El principal recelo ante la libertad económica suele basarse en el desamparo de los menos favorecidos. Suele pensarse que si uno tiene libertad para no dar limosna, entonces habrá muchos que no alcanzarán por sí mismos un nivel de bienestar aceptable.

Escucho en la COPE a la responsable de política social del PP, dando su opinión sobre el plan de dependencia que acaba de anunciar el gobierno. El secretario Moraleda, entre ataques a la gramática y arritmias sintácticas, lo incluye en la lista de éxitos rutilantes de la gestión de ZP, si bien no hay aún ni una puñetera línea escrita al respecto, ni un anteproyecto, ni un borrador legal ni nada que se le parezca. Nada, salvo el anuncio efectuado en rueda de prensa por el propio Moraleda, que ahora hace el papel del BOE, pero en cachondo. Otro avance más que se les ha olvidado incluir en la lista.

La Organización Nacional de Ciegos de España, la conocida ONCE, es uno de esos colectivos que gozan de una imagen tan impecable como inmerecida. Lo primero proviene de su ayuda a los discapacitados y su viejo objetivo de procurar integrarlos en la sociedad. Lo segundo surge de dos hechos de los que raramente se habla: la procedencia de esas ayudas y el verdadero éxito de su proyecto de integración.

Prácticamente nadie pide la completa abolición de la educación pública, si bien todos los que pueden se aseguran de matricular a sus hijos en escuelas privadas o, cuando menos, de ofrecerles clases de repaso que ofrecen instituciones privadas y particulares. Tres cuartos de lo mismo sucede con la sanidad, los planes de jubilación, la seguridad, los transportes, las comunicaciones y tantos otros servicios ofrecidos por el Estado.

Uno de los argumentos que se emplean para tratar de justificar los impuestos es el llamado contrato social. Los ciudadanos pagamos impuestos voluntariamente porque se ha establecido un contrato por el que, a cambio, el estado nos presta unos servicios.