El periódico Público, que a pesar de su espectacular tirada no acaba de amenazar la supervivencia del buque insignia de PRISA, nos ofrecía esta semana un titular delicioso: "El PSOE propone un primer debate en TVE y otro en terreno neutral" (probablemente en La Secta o La Cuatro, aunque eso no me quedó claro del todo). Todos sabíamos que televisión española es territorio comanche para los adversarios de los socialistas, pero se agradece la sinceridad.

Privatizar un servicio público no es lo mismo que subcontratarlo a una empresa privada para que lo gestione, aunque a menudo la gestión privada sea confundida con la privatización porque hay un poco de "privado" en ambos. Es importante mantener la distinción si no queremos perder perspectiva y llegar a conclusiones endebles.

Tengo serias dudas sobre la calificación moral que merecen los implicados en la "Operación Guateque", desarrollada por la guardia civil en los departamentos de concesión de licencias de Gallardón.

Cada día resulta más difícil que la presentación de un informe sobre propuestas de reforma en un sector sorprenda al auditorio que lo recibe. La monotonía de estos estudios suele ser absoluta: que si hace falta un mayor compromiso político, que si hay que ampliar la financiación, que si hay que multiplicar las infraestructuras, que si hay que racionalizar la producción, que si hay que conducir la demanda con controles de precios o, por poner otro ejemplo típico, que si hay que concienciar a la población del verdadero valor de las cosas con gigantes campañas de información pública.

Cuando Margaret Thatcher decidió privatizar los ferrocarriles británicos, los medios de la izquierda pusieron el grito en el cielo, advirtiendo a la humanidad (los progres hablan así) de la terrible catástrofe que se avecinaba. A poco que se consumara este "ataque a los servicios públicos" los trenes empezarían a descarrilar, los cadáveres se amontonarían diariamente en las vías y las islas quedarían sumidas en el mayor de los desastres.