Quiero dedicar este primer artículo del año a dos jóvenes árabes que sufren prisión por haber expresado en sendos blogs sus posturas reformistas y críticas con sus respectivos gobiernos. El egipcio Abdel Kareem Nabil Soleiman, sobre cuyo caso ya escribí en febrero de 2007, fue detenido en noviembre de 2006 y desde entonces cuenta con el apoyo de una campaña internacional a favor de su libertad que apenas ha tenido repercusión en España y que tampoco ha logrado ablandar al Gobierno de Mubarak.

El jueves llegó la hora de la verdad y se vio que, cuando llega la votación que realmente cuenta, todos los partidos menos el PP, ICV (que ha votado al revés que sus compañeros de grupo de IU) y CC prefieren defender los privilegios de la SGAE y otras entidades de derechos de autor a ponerse del lado del conjunto de los ciudadanos.

El Ministerio de Industria ha enviado una orden a los proveedores de internet para que bloqueen el acceso desde España a varias páginas web, aplicando un auto del Juzgado de lo Mercantil número 2 de Barcelona.

La pasada semana, un comunicado referente al fallo del Tribunal Constitucional declaró que si bien sigue siendo delito la difusión de ideas o doctrinas tendentes a justificar un delito de genocidio, o que pretendan la rehabilitación de regímenes o instituciones que amparen prácticas generadoras de los mismos, no lo es la difusión de ideas que nieguen el genocidio.

En la medida en que el Estado da y quita con las mismas manos, es lógico que alguna gente considere la omnipotencia del poder político como un peligro que ha de ser minimizado o erradicado y que otra lo entienda como un lucrativo negocio del que obtener provecho. Por ello, alrededor de los Gobiernos que se han arrogado el poder de recortar las libertades individuales siempre aparecen grupos de presión que tratan de emplear tales potestades en su propio beneficio.