Lo que no está tan claro es el fruto de este tipo de planes. El Observatorio de Coyuntura Económica del Instituto Juan de Mariana del mes de marzo (www.juandemariana.org) afirma que los precios de la vivienda en España están sobrevalorados «un 40%», en gran parte debido a las «restricciones» legales en el mercado del alquiler y del suelo. Su autor, Juan Ramón Rallo, alerta sobre la «distorsión» que provocan las VPO: «En un escenario de bajada de precios un incremento de oferta sólo ejercerá más presión bajista». Miguel Angel Belloso, en www.expansion.com/ blogs, dice que esta compra de suelo está «desvinculada del mercado» y se pregunta «¿por qué habría que compensar?» a quienes ganaron tanto antes. Su compañero Martí Saballs califica los sorteos de VPO de «auténticas loterías de la injusticia».

EE.UU. también ha sufrido su propia burbuja inmobiliaria. Paul Krugman (Príncipe de Asturias 2004) cuestiona que el Estado favorezca «la propiedad frente al alquiler» (www.nytimes.com /2008/06/23/opinion/23krugman) y señala los peligros de comprarse una casa: «Riesgo financiero y pérdida de flexibilidad para cambiar de trabajo». Eso sí, admite que él también es propietario. Su colega Joseph Stiglitz (www.project-syndicate.org) acusa a Alan Greenspan de «cebar la bomba incitando a la contratación de hipotecas» en lugar de a invertir. Además, en su manual de Economía (en www.antonibosch.com) recuerda cómo la aprobación de la Ley de Control de Alquileres en Nueva York tras la Segunda Guerra Mundial sirvió sólo para que la oferta se desplomase.

Los 300 millones que el Gobierno se gastará en comprar suelo privado para hacer VPO, son parte del Plan de Vivienda 2005-0808 (www.mviv.es).El Ejecutivo se fija como objetivos «el acceso universal a la vivienda» y la construcción de 720.000 VPO. En esta línea, el Defensor del Pueblo andaluz (www.defensor-and.es) pide en su informe de 2007 que el acceso a «una vivienda digna y adecuada» (artículo 47 de la Constitución), «sea una obligación legal para los poderes públicos» y que se arbitre la «posibilidad de exigir ese derecho ante los tribunales». Escocia ya lo ha hecho, (ver la Homlessness Scotland Act en www.scotland.gov.uk).