La educación pública es una de las herramientas de adoctrinamiento más eficientes que han creado los partidarios del Estado. En conjunción con cualquier ideología puede convertir a buena parte de una sociedad en unas pocas décadas, eliminando de forma lenta pero segura cualquier tipo de crítica u objeción que pueda poner en duda la doctrina oficial.

Para que usted, el vecino o yo mismo podamos encender el ordenador, poner en marcha el lavaplatos o abrir la puerta del garaje es necesario que la energía que hace funcionar todos esos aparatos salga de algún sitio. Y no lo hace del Parlamento, ni del Senado, ni de una covachuela administrativa de esas donde se timbran los impuestos. La electricidad sale de las centrales y es ahí donde está el quid de la cuestión.

Montilla, nuestro ministro de Industria, se ha apresurado a anunciar que el Ejecutivo trabajará “de manera inmediata” en la posibilidad de aplicar a los “consumos indiscriminados” de energía un precio mayor para así evitar el derroche.

La línea intervencionista gubernamental se hace más que patente en la política energética española. La adopción del infame protocolo de Kyoto y la no menos lamentable moratoria nuclear nos han condenado al uso indiscriminado de las mal llamadas energías renovables.

Que Atenas retrocediese cien años en apenas un segundo pasó a la primera plana de las noticias por tratarse de la próxima sede olímpica. Sin embargo los apagones se distribuyen de manera equitativa e igualmente dramática por todo el viejo continente.