Intranquiliza pensar en la instrumentalización política del Tribunal Constitucional para que sus sentencias otorguen una patina de legalidad a cambios legislativos, redactados en contra de los artículos de la Constitución Española de 1978 que protegen los derechos individuales.

Qué quieren que les diga; el dictamen del Tribunal Supremo declarando la legalidad de las pruebas obtenidas en eMule me parece de sentido común. Los datos que voluntariamente cedemos en internet son tan públicos como los que voluntariamente cedemos por otros medios: si ponemos un anuncio en la sección de relax de algún diario con nuestra foto y nuestro teléfono luego no deberíamos tener derecho a quejarnos si alguien nos echa en cara esas actividades extracurriculares.

Ya se sabe cómo es el nuevo viejo Gobierno. Dos claves tiene esta legislatura. Por un lado la negociación con ETA; de ahí la importancia, recalcada por Zapatero, de que siga Rubalcaba. Por otro, la Justicia.

No hace mucho tiempo tres magistrados de la Audiencia Provincial de Madrid, estimando un recurso de apelación contra un auto de un juzgado de instrucción de Leganés que sobreseía provisionalmente el asunto, dictaron un resolución mediante la cual confirmaban el archivo del procedimiento penal que se tramitaba contra los médicos del Hospital General de Leganés Miguel Ángel López Varas, Luis Montes Mieza y otros que no recurrieron, siempre que no surjan otros indicios contra ellos.

La pasada semana se publicaron dos informes sobre la economía española que resultan muy poco alentadores. El primero de ellos, a cargo de la consultora A.T. Kearney, observa una caída de la confianza de la inversión extranjera directa en nuestra economía. El segundo es el informe anual del Milken Institute sobre facilidad de acceso al capital, que revela una caída aún más dramática.