
Madrid, 14 de febrero de 2008. El Ministro de Economía, Pedro Solbes, ha declarado que el paro no supondrá un problema para la economía española porque hay subsidio "para todos". La afirmación, sin embargo, no puede resultar más errónea.
Las necesidades actuales de la economía española pasan porque los trabajadores sobrantes en el sector de la construcción se reincorporen a otras ocupaciones para, de este modo, continuar con la actividad productiva y, al mismo tiempo, generar las rentas suficientes para repagar sus deudas, evitando así un ciclo de morosidad e impago que nos acerque a la situación estadounidense.
Sin embargo, esas rentas deben generarse por los propios trabajadores y no proceder, mediante la redistribución fiscal, de los impuestos de otros trabajadores. Si Solbes dice que el paro no será un problema porque el subsidio se mantendrá para todos hay que preguntarse cómo ello será posible si el número de cotizantes tendrá que caer conforme el paro suba y, sobre todo, el gasto de estos subsidios se disparará.
Suponiendo que los cálculos de R. R. de Acuña & Asociados* sean correctos, esto es, que de aquí a 2010, sólo el sector de la construcción dé lugar a 1.200.000 desempleados menos, el gasto durante estos tres años en prestaciones de desempleo aumentaría en 8.150 millones de euros, por encima del superávit de la Seguridad Social previsto para este año.
Sin embargo, hay que tener presente que el superávit proyectado hace unos días por Caldera para 2008 parte de la base de que no se producirá una severa contracción en el número de cotizantes. Ahora bien, no conviene olvidar que el 1,2 millones de parados que prevé R.R. de Acuña y Asociados se circunscribe al ámbito de la construcción (en realidad, el número total en medio de una crisis sería mucho mayor) y que, por tanto, las afiliaciones necesariamente tendrán que reducirse. Sólo en enero, ya cayó en casi 85.000 personas.
En este escenario, el subsidio universal que pregona Solbes sólo estaría garantizado con cargo al endeudamiento (déficit) de la Seguridad Social, esto es, a la creación de nueva deuda. Y esto es, con diferencia, lo más desaconsejable que puede hacer el Estado en medio de una crisis generalizada de solvencia. No sólo porque el coste de la financiación será elevado, sino porque minorará el crédito del Estado y el margen de maniobra para rebajar impuestos a la ciudadanía con los que favorecer el repago de sus deudas.
* Nota: El cálculo de 8.150 millones se ha obtenido suponiendo un crecimiento de los beneficiarios de subsidios de 8.400.000 (el 70% de los 1,2 millones; el 70% es el porcentaje de parados registrados que suelen tener prestación de desempleo) que perciben una prestación de desempleo de 970 euros durante 10 meses.
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