Bajo el gobierno de Rodríguez, España avanza a una democracia de nuevo cuño, cuyos efectos ya están empezando a notarse en la Región de Murcia. Los murcianos somos el grupo de control de este experimento de ingeniería social, encaminado a comprobar hasta qué punto la sociedad civil es capaz de aguantar sin rechistar las tropelías del gobierno central y la traición de las delegaciones regionales del PSOE. Los sucesos de Alhama de Murcia son la penúltima fase de este ensayo totalitario.

Dice el refrán que quien bien te quiere te hará llorar y en España está claro que el Gobierno nos ama con apasionamiento. Investido de la autoridad paterna, ha decidido en nuestro nombre que fumar es malo y de derechas y que, por tanto, todo el mundo debe dejar de fumar.

A cualquier persona le produce lástima que alguien esté en paro o que carezca de recursos suficientes para permitirse lo que la Constitución denomina con un toque claramente socialista como “vivienda digna”.

“La calle es mía”. Durante largo tiempo se ha venido atribuyendo esta frase –y sus nefastas implicaciones– a Manuel Fraga durante su etapa como ministro del Interior. Siempre me ha resultado gracioso oír a la izquierda –a los defensores de la propiedad pública de las calles– criticar a Fraga por decir, precisamente, lo que ellos defienden, a saber: que las calles sean propiedad del Estado y no de sus residentes.

Para la izquierda, el rápido crecimiento en el precio de las viviendas tiene un nombre oscuro y desagradable, los especuladores, y una solución, la intervención pública. El asunto de Tamayo y Sáez nos permitió ver la hipocresía de quienes, como Simancas o Luis Suárez, colectan ganancias inmobiliarias con la misma facilidad con que maldicen al infame sector del ladrillo.