Las concentraciones de botellón generan externalidades negativas claras tanto si hay destrozos de propiedades privadas como si lo son de bienes públicos, o como si se trata de perturbación del sueño y de competencia a los hosteleros que sufren gravámenes.

El interés del Estado es selectivo, no siempre ha estado con la aparente protección del pasado histórico, más bien, con su manipulación. De alguna manera, las propiedades de los (...) afectados eran menos importantes que el homenaje a un Estado inventado sobre las bases de un pasado imperial y un nacionalismo que surgía (...) como movimiento político aglutinador. De nuevo, el individuo subordinado al Estado tiene las de perder.

Después de más de un año de pomposos anuncios por parte de Rodríguez Zapatero, ya sabemos que la Ley de medidas de fomento y agilización procesal del alquiler y de la eficiencia energética de los edificios entrará en vigor el próximo 26 de diciembre.

La casta política española ha conseguido montar un tinglado donde se conculca hasta tal punto el derecho de propiedad privada que ha conseguido que el consenso socialdemócrata europeo equipare su régimen jurídico al que caracterizaba a las antiguas dictaduras comunistas de Europa del Este.

Un grupo de organizaciones lideradas por la plataforma HazteOir.org ha iniciado una campaña para pedir a las autoridades autonómicas y locales "la asignación de playas familiares en la costa".