Que los murcianos íbamos a pagar muy cara la afrenta cometida con Bermejinsky en las últimas elecciones, en las que si nos descuidamos le dejamos sin escaño, era algo que ya estaba descontado por la gente de la calle.

A mediados del otoño pasado, unos sucesos ocurridos en un gigantesco asentamiento irregular de viviendas sobre el terreno de la antigua cañada real galiana, a las afueras de Madrid, saltaron a las portadas de los periódicos y nutrieron de imágenes espectaculares los telediarios. El foco de los medios se centró en el origen de las personas que, en cumplimiento de una orden judicial, iban a ser desalojadas de sus casas con la ayuda de la fuerza pública.

La presunta trama de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales de en Madrid, destapada ahora en la operación Guateque, era el secreto peor guardado de la capital. La corruptela consistía en cobrar cantidades cercanas a 20.000 euros para "desatascar" las autorizaciones.

Tengo serias dudas sobre la calificación moral que merecen los implicados en la "Operación Guateque", desarrollada por la guardia civil en los departamentos de concesión de licencias de Gallardón.

Hace unos meses los gobernantes nos decían que el sector inmobiliario estaba aterrizando lentamente y con suavidad. No nos hemos de creer a los políticos, pero sí escucharlos. Si un político dice que reducirá impuestos, cuidado, está pensando en subirlos (y si dice que los va a subir, también los subirá). Si nos han dicho que la "crisis" de la vivienda no es tal y que está aterrizando suavemente, entonces es que se va descalabrar. Y los datos, de hecho, así parecen decirlo.