La blogosfera norteamericana lleva tiempo revuelta a costa de la ley de financiación electoral, una ley aprobada con amplios apoyos por ambos partidos y que regula la financiación indirecta, es decir, el dinero pagado no a políticos directamente sino a terceros que hacen campaña. Entre sus prohibiciones está la de los anuncios; los medios de comunicación públicos no pueden publicar anuncios de terceros durante el periodo anterior a unas elecciones.

Mientras discutimos los dimes y diretes del Estatuto catalán, en la Comisión Constitucional del Congreso se ha empezado a discutir sobre otro estatuto, aprobado por liberticidas de IU y PSOE. Es el estatuto del periodista, una ley de prensa que obliga a que la información sea supervisada por periodistas con una licencia aprobada por el gobierno nacional o regional. Una licencia que, por supuesto, se puede revocar al díscolo.

Por más que sea éticamente reprobable el comportamiento de las empresas de Internet en China, no se debe olvidar jamás que la responsabilidad real de la condena recae en el régimen comunista. Son los dirigentes chinos los que dictan las leyes, ordenan la persecución de la disidencia y mandan a la policía a buscar los datos incriminatorios.

Uno de los argumentos más recurrentes de la izquierda para criticar el capitalismo es asegurar que los medios de comunicación, la publicidad o la propaganda, controlan nuestras vidas. La gente no es libre pues el emporio mediático le dicta cómo tiene que actuar.

La función del sistema de precios es justamente la de asignar bienes escasos de forma eficiente. Los bienes tienen precios porque son escasos. La naturaleza de las frecuencias radioeléctricas no comporta aquí dificultades adicionales. Las causas, pues, que explican la injerencia estatal son en realidad otras: el afán del poder político por controlar los medios y moldear la opinión pública y la demanda de privilegios por parte de ciertas empresas consolidadas del sector.