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Libertad de expresión

Portada - Libertades - Libertad de expresión

31/07/2005 - Daniel Rodríguez Herrera

O te callas o a la calle

Parece que, después de un cierto número de despidos, se puede establecer que las principales razones por las que lo que escribas en Internet puede procurarte una patada en el trasero son dos: criticar a la empresa o revelar algún secreto de la misma. Ninguna de ellas resulta demasiado sorprendente.

30/05/2005 - Albert Esplugas Boter

Ondas públicas, libertad cercenada

La función del sistema de precios es justamente la de asignar bienes escasos de forma eficiente. Los bienes tienen precios porque son escasos. La naturaleza de las frecuencias radioeléctricas no comporta aquí dificultades adicionales. Las causas, pues, que explican la injerencia estatal son en realidad otras: el afán del poder político por controlar los medios y moldear la opinión pública y la demanda de privilegios por parte de ciertas empresas consolidadas del sector.

24/05/2005 - Juan Ramón Rallo

Ya estamos en 1984

Una de las tácticas que más frecuentemente usan los neoinquisidores para justificar su cruzada moralista es, como ya vimos, afirmar que la represión se efectúa por el bien del reprimido. Esto es especialmente visible en el caso de los periodistas, cuyo cerco se ha convertido en un objetivo prioritario del Gobierno, y de la izquierda en general.

20/03/2005 - Daniel Rodríguez Herrera

No es mi defensor

Es frecuente que en los estados dictatoriales haya menos delitos y más seguridad ciudadana. Los medios empleados para la represión política son muy útiles para la represión del delito. En este mismo país hay gente que añora a Franco porque con él "se podía andar tranquilamente por la calle".

23/01/2005 - Daniel Rodríguez Herrera

Internet como estado policial

Se pretende hacer responsables a los intermediarios, es decir, a los proveedores de acceso a Internet, de las descargas de música y películas. Las consecuencias de esta medida socialista, en el sentido más cubano del término, podrían consistir en cargar con los costes de vigilancia a las empresas, que se verían en la necesidad de espiar a sus usuarios para cumplir la ley, y hacerles pagar por ello aumentando los costes del acceso.
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