Decir que la redistribución es una forma de esclavitud no es ninguna hipérbole. Confiscar los ingresos de Juan producto de diez horas semanales de trabajo equivale a confiscarle "diez horas" de trabajo o, en otras palabras, forzarle a trabajar diez horas a la semana en beneficio de otro.

En lo que llevamos de crisis económica, y van ya casi dos años, los sindicatos no han levantado ni un dedo en contra del Gobierno, que tan generosamente alimenta sus arcas con el dinero de todos los trabajadores.

La pasada semana asistimos a un nuevo show policial, orquestado esta vez por el titular del Juzgado número uno de la Audiencia Nacional, Santiago Pedraz, con el objeto de amedrentar a quienes, cansados de ver cómo sus ahorros desaparecen a través de las fauces del aparato estatal, planean ponerlos a mejor recaudo fuera de nuestras fronteras.

En España circulan 101 millones de billetes de 500 euros, lo que supone un 62% más que en el 2002, año de la implementación de la moneda única europea. Es una cifra, además, que no para de crecer. Ante este fuerte aumento las fuerzas recaudatorias del Estado han visto su oportunidad para lanzar otra vez su campaña de la "lucha contra el fraude" fiscal, esto es, hacer su agosto a expensas de la economía privada.

Limitar el gasto a lo que se ingresa no garantiza el crecimiento económico –imagínense unas cuentas equilibradas con unos impuestos que confiscan el 90 por ciento de la renta- pero incurrir en déficit público constituye una verdadera liposucción para las vacas de la economía.