Cuando un Estado de Derecho falla a la hora de garantizar los derechos individuales en un territorio, las consecuencias a largo plazo de la violencia de una mafia terrorista son evidentes.

Esperemos que el actual Presidente, Mariano Rajoy, entienda con claridad tanto el desafío económico como el reto político que le han legado sus antecesores en el cargo. Son asuntos que no admiten más demora y son su particular cita con la historia.

El orden público es en verdad la parte relativamente estrecha de lo social que se nos presenta con cierta lógica y sentido, y que a su vez permite plantear respuestas morales y jurídicas relativamente "inmediatas" y "sencillas", articulables en forma normativa.

Un Estado de Derecho, digno de tal nombre, requiere que el poder judicial funcione de modo estrictamente independiente de los políticos y, por tanto, debe operar con certidumbre sobre las garantías procesales de los acusados.

Habrá que alegrarse tímidamente porque en nuestro país exista una Constitución que dé cierta estabilidad a la sociedad. Pero tengamos claro que no protege la libertad del ciudadano y, aunque lo pretendiera, no lo haría sin voluntad de nuestros conciudadanos de defenderla.