Sólo hay dos cosas capaces de poner de acuerdo a 27 políticos de distintos países europeos: la primera es armonizar mercados y la segunda es putear a las empresas para venderle al consumidor que los políticos son quienes realmente se preocupan por ellos.

El indicador macroeconómico que mayor desconfianza provoca entre españoles y europeos desde la entrada del euro es el Índice de Precios al Consumo (IPC). No es algo infundado, pues con el euro somos más pobres y el cálculo del IPC no tiene nada que ver con la realidad. Veamos por qué.

De todos aquellos parámetros económicos que el Estado puede regular, los precios son quizá los más populares. A la mayoría de las víctimas del Estado del Bienestar, y desde luego a sus partidarios, les gusta pensar que les defienden de los efectos diabólicos del mercado marcando un precio idóneo para esos servicios esenciales que por el arte de la dialéctica progresista se convierten en derechos inalienables.

Todo el mundo está pendiente del petróleo. La recuperación mundial y el crecimiento de China han desbordado la capacidad de extracción y refino. La situación política de varios productores, las dudas en torno al dólar; nada ayuda. Y como siempre que un bien comúnmente utilizado eleva su precio, surge la tentación de ponerle un límite.