Kyoto no iba a resultar muy costoso para España. Ese era el argumento de Cristina Narbona justo antes de la entrada forzosa de nuestras empresas en el mercado emisiones y primer plan de asignación de derechos a finales de 2004; un sistema de racionamiento más propio del primer franquismo que de una economía de mercado. En concreto, la ministra aseguró que el coste que "como máximo tendrían que realizar todas [las empresas españolas] no sería más de 85 millones de euros al año".

El protocolo de Kyoto y su mercado de derechos de emisión va camino de convertirse en el mayor disparate en el que se ha embarcado Europa en las últimas décadas. Su fracaso es rotundo y su coste elevadísimo.

Al Gore, como todo el mundo sabe, fue vicepresidente de los Estados Unidos durante el mandato de Bill Clinton, el presidente norteamericano de toda la Historia con más problemas para mantener los pantalones en su sitio, con permiso de Kennedy.

Ya es oficial. Kioto está muerto. Se plantea reducir por medio de mandatos y regulaciones las emisiones de CO2 a la atmósfera. Esta semana ha concluido en Montreal la oncena conferencia sobre Cambio Climático y lo único que han podido acordar los 10.000 delegados de 189 países es que van a seguir negociando.

El nuevo acuerdo, cuyo largo nombre tiene por acrónimo APPCDC, es de carácter voluntario y abarca a los países que emiten el 40 por ciento de los gases de efecto invernadero. Prevé la transferencia de tecnologías limpias por parte de los países desarrollados, a los que lo están menos y usan, en consecuencia, otras más obsoletas. Es una apuesta por la tecnología y el desarrollo económico, opuesta a la filosofía del otro tratado.