
En un momento en el que se habla de crisis del Estado de Bienestar y de su pertinente reforma, ha llegado el momento de decir que hay un camino mejor. Hay una alternativa que se llama "sociedad de propietarios" y que consiste en unir el trabajo y la propiedad. En extender el patrimonio a la gran mayoría de ciudadanos; no se trata de limitarse a una estrecha capa de la sociedad.
El estudio tiene tres dimensiones. Una personal, otra social y una tercera política, o institucional. Por lo que se refiere a la primera, el estudio revela que el camino personal hacia la acumulación de un patrimonio que le otorgue seguridad económica está al alcance de todos, y lo único que nos separa de él es un conocimiento financiero básico, que todos pueden adquirir. Si con esa base se adopta un comportamiento racional, orientado hacia el futuro y la creación y acumulación de riqueza, la gran mayoría de las familias pueden aumentar su nivel de vida considerablemente en una sola generación.
La rentabilidad media de la Bolsa de Madrid en las últimas décadas está en torno al 10 por ciento. Si a ello le restamos tres puntos de inflación previsible, la rentabilidad real media rondaría el 7 por ciento. Con ese tipo de interés y dedicando al año 12.000, en solo quince años el inversor habría acumulado 300.000 euros, que le rentarían anualmente y en términos constantes alrededor de 3 millones y medio de las antiguas pesetas. Si sigue creando y acumulando riqueza por cinco años más, lo ahorrado le otorgaría una renta no dependiente de su trabajo de 5,7 millones de pesetas. El informe describe un plan menos exigente, con una aportación creciente (al 4 por ciento) a partir de 700.000 pesetas anuales, y que en 25 años llevaría a acumular un capital (65 millones de pesetas) que le otorgaría una renta de cuatro millones y medio.
Todo ello está fundamentado en dos ideas. Las inversiones canalizadas por la bolsa se destinan a la creación de riqueza real. Y el interés que rentan se basa en la obtención de los beneficios que se derivan de la actividad económica. La segunda idea es el enorme poder del interés compuesto, que permite a cualquier ciudadano acumular cantidades apreciables de capital a lo largo de una generación o menos.
Si el trabajador ha comenzado su vida laboral a los 25 años, a partir de los 50 puede compaginar los ingresos derivados del trabajo con los del capital. Podrá, incluso, reducir el tiempo destinado al trabajo y dedicarlo a otros fines, como la familia, el ocio, la formación, las relaciones sociales. Habrá logrado la libertad financiera. En la actualidad, y por simple desconocimiento de las posibilidades del ahorro y la inversión, las personas y las familias cuyas necesidades se cubren con el trabajo por cuenta propia o ajena, sin el concurso de ingresos derivados del capital, se encuentran en una situación de cierta alienación. Están atados a un trabajo del que depende su nivel de vida, y al que no pueden permitirse renunciar o reducir a favor de otros objetivos. La sociedad de propietarios permite llegar en el curso de la vida a la libertad financiera que abre las puertas a la verdadera posibilidad de elegir otros objetivos que otorgan gran satisfacción y la realización personal.
Una sociedad de propietarios permitirá a los ciudadanos cumplir con sus propios medios objetivos que son valiosos para ellos y para la sociedad en la que viven. La acumulación y transmisión de saber. La atención a la familia y a los más allegados. La atención también a los más necesitados por medio de la caridad y del trabajo voluntario. Las posibilidades son enormes, y una sociedad libre y creativa y que se haya dotado de los medios necesarios podrá alcanzar con los fines sociales más queridos.
Por lo que se refiere al segundo aspecto del estudio, el ámbito social, la sociedad de propietarios conlleva enormes beneficios, de modo que el camino personal a la libertad y seguridad financieras está íntimamente ligado al progreso social. La acumulación de ahorro destina el capital necesario a las empresas que, de este modo, cuentan con los medios adecuados para llevar a cabo sus proyectos, siempre encaminados a obtener beneficios por medio de la cumplida satisfacción de los consumidores. La sociedad de propietarios es la que allega a las empresas de capital, y abre la posibilidad de crear riqueza a un mayor número de personas, que suman, de este modo, su voluntad y su inteligencia al servicio de la creación de riqueza.
El trabajo deriva sus ingresos del producto que resulta de su participación en el proceso productivo. Cuanto más valor se cree por medio del trabajo, mayor será la remuneración que obtenga. Y como la productividad depende de la cantidad de capital que acumule y emplee eficazmente una sociedad, la sociedad de propietarios será crecientemente productiva y elevará los salarios reales. De esta forma, entrará en un círculo virtuoso de creación de riqueza y aumento de la productividad, del que sólo se derivan beneficios tanto privados como sociales. Esto implica acabar con la equivocada contraposición entre los intereses personales y los sociales y la armonía espontánea de los ámbitos particular y colectivo.
El tercer ámbito de estudio del informe se refiere a las políticas públicas. Si uno de los frenos a la sociedad de propietarios es de ámbito personal, y deriva de la falta de conocimientos del ámbito financiero, el otro proviene de los ataques sistemáticos del Estado en el ámbito de la generación de rentas y en el la creación y acumulación de riqueza. Esta actitud de los gobiernos de todas las tendencias forma parte del fenómeno de mitades del siglo XX conocido como Estado del Bienestar, que ha permitido la intervención indiscriminada del Estado y la extracción coactiva de las rentas particulares de los ciudadanos indefensos a cambio de insuficientes, y no siempre demandados, servicios considerados "de interés general".
Las regulaciones laborales, que inflingen barreras de salida de los empleos, actúan también de barreras de entrada en los mismos, detienen el proceso de creación de puestos de trabajo y suponen un obstáculo a la normal generación de rentas. Los impuestos detraen una parte sustancial de las mismas, lo que del mismo modo disuade la creación de empleo y el esfuerzo personal de progreso y mejora.
Por lo que se refiere a la acumulación de riqueza, el sistema fiscal también penaliza el ahorro, en lugar de gravar en exclusiva al consumo. La vía personal y social a la sociedad de propietarios se ve frenada por la estructura actual de los impuestos. Por último, el complejo entramado fiscal, con sus dobles imposiciones y sus "agujeros", es injusto e ineficaz. Por ello, el manifiesto por una sociedad de propietarios propone un tipo marginal único moderado, con un mínimo exento, que no desincentive ni la generación de rentas ni el ahorro.
El sistema de pensiones basado en el reparto no crea riqueza. Simplemente transfiere rentas de la parte más activa de la sociedad a quienes solo pueden dedicar su tiempo al consumo. Además es un sistema piramidal, fraudulento, y con unas bases económicas que le hacen insostenible a largo plazo. Una sociedad de propietarios abriría la posibilidad de un sistema privado, basado en el ahorro, la creación y acumulación real de riqueza, la capitalización y el poder del interés compuesto. El sobresaliente ejemplo de Chile, del que ahora se cumplen 25 años, muestra la capacidad de un sistema privado de otorgar beneficios personales que, multiplicados en el conjunto de la sociedad, se extienden por toda ella.
El trabajo presenta al final en un cuadro comparativo las ventajas de las rentas patrimoniales propias de la sociedad de propietarios que se propugna frente a la propuesta de renta básica financiada con impuestos. En el primer caso, es posible garantizar rentas familiares crecientes, menores impuestos, armonía de intereses entre los diversos segmentos sociales, mayores niveles de ahorro, formación de capital, crecimiento económico y sueldos así como una distribución más amplia de la riqueza y las decisiones económicas. Por el contrario, la renta básica pública lleva asociada unos mayores impuestos y desequilibrios económicos, menores niveles de ahorro y crecimiento, conflictos de intereses entre contribuyente y subvencionados netos y finalmente estancamiento económico y de rentas a percibir.