La última hazaña de las empresas de la música en Estados Unidos ha consistido en un ataque en toda regla contra la emisión de radio por Internet. Las emisoras de radio pagan a la RIAA una cuota para poder emitir música protegida que tiene la organización en su catálogo, algo así como hacen en España para poder emitir cualquier tipo de música, la tenga SGAE en su catálogo o no. Las que emiten por Internet no son una excepción.

Las empresas discográficas desarrollaron su modelo de negocio a partir de un hecho que en su día era ineludible: la música sólo podía distribuirse en soportes físicos. Cuando Napster les dejó claro que aquello había dejado de ser inevitable, su reacción fue enrocarse en la defensa de un sistema de creación, producción y distribución de música que sólo tenía sentido cuando los costes de distribución eran altos y la escasez de espacio de las estanterías de las tiendas obligaba a buscar muchas ventas con pocos títulos.

El empeño de la diputada popular Rodríguez-Salmones por actuar en contra de los intereses de sus votantes es como para hacer perder la fe en los beneficios de la democracia liberal a todo un Benjamin Franklin.

La semana pasada se dio a conocer el fallo de una juez que absolvía a un internauta que había intercambiado en Internet archivos protegidos por derechos de autor. La acusación, planteada por AFYVE y ADESE, aseguraba que había existido ánimo de lucro.

Los partidos políticos de todo el arco parlamentario se han puesto de acuerdo en recortar los derechos de los ciudadanos para otorgar una suculenta prebenda a los asociados de la SGAE y sus mascotas, como la ACAM.