Una de las discusiones que con más frecuencia se suele producir en el terreno de los establecimientos comerciales es la conveniencia o no de liberalizar su horario de prestación de servicios. De un lado se encontrarían los partidarios de eliminar cualquier restricción de tipo temporal que exista para su actividad pública. En el extremo opuesto se situarían los que piden que el Estado regule el tiempo que puede abrir cada comercio, de tal manera que esté prohibido abrir en determinados momentos.

Parece que se reabre, al menos a nivel local, el debate sobre la liberalización de los horarios comerciales. Madrid es la comunidad que más festivos abre, pero Esperanza Aguirre quiere ampliar el calendario.

El día 30 de abril de 1985, el Gobierno del PSOE aprobaba un Real Decreto-Ley que tendría una trascendencia inmediata para aumentar la libertad (escasa, como casi siempre) de la que gozaban los españoles de aquel tiempo.

El recién publicado Informe sobre libertad comercial en España (Ediciones 2010), dirigido por el profesor Ramón Tamames, es un relevante análisis que vuelve a cuestionar, al igual que similares estudios anteriores, la radical limitación de horarios regulada desde 2004 que beneficia descaradamente a los supermercados y perjudica con rotundidad a la inmensa mayoría de los consumidores en nuestro país.

Una de las bases de la contabilidad es el principio de prudencia donde los beneficios sólo se contabilizan cuando son firmes, y las pérdidas cuando son previsibles y se pueden cuantificar. Este principio básico, que garantiza la confianza del inversor, se ha abandonado para introducir el engañoso concepto de “valor razonable” (fair value).