Madrid, 30 de abril de 2006. Hoy, domingo 30 de abril, cierra la central nuclear José Cabrera, pionera de la energía nuclear en España, tras 38 años de funcionamiento. Su cierre no obedece a ninguna consideración técnica, ya que recibió el visto bueno del Consejo de Seguridad Nuclear (CSN), por lo que se trató de una decisión de carácter político. La central funcionaba en perfectas condiciones de seguridad, de forma rentable y producía en torno a la mitad de la electricidad que consume la comunidad autónoma que la acoge, Castilla-La Mancha. La decisión política de su cierre nos empobrece. Es solo la primera, pues está previsto que el resto de Centrales se vayan cerrando hasta 2028.

El debate sobre la energía nuclear, que es el debate energético, está abierto; y en él están en juego las necesidades de los ciudadanos y su libertad para satisfacerlas. Un debate en el que las consideraciones económicas y técnicas a que deben atender las empresas están contaminadas y condicionadas por decisiones políticas. El Estado regula su construcción y operación por medio de un sistema de licencias temporales que dejan el funcionamiento de nuestras centrales al albur de los avatares e intereses políticos del momento. Ello crea una inseguridad jurídica que retrae la inversión en este campo, destruye empleo y limita la creación de riqueza, con una pérdida muy apreciable para los españoles.

Estamos ante una de las fuentes de energía más rentables en su conjunto, y cuya industria, a diferencia de otras, se hace cargo de las externalidades: el tratamiento y confinamiento de los residuos. Mientras el Gobierno aplica el Protocolo de Kioto, con un grado de incumplimiento por encima de cualquier otro país y con un coste anual para nuestra economía de entre 1.500 y 3.000 millones de euros y no menos de 600.000 empleos, para reducir las emisiones de CO2, las centrales nucleares españolas evitan la emisión anual de 60 millones de toneladas de dicho gas, equivalente a lo que emite el parque automovilístico español. Su desmantelamiento nos obligaría a adquirir el equivalente a 100 millones de barriles anuales. Estas consideraciones, más la certeza de que la demanda energética seguirá creciendo en España, como en el resto del mundo, nos impiden mirar a otro lado por lo que a la energía del átomo se refiere.

Por todo ello, exigimos la eliminación de las barreras administrativas a la creación y operación de centrales nucleares y en concreto el fin del sistema de licencias periódicas que existe en la actualidad. La producción de energía nuclear, así como del resto de fuentes de energía, debe depender de las libres decisiones de las empresas en función de su valoración de la demanda y los costes y no de decisiones políticas.

El Instituto Juan de Mariana es una institución independiente dedicada a la investigación de los asuntos públicos. Con el fin de mantener una independencia plena, el Instituto no acepta subvenciones o ayudas de ningún gobierno o partido político. Su objetivo es convertirse en un punto de referencia en el debate de las ideas y de las políticas públicas con la vista puesta en una sociedad libre. Para conseguirlo nos proponemos estudiar y difundir la naturaleza del mercado. El nombre del Instituto proviene del más prominente pensador de la Escuela de Salamanca, encarcelado a principios del siglo XVII por su oposición a Felipe III.