El ciudadano de a pie está sometido a la constante presión tributaria que ejerce el Estado, con el fin de que pueda desempeñar sus funciones redistributivas en favor de un hipotético e irreal "interés general". Un concepto que, si bien parece atemperado bajo el discurso democrático, llevado hasta las últimas consecuencias desembocaría en el "todo por el pueblo" propio de los regímenes totalitarios.

El déficit que Gallardón ha provocado en la capital de España deberían pagarlo "los madrileños que le han elegido". La propuesta de Solbes, que tiene mucha más miga de la que cabía esperar de un keynesiano como él, deberíamos de adoptarla en todos los ayuntamientos, comunidades y, cómo no, en el conjunto del Estado. Gallardón no merece ser el destinatario exclusivo de una medida tan brillante.

Los resultados de la balanza fiscal por autonomías, hechos públicos por el Gobierno a petición de los nacionalistas catalanes, no tienen la menor relevancia por la imposibilidad metafísica de que los datos de semejante estudio ofrezcan una imagen mínimamente aproximada a la realidad.

El Leviatán estatal tiene una fuerte tenencia a crecer y a expandirse, y durante las crisis los salvapatrias, los ingenieros y los vendedores de enciclopedias económicas presentan sus fórmulas mágicas para reparar lo que ellos mismos han estropeado.

En los últimos meses resulta difícil adquirir algún diario en que no aparezca reproducida la palabra crisis. La inflación está en niveles que no se veían hacía años, las previsiones de crecimiento del PIB cada día son menos halagüeñas, el sector financiero está preocupado por la solvencia de sus deudores, el número de viviendas cuya construcción se ha iniciado decrece si se compara con respecto a años anteriores, el nivel de desempleo aumenta y la subida media salarial parece que se situará por debajo de la inflación.