Aunque parezca sorprendente, los agentes del Estado no han respondido una de las preguntas más elementales que cabe formular ante la monstruosa masacre del 11 de marzo de 2004 en Madrid.

A raíz de la huelga de funcionarios al servicio de los jueces se ha puesto de manifiesto para el gran público, si es que no lo estaba antes, el colapso que padecen juzgados y tribunales. Trataremos de explicar esta penosa situación a la luz del teorema general de imposibilidad del socialismo, teniendo en cuenta las aportaciones de la teoría de la tragedia de los bienes comunales.

Intranquiliza pensar en la instrumentalización política del Tribunal Constitucional para que sus sentencias otorguen una patina de legalidad a cambios legislativos, redactados en contra de los artículos de la Constitución Española de 1978 que protegen los derechos individuales.

Qué quieren que les diga; el dictamen del Tribunal Supremo declarando la legalidad de las pruebas obtenidas en eMule me parece de sentido común. Los datos que voluntariamente cedemos en internet son tan públicos como los que voluntariamente cedemos por otros medios: si ponemos un anuncio en la sección de relax de algún diario con nuestra foto y nuestro teléfono luego no deberíamos tener derecho a quejarnos si alguien nos echa en cara esas actividades extracurriculares.

Ya se sabe cómo es el nuevo viejo Gobierno. Dos claves tiene esta legislatura. Por un lado la negociación con ETA; de ahí la importancia, recalcada por Zapatero, de que siga Rubalcaba. Por otro, la Justicia.