Uno de los problemas del Gobierno es que siempre tiende a crecer incluso fuera de sus límites territoriales. El último ejemplo ha sido la propuesta de Antoni Castells, conseller de Economía de la Generalitat de Cataluña. Para Castells, no contento con el sufrimiento económico que infringe a Cataluña, quiere expandir su intransigente política impositiva al resto del territorio español.

Las razones que un político ofrece para justificar la subida o creación de un impuesto sobre el consumo (en realidad de cualquier impuesto) más allá del mero afán recaudatorio, esto es, confiscatorio, son, en el mejor de los casos, decorativas.

Desde que el PSOE tomó el poder, la vigilancia gubernamental a nuestra economía doméstica no ha hecho más que crecer. Como siempre, la estrategia del gobierno para justificarse es magnificar el tamaño de un malo terrible para luego autoproclamarse el salvador de la justicia, la libertad, la razón o cualquier otra cosa que le permita disfrutar de nuestro dinero.

Para muchos, al llegar el verano llega el infierno. No sólo hace calor sino que también se suda al cumplimentar la declaración de la Renta. Tras hacer un minucioso acopio de papeles y rellenar las casillas pertinentes, el resultado sale a pagar. Entonces, no hay círculo de Dante en el que halle más calor que en su interior.

La economía de la Unión Europea se va alejando progresivamente de los niveles que están alcanzando países de políticas más liberales, tipo Estados Unidos. De modo que los próceres de la patria, tremendamente preocupados por este estancamiento, han lanzado la idea de que nos tienen que poner impuestos nuevos; tasas dirigidas además contra las telecomunicaciones, lo que sin duda nos haría mucho más productivos y ayudaría a que la Unión encabece la revolución tecnológica.