Según precisa en un comunicado, existe la posibilidad de que los créditos estatales se concedan con criterios políticos y no económicos, por lo que será "imprescindible activar todos los controles posibles".

Entre las medidas que resultan "recomendables" para controlar la ejecución política del plan destaca "la publicación de todos los datos de las operaciones (cuantías del crédito, garantías, destinatarios del crédito y plazo de devolución)".

Asimismo, el Instituto especifica que es preciso dejar clara "la responsabilidad penal de los gestores públicos que malversen estos fondos".

Por último, advierte de que cabe la posibilidad de que el plan tenga como finalidad recapitalizar a los bancos mediante la adquisición de activos a precios sobrevalorados, lo que, asegura, impediría el ajuste que necesita la economía.