Los ecomarxistas llevan ya algunos años tronando sobre los peligros del calentamiento de la Tierra por culpa del capitalismo, y advirtiendo del fin de la humanidad en unas pocas décadas. La única solución para evitar este Apocalipsis, dejan entrever, sería entregar el poder a la izquierda, cuyos líderes saben muy bien cómo desactivar esta bomba de relojería puesta en marcha por el neoliberalismo salvaje.

El uso racional de los recursos naturales y el respeto al medio ambiente es asumido por la mayor parte de las personas de bien. Sin embargo, ese noble sentimiento es utilizado por el socialismo institucionalizado para dirigir la voluntad de los ciudadanos hacia su redil.

ZP ha aprovechado la XVI Cumbre Iberoamericana para superarse a sí mismo y dejarnos una de esas frases que a simple vista parece el producto de un perfecto idiota pero que en realidad lo que revelan es una completa falta de principios éticos. La hazaña de Rodríguez consistió en afirmar que "el cambio climático ha provocado más muertos que el terrorismo internacional".

Un año después de la desgracia del Huracán Katrina los más diversos movimientos anticapitalistas siguen tratando de torcer los hechos para sacar partido de la desgracia. El movimiento ecologista radical sigue empeñado en relacionar la catástrofe con el omnipresente calentamiento global. Da igual que no se haya establecido ninguna correlación entre emisiones de CO2 y las épocas de mayor intensidad en la actividad de los huracanes. Y tampoco parece importarles que el factor causal en su teoría, el calentamiento de las aguas en las que se generan los huracanes, no quiera hacer acto de presencia en el Caribe.

Kyoto no iba a resultar muy costoso para España. Ese era el argumento de Cristina Narbona justo antes de la entrada forzosa de nuestras empresas en el mercado emisiones y primer plan de asignación de derechos a finales de 2004; un sistema de racionamiento más propio del primer franquismo que de una economía de mercado. En concreto, la ministra aseguró que el coste que "como máximo tendrían que realizar todas [las empresas españolas] no sería más de 85 millones de euros al año".