Nacionalizar significa "hacer que pasen a depender del Gobierno de la nación propiedades industriales o servicios explotados por los particulares", según una de las acepciones que recoge la Real Academia Española. Es decir, que el Estado robe o confisque bienes privados que pertenecen a los individuos.

Hace una semana tuve el honor de ser uno de los ponentes en la Universidad de Verano del Instituto Juan de Mariana –compartiendo mesa con Fernando Herrera y Antonio José Chinchetru, que quizá les suenen de algo–, lo que me permitió asistir con verdadero asombro a la conferencia del rector de la Universidad Francisco Marroquín, Giancarlo Ibargüen, en la que detalló el sistema según el cual se reparte el espectro radioeléctrico en Guatemala, ese que se emplea para la radio, la televisión, la telefonía móvil o las redes inalámbricas, y que parece inconcebible que pueda funcionar al margen del Estado. Pues resulta que sí, que puede.

Nuestro crecimiento se derrumba, ya que cae más de un 60 por ciento en el primer trimestre. Crecemos a menos de la mitad de la media de la UE. El paro sube a ritmos desconocidos desde Felipe González y la destrucción de empleo, en contra de lo que dice Zapatero, no se produce sólo en la construcción, ya que se observa también en los servicios.

Observando los países con mayor grado de desarrollo, cualquier persona con cierta capacidad de raciocinio, comprueba cómo sus leyes, usos y costumbres han permitido durante décadas el respeto de ciertas instituciones morales, independientemente del Gobierno circunstancial que legisle en cada momento.

En Inglaterra y Gales predominaba en el albor de la era moderna el cultivo en campos abiertos (“open fields”) y en tierras comunales (“commons”) de titularidad municipal. Los campos abiertos combinaban la explotación privada con una titularidad común y la imposición de ciertas servidumbres. Era una organización post feudal, pero no plenamente una explotación privada.