Las empresas vinculadas, aunque hayan llegado a montar una estructura empresarial de mercado que les permita diversificar actividades en distintos países al son de la eficiencia y de la productividad, deben valorar sus compras y ventas entre ellas al precio que estime aceptable la Administración.

En el libre mercado, el individuo es soberano. Si una empresa no le satisface, simplemente deja de relacionarse con ella. En el sistema político, el individuo es un esclavo: si el Estado no le satisface y quiere dejar de relacionarse con él, recibirá la poco agradable visita de los cuerpos policiales.

La reciente reducción del tipo de IVA aplicable al “suministro y recepción de servicios de radiodifusión y televisión digital” del 16 al 7% en la Ley de Presupuestos ha pasado un tanto desapercibida. Máxime, cuando el PSOE había prometido no utilizar esta Ley para introducir reformas fiscales y, sin embargo, ha acabado por incumplir su promesa. Probablemente la urgencia de pagar los favores prestados ha pesado más que la palabra dada.

El mercado es un orden espontáneo, es decir, no deliberado o creado por nadie en concreto, sino por todos los seres humanos que conformamos la sociedad y aquellos que lo han hecho en su día. El derecho surge de esa libertad de relacionarse del individuo y ha venido descubriéndose evolutivamente.

Los impuestos son un mal necesario e imprescindible para que el Estado pueda cumplir ciertas funciones. En eso casi todo el mundo está de acuerdo. El problema viene al fijar la cantidad de los mismos, es decir, cuánto se ha de detraer a los ciudadanos y empresas, y las funciones que éstos tienen que atender. He aquí la madre del cordero.