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(Manuel Llamas, Madrid) Al Ministerio de Medio Ambiente no le salen las cuentas del coste económico que va a suponer el Protocolo de Kioto al conjunto de las empresas españolas afectadas por el tratado –cerca de mil industrias–, que pretende combatir el denominado cambio climático limitando a un 15% el aumento de emisiones en 2012, frente a los niveles que registró España en 1990.

El departamento que dirige Cristina Narbona presentó el pasado 12 de julio el segundo Plan Nacional de Asignación (PNA), que prevé repartir 152,65 millones de toneladas de CO2 al año entre las empresas desde 2008 a 2012 –un 16% menos que el primer plan vigente desde febrero de 2005–. Según los cálculos del Ministerio, la aplicación del comercio de emisiones supondrá para la economía española un desembolso de entre 2.228 millones y 3.067 millones de euros en cinco años.

En octubre de 2004, Narbona afirmó que el conjunto de las empresas españolas no tendría que pagar "más de 85 millones de euros al año". El pasado 4 de mayo, el secretario general para la Prevención de la Contaminación y el Cambio Climático, Gonzalo Aizpiri, elevó el coste a cerca de 300 millones en el primer año de funcionamiento del Protocolo, un 253%más de lo prometido por la ministra.

Según los últimos datos facilitados por Medio Ambiente, el acuerdo internacional ratificado por España podría llegar a alcanzar los 3.067 millones de euros entre 2008 y 2012. Es decir, 613,4 millones anuales, un 621% superior a la cifra de los 85 millones inicialmente previstos. Sin embargo, la factura final puede ser mucho más abultada.

Costes indirectos

Según el último informe publicado el 17 de julio por el Instituto Juan de Mariana –organismo independiente dedicado a la investigación de los asuntos públicos–, el Gobierno "ha engañado a los españoles a la hora de calcular los costes directos asociados a la aplicación de Kioto". El coste previsto por Medio Ambiente es muy inferior al real, puesto que aplica "precios de derecho de emisión que no son de mercado", señala el documento.

El Ejecutivo hace su previsión tomando como precio máximo de referencia 15 euros por tonelada deCO2 y un aumento de las emisiones del 37% en 2008, con respecto a las de 1990. De modo que el coste ascendería a 1.953 millones de euros (390 millones anuales).

Sin embargo, el actual precio deCO2 previsto para 2008 es de 20,05 euros por tonelada en el mercado de emisiones, según la media de los últimos seis meses. Es decir, 2.610,5 millones de euros en total. Con todo, el precio de la bolsa europea para cerrar operaciones hoy ronda los 16 euros la tonelada.

Además, "hay una correlación clara entre crecimiento económico e incremento del CO2, con lo que cabe esperar que siga subiendo –por encima del 37%previstopor el ministerio– como consecuencia del propio desarrollo de nuestra economía", señala el Instituto. El informe prevé un incremento de las emisiones del 60% para 2010, de modo que el coste directo de Kioto se elevaría hasta 4.232,6 millones de euros (846,52 millones anuales), un 896% más de la cifra dada por Medio Ambiente en 2004. Asimismo, "si tenemos en cuenta la recomendación del Parlamento Europeo de incorporar a los sectores difusos, como el transporte, a un nuevo sistema de racionamiento –unos 159,15 millones de toneladas de CO2 adicionales, según el Ministerio–, el coste total se eleva considerablemente", pudiendo alcanzar los 7.400 millones de euros (1.480 millones anuales) –un incremento del 1.641% frente a la estimación que el Gobierno realizó en 2004–, aplicando un precio de referencia de 20,05 euros.

Sin embargo, "aún son más importantes los costes indirectos que impondrá el plan del Gobierno". El estudio señala que Kioto "resta competitividad a la economía española y favorece la deslocalización a otras áreas delmundo". Además, afirma que la aplicación del Protocolo provocará la elevación del precio final de la electricidad hasta un 2% (ver EXPANSIÓN del 13 de julio), "lo que a su vez tendrá efectos perjudiciales sobre otros sectores económicos".

Otros informes

En 2004, un estudio de PricewaterhouseCoopers (PwC) ya señalaba que la aplicación del actual modelo de derechos supondría, además, un incremento del 2,5% sobre el precio de los bienes de consumo en 2012. El informe incluía un abanico de precios de CO2 de entre 15 y 30 euros, para calcular los costes económicos del acuerdo, tanto directos como indirectos. En caso de aplicar el actual precio del CO2 en el mercado de gases para 2008 (20,05 euros), según el Instituto, el coste total para la economía española se aproximaría a los 2.400 millones de euros anuales hasta 2012, un 2.723% más que lo prometido por Narbona.