Un grupo de organizaciones lideradas por la plataforma HazteOir.org ha iniciado una campaña para pedir a las autoridades autonómicas y locales "la asignación de playas familiares en la costa".

Que los murcianos íbamos a pagar muy cara la afrenta cometida con Bermejinsky en las últimas elecciones, en las que si nos descuidamos le dejamos sin escaño, era algo que ya estaba descontado por la gente de la calle.

A mediados del otoño pasado, unos sucesos ocurridos en un gigantesco asentamiento irregular de viviendas sobre el terreno de la antigua cañada real galiana, a las afueras de Madrid, saltaron a las portadas de los periódicos y nutrieron de imágenes espectaculares los telediarios. El foco de los medios se centró en el origen de las personas que, en cumplimiento de una orden judicial, iban a ser desalojadas de sus casas con la ayuda de la fuerza pública.

La presunta trama de cobro de comisiones para agilizar licencias de actividad de locales de en Madrid, destapada ahora en la operación Guateque, era el secreto peor guardado de la capital. La corruptela consistía en cobrar cantidades cercanas a 20.000 euros para "desatascar" las autorizaciones.

Tengo serias dudas sobre la calificación moral que merecen los implicados en la "Operación Guateque", desarrollada por la guardia civil en los departamentos de concesión de licencias de Gallardón.