A cualquier persona le produce lástima que alguien esté en paro o que carezca de recursos suficientes para permitirse lo que la Constitución denomina con un toque claramente socialista como “vivienda digna”.

“La calle es mía”. Durante largo tiempo se ha venido atribuyendo esta frase –y sus nefastas implicaciones– a Manuel Fraga durante su etapa como ministro del Interior. Siempre me ha resultado gracioso oír a la izquierda –a los defensores de la propiedad pública de las calles– criticar a Fraga por decir, precisamente, lo que ellos defienden, a saber: que las calles sean propiedad del Estado y no de sus residentes.

Para la izquierda, el rápido crecimiento en el precio de las viviendas tiene un nombre oscuro y desagradable, los especuladores, y una solución, la intervención pública. El asunto de Tamayo y Sáez nos permitió ver la hipocresía de quienes, como Simancas o Luis Suárez, colectan ganancias inmobiliarias con la misma facilidad con que maldicen al infame sector del ladrillo.

La próxima Sociedad Pública de Alquiler (SPA) diseñada por el Ministerio de la Vivienda es otro artefacto intervencionista frente a la propiedad privada, que gravará aún más los contratos de alquiler y probablemente generará efectos perversos entre los participantes del arrendamiento inmobiliario.

No sé si la idea de Gallardón ha quedado clara. Reducir la edificabilidad significa que algunas personas que hoy tienen una vivienda, mañana dejarán de tenerla por obra y gracia de nuestro gallardo señor y su tan personal como colectivista visión de cómo mejorar la calidad de la vida urbana. Hablamos de confiscación, expropiación, latrocinio, robo o incautación.