El derecho a la educación es un derecho fundamental (como el derecho al cine, a la gastronomía mejicana o a Cervantes). Sin embargo, existe un vicio público –fuente de casi todos los problemas– que tergiversa el sentido de "fundamental" (¿fundamental para quién?) y según el cual se considera que el derecho de uno implica necesariamente la obligación del prójimo, no sólo de no impedir la materialización de ese derecho, sino de impulsarla y sufragarla.

El órdago de Mercedes Cabrera y Rodríguez Zapatero a los padres españoles ha tenido su primera reacción. Un grupo de padres andaluces ha llevado el tema de la asignatura Educación para la ciudadanía al Tribunal Superior de Justicia de la Comunidad Autónoma de Andalucía. Reclaman la libertad de educar a sus hijos como decidan y la libertad religiosa que nuestra constitución reconoce en sus artículos 16 y 27.

Ahora que de nuevo sale a la palestra el tema de la educación en España, por la fantástica propuesta adoctrinadora del PSOE de introducir la materia Educación para la ciudadanía, un remedo de las asignaturas fascistoides del régimen de Franco pero en versión socialdemócrata, es preciso replantearse el sistema por entero y ver si realmente los parches pueden reparar la rueda.

La nueva asignatura de Educación para la Ciudadanía va a ser una fuente continua de grandes satisfacciones para los padres con niños en edad escolar. Cuando los socialistas anunciaron su decisión de encargarse de la formación de ciudadanos comme il faut desde su más tierna infancia, algunos barruntamos que algo gordo se preparaba.

El reportaje Ciudadanos de Segunda emitido por Telemadrid el pasado mes de abril relata la discriminación de que son objeto los castellano-hablantes en Cataluña por parte de la administración autonómica, desde padres que no pueden escolarizar a sus hijos en castellano a comerciantes multados por rotular solo en ese idioma.