Resulta llamativa la proliferación de estudios que están apareciendo a favor de la publicidad directa de los medicamentos a los ciudadanos, para lo que se llega, como en el caso de la publicación que recogemos íntegramente, a defenderla con argumentos que nada tienen que ver con la realidad. Entre otras cosas, y casi como razón principal del presente trabajo, se esgrime el argumento de que muchas mujeres no puden beneficiarse de los tratamientos farmacológicos contra la osteoporosis, dando por sentado que los mismos realmente curan, algo que todavía está por demostrar.

Por eso sería bueno que estudios de estas características, además de esgrimir el derecho a la información consagrado en nuestra Constitución, dijeran quiénes los financian, para no generar confusión en los pacientes a quienes van dirigidos. En este sentido, resulta ejemplarizante el presentado recientemente en relación con la pbulicidad al público de las estatinas y financiada por el laboratorio MSD.

Efectos colaterales

Para los autores del nuevo estudio, difundido bajo el título “En defensa del derecho de información al paciente”, se afirma que el verdadero objetivo de los países europeos al aprobar la directiva que prohibe la publicidad directa de los medicamentos a los pacientes, “no es el de prestar a sus ciudadanos una información no sesgada sobre las cudalidades terapéuticas y contraindicaciones de los productos farmacéuticos, sino el de disminuir el creciente gasto público que soporta Europa”.

Asimismo se insiste en que, además de ahorrar gastos en asistencia, la autorización de la publicidad directa de los medicamentos favorece la inversión en I+D de la industria farmacéutica y atribuye a tal causa la reducción experimentada en Europa de tal partida en relación con los Estados Unidos, en donde tal publicidad está permitida.

De entre las conclusiones del estudio, y sin que se sepa de dónde sale, resulta llamativa la que afirma en que “es falso que, si se permitiera la publicidad directa a los consumidores, las compañías farmacéuticas se verían obligadas a incrementar el precio del medicamento...” Asimismo, se dice que “la relación médico-paciente no tiene por qué debilitarse ni distorsionarse”, pues los médicos, “en virtud de su código deontológico, no estarán dispuestos a recetar medicamentos que no tengan ninguna indicación terapéutica en la patología del paciente”.