Los republicanos denuncian que la Administración de EE UU elaboró un contrainforme sobre las bondades de las energías renovables para la creación de empleo en contestación a un estudio español crítico con el tema, pero lejos de ser imparcial está inspirado por la industria eólica.

La sombra de los lobbies es muy alargada en Estados Unidos. Barack Obama, el hombre que llegó a la presidencia prometiendo acabar con la enorme influencia de estos grupos de presión sobre las decisiones que se toman en Washington, no ha podido o no ha querido eliminarla.

“Las pruebas demuestran que estos grupos se meten hasta la cocina” en la nueva Casa Blanca de Obama, explica Gabriel Calzada, uno de los autores del informe español.

En marzo del pasado año, un grupo de investigadores de la Universidad Rey Juan Carlos y el Instituto Juan de Mariana publicó un informe en el que, con sus datos, dejaba claro lo caro que resulta crear empleo en renovables, tanto como 570.000 euros cada puesto de trabajo y la pérdida de 2,2 en otros sectores.

El texto fue duramente criticado e incluso provocó que Calzada fuese vetado por la embajada de España para un acto en el Capitolio de Washington.

La respuesta de la Administración Obama, que había puesto a España como ejemplo de las bondades de este sector, no se hizo esperar: un informe del Laboratorio Nacional de la Energía Renovable (NREL) de Boulder (Colorado) en el que se criticaba la metodología usada por el equipo español.

Como explica Calzada, este contrainforme despertó muchas suspicacias y se empezaron a preguntar por qué un organismo público  –por tanto, con dinero del contribuyente– sacaba un documento para desmentir otro que no hablaba de EE UU y que estaba hecho por una universidad privada española.

Así que, en virtud de la Freedom of Information Act, los republicanos elevaron una petición para que la Casa Blanca contestase a dos sencillas preguntas: ¿quién encargó el informe y cuánto costó?

La respuesta tras muchos meses de espera fueron 500 folios, la mayoría de ellos jugosos correos electrónicos intercambiados entre el Gobierno y los lobbies, en los que, “se dan órdenes unos a otros y los activistas dan indicaciones de por dónde debe ir el estudio”, en palabras de Calzada. Tanto es así que en ocasiones no queda claro quién manda a quién. Cuando el Gobierno de EE UU se enteró de que varios medios de comunicación iban a destapar el escándalo, envió 400 folios más para retrasar lo más posible el tema.

El republicano Jim Sensenbrenner (en la Cámara de Representantes por Wisconsin) señaló que las dilaciones y la falta de una respuesta directa demuestran que la Administración Obama está lejos de la transparencia que proclama. Tampoco han querido dar cifras, pero según los correos electrónicos, ese documento para echar por tierra el informe español costó 5.000 dólares.