Decía nuestro gran Papa Joseph Ratzinger: “No es misión del Estado traer la felicidad a la humanidad. Ni es competencia suya crear nuevos hombres. Tampoco es cometido del Estado convertir el mundo en un paraíso y, además, tampoco es capaz de hacerlo. Por eso, cuando lo intenta se absolutiza y traspasa sus límites”. Esta precisa reflexión ha sido pocas veces entendida por la mayor parte de los estatalistas. Ante sus ojos, el Estado aparece como un instrumento para hacer el bien, para cambiar al hombre, para reformar la sociedad, para construir una Nueva Jerusalén.

Ya vimos la semana pasada cómo las propuestas izquierdistas de Zapatero para desarrollar el Tercer Mundo estaban abocadas al fracaso. No sólo olvidaban el problema de la coacción estatal sobre los emprendedores africanos, sino que, con el mejor talante, se orientaban a engordar el dirigismo de las dictaduras.

Suecia es un frío país del norte de Europa, famoso por la legendaria belleza rubia de sus mujeres y por ser el paradigma del no menos mítico Estado del Bienestar, uno de los escasos bastiones de la socialdemocracia realmente existente al que los estatalistas de izquierdas suelen recurrir, como a un talismán de mágicos poderes, para tratar de oponerlo a los modelos liberales de crecimiento y prosperidad.

En la pretendida “lucha contra la pobreza” que preconizan la mayor parte de ONG’s y organismos públicos (no en último lugar de los cuales se encuentra la ONU) subyace un planteamiento de base que, de la forma más paradójica, conduce a las poblaciones pobres hacia un mayor grado de pobreza, de dependencia y de retraso.

La patronal CEOE declaró hace unas semanas el "serio problema de competitividad que sufre la economía española” que han causado las "cargas fiscales, laborales y sociales". Como solución el gobierno socialista está estudiando rebajar las cotizaciones sociales de todos los contratos indefinidos en medio punto. Como si tal medadita fuese a servir de algo sobre el 38% de lo que pagan las empresas por sus empleados al gobierno.