencia y libertad que les condujo a dar el gran paso hacia la construcción de su propia empresa.
Para ser un autónomo o trabajador independiente triunfante hay que dominar facetas de directivo, emprendedor y técnico. Disponer de una sola de ellas hace muy dificultosa la supervivencia y el éxito final.
Para los nuevos empresarios o autónomos, como para los trabajadores por cuenta ajena, la cultura financiera se revela como indispensable, entendida ésta como cultura empresarial orientada al dominio de los sistemas empresariales. Si no se adquiere el conocimiento necesario, el resultado puede ser la mera supervivencia o la pronta desaparición.
La intervención estatal, autonómica y municipal en la creación de negocios puede suponer varios meses de retraso en la apertura del mismo (dependiendo del sector, la localización, etc.) como consecuencia de la elevada burocracia y la consiguiente necesidad de obtener permisos, a veces muy arbitrarios, derivados de poco razonables reglamentaciones. Si por fin se consigue inaugurar un negocio, la puntilla se da con la complejidad de un sistema tributario incierto y la propia presión fiscal. Éstas desincentivan la empresarialidad por parte de profesionales que desean poner en marcha una empresa, así como hacen cada vez más atractivo el operar en la economía informal para aquellos que ya poseen un negocio.
La creación de empresas está sujeta a una serie de requerimientos legislativos, lo que supone un empleo de tiempo y recursos (costes directos e indirectos) considerable. Estos requerimientos son previos y posteriores a la constitución de la empresa. El estudio de la normativa o el asesoramiento de los expertos cuesta tiempo y dinero (proporcionalmente más para las empresas pequeñas que no pueden diluir el coste entre un gran volumen de producción). En el informe del Banco Mundial, publicado en septiembre del 2006, España está a la altura de Gabón, Malawi, Namibia, Perú, Senegal o Zimbabwe simplemente en cuanto al número de gestiones necesarias para abrir una empresa. Las cifras son igual de desalentadoras en cuanto a la flexibilidad para cerrar las empresas. España sigue estando por debajo de la Unión Europea (UE-15) en lo que respecta a la proporción de trabajadores autónomos. Observamos, además, que la divergencia se hace más acuciante en los últimos 4 o 5 años (ver Gráfico 5).
Gráfico 5.- Porcentaje de trabajadores por cuenta propia en España y en la Unión Europea de los 15 (como promedio)

Fuente: Elaboración a partir de la herramienta datastream. Datos del Instituto Nacional de Estadística y Eurostat (de 1995 a 2005).
Los elevados impuestos también mitigan la iniciativa empresarial de los individuos. Por un lado, impuestos como el de Sociedades constituyen una barrera de entrada a la puesta en marcha de nuevas empresas.
La legislación, además de prolija, puede ser caprichosa hasta llegar a hacer prácticamente imposible la producción en un determinado sector.
Pero, además, los distintos gravámenes por actividad económica condicionan los sectores en que los individuos comienzan a desarrollar su actividad.
No sólo los impuestos producen este efecto, las subvenciones (por ejemplo, en el sector energético, con el fin de fomentar la construcción de estaciones de energía solar o eólica) favorecen la focalización de la inversión en unos sectores en detrimento de otros que pueden ser realmente más relevantes para el equilibrio productivo de la economía.
Como se acaba de ver, las altas regulaciones laborales, indemnizaciones por despido, los pagos a la Seguridad Social del empleado, etc., suponen un freno a la contratación, y al crecimiento empresarial. El establecimiento del salario mínimo tiene un efecto similar. Las reconocidas figuras del maestro y el aprendiz, donde el primero ilustra al segundo sobre las habilidades que precisa una profesión y los recovecos de un negocio, pierden notoriedad en el mercado, lo que supone un gran perjuicio para aquel discípulo que no llega precisamente formado al mercado, ya que éste podría heredar, continuar y mejorar el mismo negocio en un futuro, o llevarse todo lo aprendido consigo para construir una nueva pyme o empresa. De modo que el maestro o dueño de empresa ha de contratar a un empleado ya capacitado, puesto que los costes de formación, no digamos en una empresa de reducidas dimensiones, pueden ser prohibitivos. Por este motivo, como sustitutivo a esta penosa situación proliferan los contratos de prácticas o por obra, entre otros.
Ya vimos que muchos de los servicios asumidos por el Estado de Bienestar, y muy generosamente financiados por el contribuyente, tienen por objeto dar respuesta a las necesidades de seguridad de las personas. La realidad es que el ciudadano acaba pagando dos veces por el mismo servicio: el uno, satisfecho, y el otro, nunca disfrutado. Empero no sólo en ello estriba la perversión del sistema. El supuesto contrato entre el Estado y el ciudadano -en realidad, no se puede hablar de la existencia de tal aunque sólo sea porque una parte, el Estado, lo incumple sistemáticamente- significa que el primero retrae compulsivamente impuestos al segundo, reduciendo su renta disponible (sus recursos finales), con el ofrecimiento de que previsiones como los subsidios por desempleo, los gastos farmacéuticos, la sanidad, la jubilación, la educación, entre otros, serán provistos por el Estado. Pero esta creciente presión fiscal no incrementa proporcionalmente la calidad ni la cantidad de los servicios si comparamos la España actual con la de hace 25 años, cuando la presión fiscal era significativamente menor.
La realidad es muy diferente a como la pinta la clase política empleando su innumerable aparato propagandístico. Así, por ejemplo, el otro tipo de seguridad, la protección de la integridad física y de la propiedad de los ciudadanos, ha ido paulatinamente contratándose a empresas privadas ante la incapacidad de dar una respuesta rápida y eficaz. Del mismo modo, cada vez existe un número menor de medicamentos financiados; o la Sanidad, que antes se sufragaba exclusivamente por las cotizaciones a la Seguridad Social, ahora ha de recurrir a impuestos adicionales para financiar los elevados costos. En la Sanidad y la Educación, sobre todo en las grandes urbes, se detecta un creciente deterioro, masificación y huida al sector privado. La subida de impuestos en el ámbito autonómico vuelve a ser la solución imaginativa que se propone el Estado.
Elevada presión fiscal, más alto esfuerzo fiscal
La presión fiscal, medida como ingresos fiscales del Estado en relación con el PIB, ascendió en España en el año 2004 al 34,45%, aumentando 0,43 puntos con respecto al anterior, según se recoge en el avance de la Actuación Presupuestaria del Estado de 2004 del Ministerio de Hacienda. Las comunidades autónomas han subido su presión fiscal debido al traspaso de recursos fiscales del Estado a éstas, mientras que las Administraciones Centrales la han reducido, aunque en menor cuantía que el incremento de las primeras. El gasto público, según la misma fuente, sigue creciendo. Estos escasos datos demuestran que no está en la agenda del Estado reducir su tamaño ni su peso en la sociedad. El gobierno actual, además, respalda con mucha timidez el equilibrio presupuestario, por lo cual no es descabellado suponer que el ansiado déficit cero caiga en el ostracismo. El endeudamiento, si se une a una futura subida de tipos de interés, puede ser mortal de necesidad para las pretensiones de ahorro y ganancias de capital de los individuos.
En 1980, la presión fiscal en España era del 13,6% frente al 25,1% de nuestros vecinos europeos. Una década más tarde, en 1990, los niveles empezaban a converger: España, un 22,9% y el resto de Europa, un 26,7%. Ya desde el año 1997, la presión fiscal en España se empezaría a acercar al 34%.
A pesar de que esta presión es inferior en España que en otros países de la UE, el esfuerzo fiscal, esto es, los impuestos que paga cada persona en relación con su nivel de renta, resulta “desproporcionado”. Según un estudio realizado por Mercedes Pizarro y Joaquín Trigo para el Círculo de Empresarios en el año 1.999, la carga impositiva que arrostran los españoles sigue siendo, nuevo IRPF incluido, muy elevada. El esfuerzo fiscal es una medida mucho más realista que la presión fiscal. Para dos países con la misma presión fiscal, lo que establece la diferencia en el sacrificio impositivo de sus ciudadanos es la mayor o menor renta per cápita de cada uno. Como además de salarios medios más bajos, España tiene, en comparación con la UE, una tasa de ocupación más reducida, el esfuerzo fiscal que soporta cada contribuyente español es muy superior. Así, el esfuerzo fiscal en España asciende al 65%, sólo superado por Suecia, Grecia y Portugal, frente al 37% de Irlanda y Reino Unido. Caer en la trampa de ponerse los mismos impuestos que los escandinavos, pensando que así se dispondrá de la misma renta después de impuestos y parecidas prestaciones, es una ingenuidad que acaba derivando en contribuyentes asfixiados con dificultades para llegar a fin de mes y prestaciones deficientes.
En España, los impuestos responsables del elevado esfuerzo fiscal que soportan los contribuyentes comprenden un conjunto muy vasto de imposiciones tanto directas como indirectas. Según el citado informe, del sueldo de un trabajador salen al menos las siguientes aportaciones al fisco: cargas sociales, alrededor del 36% (empleador más empleado); retenciones por aportaciones al IRPF, en torno a un 15%. Junto a ellas, los impuestos indirectos contribuyen en gran medida a la disminución de la renta disponible del individuo, siendo así que el IVA (Impuesto sobre el Valor Añadido) supone en media un 7,3% del consumo. Los impuestos especiales, el impuesto sobre el Patrimonio, Sucesiones y Donaciones, plusvalías o la tributación municipal engrosan el resto de impuestos con los que carga un trabajador medio.
Más inequidades del IRPF
Una muestra del esfuerzo fiscal que soportan las familias se encuentra en las retenciones del IRPF por las rentas del trabajo. Según la Encuesta Trimestral de Coste Laboral (ETCL) que elabora el Instituto Nacional de Estadística (INE), correspondiente al segundo trimestre de 2005, los trabajadores de la Comunidad de Madrid tienen el salario medio más alto de España, 1.945,47 euros al mes (incluyendo, entre otros, pagos extraordinarios). Ello supone, en promedio (con 12 pagas), 23.345,64 euros al año. Al tratarse de una media, existirá una fuerte variabilidad entre salarios: sueldos muy elevados y sueldos más bajos. No obstante, esta cifra ilustra que hay un gran porcentaje de la población, una porción muy destacable de la clase media de la región de Madrid, cuyo sueldo supera los 30.000 euros. Por consiguiente, una buena parte de los ciudadanos de Madrid de clase media alcanza el penúltimo tramo de retención del IRPF (32.360 euros). Si se consideran directamente los ingresos familiares, es evidente que una gran mayoría de personas lo superan, ya que en el presente es muy común que los dos miembros de la familia trabajen fuera del hogar. Asombrosamente, unos ingresos por rentas del trabajo y del capital de algo más de 30.000 euros brutos son considerados por el impuesto sobre la Renta en España como pertenecientes a personas muy adineradas, lo cual es a todas luces un abuso.
| Base para calcular el tipo de retención - Hasta euros |
Cuota de retención - Euros |
Resto base para calcular el tipo de retención - Hasta euros |
Tipo aplicable - Porcentaje |
|---|---|---|---|
| 0 | 0 | 17.360.000 | 28 |
| 32.360 | 5.459,08 | 20.000 | 37 |
| 52.360 | 10.287,08 | En adelante | 43 |
Además, el impuesto sobre la renta resulta injusto por su falta de equidad con las familias, sobre todo, con aquellas que optan porque solo uno de los dos miembros de la misma realice trabajos fuera del hogar. Conforme a ley del IRPF, una renta familiar obtenida a partes iguales por el hombre y la mujer, a la que aportan 28.000 euros al año cada uno, estaría sujeta -según la modalidad de declaración de la renta individual- a un 37% en el tipo máximo de cada uno de los contribuyentes. Si los 56.000 euros los obtiene una sola persona, su tipo marginal máximo será del 43%, debiendo pagar un monto por familia netamente superior. Las familias donde sólo uno de los dos miembros tenga rentas por trabajo se ven muy perjudicadas, aunque el sueldo bruto familiar sea el mismo que si trabajaran ambos.
Patrimonio, Sucesiones, Donaciones, Rentas del Capital
La clase media española –seguramente las tres cuartas partes de la población– soporta en sus carnes un sistema impositivo sobre el patrimonio, las ganancias patrimoniales, las rentas del capital y las sucesiones y donaciones que tiene las más de las veces tintes confiscatorios. Un sistema que es de los más opresivos de la OCDE y del que, para más INRI, los políticos han eximido a las grandes fortunas a través una combinación de exenciones y artificios jurídicos. Repasemos brevemente la situación.
Sólo cinco países en toda la OCDE tienen un Impuesto sobre el Patrimonio. De ellos, España es el que tiene el tipo mayor. Para muchos políticos, confiscar es una buena forma de llegar a la igualdad, aunque sea a costa de la prosperidad. Pero, como advirtió Orwell, unos somos más iguales que otros: desde el 1 de enero de 1994, gozan de exención las participaciones empresariales en negocios en los que el 5% de las mismas sean computadas de forma individual, o el 20%, computadas conjuntamente con cónyuge, ascendientes y descendientes o colaterales de segundo grado. Una familia corriente paga impuesto de patrimonio por tener un puñado de acciones, un par de garajes o una segunda vivienda, mientras que algunos de los holdings más grandes de España se encuentran exentos. Tenemos, pues, un impuesto con escasos paralelismos en el Derecho comparado extranjero y que supuestamente fue creado para gravar a las grandes fortunas, a las que ha acabado por dejar exentas, para cebarse en el común de las familias que tienen algo ahorrado. Un impuesto de esta naturaleza no debería durar ni un minuto más.
Algo similar, mutatis mutandi, puede decirse del impuesto de Sucesiones. Aunque algo más extendido que el impuesto sobre el Patrimonio, dentro de la Europa de los 15 anterior a la ampliación, hay tres países –Italia, Portugal y Suecia– que no lo contemplan. En cinco de los 10 países recientemente incorporados tampoco hay un impuesto similar. En Luxemburgo, Eslovenia, Lituania y la República Checa se aplica una exención total cuando los herederos son hijos del causante. En España, el País Vasco, Navarra y la Rioja también eximen de este impuesto a los herederos directos. Para el resto de españoles menos afortunados y, dado que nuevamente las "empresas familiares" gozan de una reducción del 95%, queda sufrir esta sui generis forma de confiscación hemipléjica.
En España, las ganancias patrimoniales generadas en más de un año tributarán al tipo único del 15% hasta el 2006 (incluido) y, lo que es todavía peor, pasarán a hacerlo al 18% tras la reforma del IRPF vigente a partir de 2007. Algo que a todas luces representa un supuesto de doble imposición (aunque, técnicamente, los hechos imponibles no sean los mismos): gravar el incremento en el valor del bien y a la vez el rendimiento del que dicho valor deriva.
Un pequeño ejemplo ilustrará mejor las cosas. Supongamos una empresa con un capital social de 1.000 unidades que tiene unos beneficios antes de impuestos de 100 (65 después de impuestos). Si la empresa reparte el beneficio en forma de dividendo, los accionistas integrarán éste en su base imponible multiplicado por 1,4, pero tendrán derecho a deducir en la cuota el 40% de tal cantidad, que ya fue satisfecha por la sociedad. Se evita así la doble imposición. Por el contrario, si la sociedad no reparte dividendos y el valor de la acción se aprecia correspondientemente en ese 6,5%, la totalidad de la ganancia vuelve a ser gravada en el momento de la venta, en este caso, como incremento patrimonial.
Algo similar ocurre en el supuesto de que el incremento en el valor del activo se produzca como consecuencia de una mejora en las expectativas de beneficios futuros. Supongamos, por ejemplo, que una exitosa inversión en I+D origina un incremento en el valor de las acciones de la compañía. Si se realizan beneficios, el impuesto sobre ganancias patrimoniales, que no se olvide se integra dentro del IRPF, gravaría ese incremento, mientras que las sucesivas mejoras en los beneficios producidos por ese nuevo capital seguirían siendo gravadas cada año. La denominación de impuesto sobre las ganancias patrimoniales oculta la propia naturaleza de la exacción: gravar la productividad, la reinversión y la acumulación de capital.
En el Derecho fiscal comparado nos encontramos que, mientras en Alemania u Holanda tal forma de gravamen no existe (las ganancias patrimoniales generadas en más de un año están completamente exentas), en los EE.UU., los impuestos sobre las ganancias de capital de los residentes han venido tributando al tipo marginal del IRPF hasta muy recientemente en que se ha introducido un régimen similar al español. No es mera casualidad, pues, que la tasa de ahorro anual en esos dos países europeos supere el 12% de la renta disponible de las familias, mientras en los EE.UU. dicha tasa de ahorro se encuentra próxima a cero. Tampoco es casualidad que las familias americanas, pese a gozar de una renta per cápita elevada, vivan en la zozobra al disponer de patrimonios notablemente inferiores al de las mencionadas familias holandesas o alemanas, encontrándose mucho más cercanos a la bancarrota en no más allá de unos pocos meses en caso de abandonar su trabajo. Curiosamente, los norteamericanos contemplan la exención total de las ganancias patrimoniales obtenidas por los no residentes en los EE.UU., consiguiendo de esta forma atraer el ahorro de fuera que su fiscalidad persigue para los de casa.
El diverso tratamiento al ahorro en los EE.UU según de quién se trate, tiene algunos paralelismos con la legislación española. Aquí las grandes fortunas pueden constituir Sociedades de Inversión de Capital Variable (SICAV) que tributan al 1%, mientras que los ahorradores medianos y modestos pagan el 15% –el 18% a partir de 2007 tras salir adelante la reforma fiscal socialista–. Desde luego esta no es la forma de conseguir una más equitativa distribución de la riqueza y que la gran mayoría de la ciudadanía pueda ir constituyendo un patrimonio suficiente para afrontar su futuro con mayor tranquilidad y menores estrecheces. ¿A qué oscuros intereses obedece esta persecución selectiva y a todas luces discriminatoria al ahorro de las clases medias? ¿Tiene miedo la clase política de que más y más gente pueda alcanzar la seguridad económica por sus propios medios? Si no es así, ya es hora de que se le reconozca a todo ciudadano español un tratamiento homologable al que tienen, por ejemplo, los alemanes o los holandeses y del que ya disfrutan aquellos "afortunados" españoles con más de 2,4 millones de euros para constituir su SICAV.
Prohibición de ventas en pirámide.
1. Se prohíbe la venta realizada por el procedimiento llamado "en cadena o piramidal" y cualquier otro análogo, consistente en ofrecer productos o servicios al público a un precio inferior a su valor de mercado o de forma gratuita, a condición de que se consiga la adhesión de otras personas.
2. Se prohíbe proponer la obtención de adhesiones o inscripciones con la esperanza de obtener un beneficio económico relacionado con la progresión geométrica del número de personas reclutadas o inscritas.
3. Las condiciones contractuales contrarias a lo previsto en este artículo serán nulas de pleno derecho.
Artículo 23. Ley 7/1996 de Ordenación del Comercio Minorista
Capítulo aparte merece el asunto de las pensiones en España. Los trabajadores españoles se encuentran atados a un sistema de pensiones de reparto de dudosa viabilidad futura. La sociedad de propietarios es un mecanismo ideal para que, por medio de activos reales (viviendas, locales, garajes…) o financieros (acciones, fondos de inversión u obligaciones), el individuo pueda obtener rentas vitalicias adicionales incluso superiores a la máxima aportada por el sistema de pensiones actual.
Actualmente, la pensión representa alrededor del 75% de todas las fuentes de ingresos que los jubilados reciben a partir de su retiro. Esta cifra denota que la exposición de los individuos a cualquier crisis o quiebra del sistema de pensiones es muy elevada. Esta es la causa por la que la sociedad de propietarios no sólo está especialmente indicada para alcanzar mayores cotas de libertad financiera sino para lograr una mayor seguridad económica, especialmente, en edades donde la debilidad del individuo es mayor.
El primer sistema estatal de pensiones de reparto tuvo su origen en Prusia, a partir de 1881. El promotor fue el canciller Otto von Bismarck, el cual estableció la edad de jubilación en 65 años tras inquirir a un actuario sobre cuál era la esperanza de vida de un alemán adulto. La esperanza de vida en aquella época era de 45 años, si bien para las personas que habían logrado superar los 20 años de edad, su vida media ascendía a los 65. La respuesta del estadístico explica por qué, pícaramente, se optó por establecer la edad de jubilación al alcanzar dichos años. Una de las predicciones del canciller auguraba, con bastante certeza, que un sujeto que recibe una contribución pública, a la postre, se mostrará más servil ante el Estado.
La reforma fue muy popular y exitosa entre las gentes de la época porque los individuos cercanos a la jubilación empezarían a recibir una pensión sin haber apenas cotizado previamente. Además, al ser desproporcionadamente mayor la cantidad de adultos trabajadores en relación con la de unos jubilados que, incluso aunque alcanzasen la edad de 65 años, no duraban demasiado tiempo como pensionistas, las cotizaciones sociales que se establecieron en ese momento fueron proporcionalmente pequeñas. Es decir, la base de la pirámide de población en aquella época era tan amplia que no existían problemas de viabilidad del sistema; al mismo tiempo, la edad de jubilación, la cual en la actualidad se habría fijado a los 79 años aplicando la misma lógica que Bismarck, era realmente muy elevada.
Hoy día, el panorama sociodemográfico es muy distinto. La esperanza de vida ha aumentado y la natalidad ha descendido bruscamente. Por lo demás, la tasa de ocupación en España es menor en comparación con los países de la OCDE. La inmigración recogida en España ha supuesto, en muy escasos años (5 años), el incremento más dramático que haya experimentado cualquier otro país europeo. El sistema de pensiones de reparto tiene idéntica naturaleza que una venta piramidal (por cierto, prohibidas en el ámbito mercantil privado por su naturaleza próxima a la estafa, según contempla el artículo 23.2 LOCM: se prohíbe proponer la obtención de adhesiones o inscripciones con la esperanza de obtener un beneficio económico relacionado con la progresión geométrica del número de personas reclutadas o inscritas), por lo que las aportaciones realizadas por los contribuyentes no se guardan, invierten y hacen crecer (capitalizan) para ir constituyendo un fondo recuperable por el propio cotizante, sino que toda su aportación es íntegramente e inmediatamente desembolsada a los beneficiarios que se encuentran en la parte superior de la pirámide poblacional. De ahí que, en cada momento, la relación de cotizantes por beneficiario deba al menos mantenerse. Esto hace que, conforme los cotizantes van convirtiéndose en beneficiarios, el número de nuevos cotizantes tiene que aumentar en la correspondiente proporción geométrica. En el siguiente cuadro se aprecia el vertiginoso descenso en el número de cotizantes por beneficiario que se prevé en España una vez comiencen a jubilarse los niños nacidos durante el baby boom (cae desde 2,11 cotizantes por beneficiario en el 2005 hasta 1,24 en el 2050).
| 2.003 | 2.004 | 2.005 | 2.010 | 2.015 | 2.020 | 2.025 | 2.030 | 2.035 | 2.040 | 2.045 | 2.050 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Afiliados en alta laboral (a) | 16.448 | 16.777 | 17.113 | 18.333 | 19.146 | 19.146 | 19.303 | 18.870 | 18.115 | 17.133 | 16.240 | 15.767 |
| Preceptores de prestaciones de desempleo (b) | 657 | 615 | 568 | 365 | 282 | 286 | 284 | 278 | 266 | 252 | 239 | 232 |
| Número de pensiones (c) | 7.894 | 7.998 | 8.098 | 8.164 | 8.584 | 9.176 | 9.176 | 9.955 | 11.712 | 12.432 | 12.856 | 12.761 |
| Relación Afiliados/ 7. Pensiones | 2,08 | 2,10 | 2,11 | 2,25 | 2,23 | 2,12 | 1,94 | 1,74 | 1,55 | 1,38 | 1,26 | 1,24 |
Gráfico 6.- Sistema español de pensiones contributivas. Afiliados, pensiones y ratio proyectados (2003-2050)

Fuente: Proyecciones del modelo MODPENS de FEDEA (Fundación de Estudios de Economía Aplicada), 2002-03, Javier Alonso Meseguer, José A. Herce.
Debido a que la pirámide poblacional va primero reduciendo su base y luego invirtiéndose, el sistema de reparto está incapacitado para cumplir con lo prometido.
Gráfico 7.- Pirámide de la población española (ambos sexos) para 1995, 2005 y proyecciones para 2030 y 2050.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos del Instituto Nacional de Estadística. Para el año 1995, basado en estimaciones intercensales de población (evolución de la población de España entre los Censos de 1991 y 2001); para los años 2005, 2030 y 2050, fuente en proyecciones del INE hechas a partir del Censo de 2001 (hipótesis de cálculo: Escenario 1, ritmo de inmigración elevada).
Las prestaciones deben ir reduciéndose, lo que se va realizando, bien mediante modificaciones de las bases de cálculo (incluyendo un mayor número de años para el cómputo) y correspondiente contracción de prestaciones, bien con propuestas de elevación de la edad de jubilación, bien por una combinación de ambas. Una prueba de lo que venimos apuntando la encontramos en que hasta 1985 las prestaciones se calculaban sobre la base salarial media de los últimos 2 años de vida laboral del individuo (normalmente, los de mayores ingresos). A partir de 1985, dicha base fue elevada a la media de los últimos ocho años. Con el pacto de Toledo, desde 1997, el promedio subió a un rango situado entre los 15 y los 30 años. Al fin, el empleado se pasa la mayor parte de su vida trabajando y cotizando a la Seguridad Social para recibir una prestación de jubilación cada vez más reducida. No sólo eso. Dichas aportaciones, que originalmente eran capaces de sufragar otras prestaciones sociales como era el caso de la sanidad, ya no alcanzan para tales fines. Así, desde hace más de una década, la sanidad ha de ser financiada vía Presupuestos Generales del Estado (es decir, vía más impuestos y más presión fiscal).
La solución de la inmigración masiva, además de producir problemas de convivencia, es pan para hoy y hambre para mañana puesto que los inmigrantes también se jubilarán con derechos generados.
Si bien las pensiones de los jubilados actuales no corren peligro y seguramente no lo harán hasta dentro de 15 años, los expertos hablan de que la viabilidad del sistema para el baby boom pasará por jubilaciones mucho más tardías (fijadas en los 70 años) y todavía menores prestaciones. Sería por tanto urgente, además de dar los pasos necesarios para poner en marcha la sociedad de propietarios a la que nos venimos refiriendo (mejorar notablemente la fiscalidad del ahorro y elevar la cultura financiera media), afrontar la transición al sistema de capitalización siguiendo la exitosa experiencia ya puesta en funcionamiento en países como Chile, Gran Bretaña o Suecia.
Como ya se ha visto, el Estado de Bienestar nace con la incorporación de seguros sociales que mitigan la disminución de rentas por trabajo en edades avanzadas (posteriormente, se incluiría el seguro de desempleo). Asimismo, se ha mostrado que el Estado ha fracasado en dicho empeño, extrayendo cada vez más impuestos a sus ciudadanos para acabar hincando sus fauces en aspectos de la vida de los ciudadanos netamente privados, y que ellos podrían satisfacer perfectamente de forma autónoma acudiendo al mercado.
No obstante, podría quedar un flanco, fruto del azar o la mala suerte, que no esté totalmente cubierto por el propio trabajo del ciudadano o la acumulación de capital (apoyo familiar, herencia, ahorro e inversiones, etc.), para lo cual emerge el principio de subsidiariedad del Estado. Esto es, si un individuo cae en desgracia, en última instancia podría existir un organismo público que le procure sustento.
Son muchos los mecanismos con los que puede contar una comunidad para proveer a uno de sus miembros de manutención cuando este se halla en el desamparo:
En cualquier caso, de la caridad o empatía hacia nuestros semejantes, traducida en mecanismos de protección a estos en momentos de zozobra, a subvencionar a "millonarios artistas", dista mucho recorrido... y derroche de recursos económicos de los ciudadanos.
[2] El equilibrio homeostático hace referencia a los mecanismos de autoajuste interno del cuerpo humano, por ejemplo, de la temperatura corporal.
[3] "Toda aquella persona física que, sin integrarse en una empresa como trabajador por cuenta ajena, realice una prestación de trabajo personal o profesional, cualificada o no, por cuenta propia y para un determinado empresario, tendrá la consideración de trabajador autónomo con dependencia laboral", según se recoge en la Proposición de Ley del año 2002 relativa a la regulación del Trabajo Autónomo Dependiente.
[4] Personajes de la mitología griega. La expresión “estar entre Escila y Caribdis” es análoga a “estar entre la espada y la pared”.