Prácticamente nadie pide la completa abolición de la educación pública, si bien todos los que pueden se aseguran de matricular a sus hijos en escuelas privadas o, cuando menos, de ofrecerles clases de repaso que ofrecen instituciones privadas y particulares. Tres cuartos de lo mismo sucede con la sanidad, los planes de jubilación, la seguridad, los transportes, las comunicaciones y tantos otros servicios ofrecidos por el Estado.

Uno de los argumentos que se emplean para tratar de justificar los impuestos es el llamado contrato social. Los ciudadanos pagamos impuestos voluntariamente porque se ha establecido un contrato por el que, a cambio, el estado nos presta unos servicios.

Mientras escribo estas líneas comienzan a salir –por decimoctava noche consecutiva-  a las calles públicas o, mejor dicho, estatales, grupos de musulmanes dispuestos a quemar coches, destrozar comercios y provocar el máximo de daños posibles en diversas ciudades de Francia así como en algunas urbes belgas y holandesas. ¿Qué es lo que nos ha conducido a esta situación?

El artículo 31.1 de la Constitución española recoge los principios y reglas materiales del sistema tributario español. Se dice que en él se condensan los principios básicos que le confieren un carácter justo y de acuerdo con los valores constitucionales. Pero lo cierto es que no hay ni una sola palabra de este precepto constitucional que no sea chirriante con la libertad ni contradictoria con su propio significado.

Hace treinta años, la explotación pública de los yacimientos petrolíferos de la Bahía de Prudhoe empezó a reportar enormes ingresos al Estado de Alaska. Automáticamente, el gasto público en ese remoto Estado se disparó.