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Abusos y subversión

La escalada de coacciones y amenazas organizada durante este verano por el Gobierno de la Generalidad, presidido por Joaquín Torra i Pla, contra las personas discrepantes de su proyecto de secesión ilegal de Cataluña llegó a un momento álgido el pasado domingo. Por lo que parece, no habían sido suficientes los actos de ocupación de espacios públicos como playas, plazas y edificios públicos, que pertenecen a todos los individuos de una comunidad, con símbolos del independentismo. No bastaba con evidenciar que la colocación de lacitos amarillos sobre toda clase de soportes (hasta cruces para invocar un inexistente martirio) se había extendido por doquier, dado que contaban con la promoción y protección de Ayuntamientos y el propio Gobierno de la Generalidad, con sus respectivas policías encargadas de detener, identificar y amedrentar con denuncias ilegales a ciudadanos díscolos. Tampoco consideraron suficiente demostrar que un agresor protegido por la policía autonómica de la detención a pesar de haber causado lesiones flagrantes a una ciudadana, cuyos hijos los quitaban, superaba todo lo imaginable en una sociedad civilizada. Menos aún, acosar al dueño de un restaurante por retirar de su propio negocio los símbolos de protesta por la decisión del juez competente de procesar y enviar a prisión provisional a unos políticos imputados por delitos muy graves.

En este proceso de secesión y subversión por etapas, en el que el año pasado observamos, por ejemplo, la retención de la comisión judicial encargada de registrar la Consejería de Economía, con los mozos de escuadra y agitadores profesionales modulando la coacción y violencia contra ella durante horas -incluyendo el destrozo del vehículo y el robo de algunas armas de los policías judiciales auxiliares - tenían que coordinar las acciones de una policía política, al servicio de un Gobierno que ataca cada día las leyes que justifican su propia existencia, con otros agentes paralelos (a modo de fuerzas de asalto) denominados Comités de Defensa de la República (CDR) para impedir por la fuerza que una manifestación discrepante llegara a la Plaza de San Jaime de Barcelona.

Según consta en la convocatoria de la manifestación Asociación Hablamos Español, contra “la imposición lingüística y el adoctrinamiento: Libertad”, la cual se frustró por esa actuación conjunta el pasado domingo en Barcelona, los organizadores habían detallado el recorrido de la marcha, como se prevé en la Ley del derecho de reunión, la cual partiría a las 12.00 desde la Plaza de la Universidad, y tras pasar por Plaza Urquinaona, se dirigiría a la Plaza de San Jaime, donde se leería un manifiesto en un escenario habilitado y se realizarían una serie de reclamaciones a los poderes públicos y un llamamiento a la ciudadanía para firmar una Iniciativa legislativa popular para garantizar el uso del español a las personas que quieran hacerlo. Siguiendo, asimismo, las previsiones legales, los organizadores habían comunicado con anticipación a la Consejería de Interior y al Ayuntamiento de Barcelona la celebración de esta serie de actos para que se adoptaran los dispositivos de seguridad necesarios de garantía del ejercicio del derecho de manifestación de los asistentes.

La presidenta de la citada asociación, Gloria Lago, ha prestado un testimonio detallado y convincente sobre las maniobras marrulleras de los mozos de escuadra para impedir la culminación de su manifestación legal en la citada plaza, impidiendo el acceso que estaban obligados a garantizar para, por el contrario, amparar y tutelar a los individuos que la ocuparon inopinadamente, incluyendo un escenario instalado por los organizadores.

Como la situación ha llegado a un punto tan descarado de incumplimiento de las leyes básicas de convivencia pacífica, los reventadores narraron los hitos de su hazaña delictiva a través de medios de comunicación afines y redes sociales. Así, el sábado 15, la Consejería de Interior de la Generalidad anunció en twitter que no desalojarían de la Plaza de San Jaime a un grupo de activistas independentistas que habían acampado por un tiempo indefinido para imposibilitar la marcha legalmente convocada. Al día siguiente, un periodista de un diario distinguido por su empeño en alentar las acciones de fuerza del proceso independentista celebraba sin rubor “el éxito de la operación de bloqueo de la manifestación españolista” y recordaba emocionado el lema más coreado, que acababa de materializarse contra unos pacíficos manifestantes y con la inestimable colaboración de los mandos policiales: "Las calles serán siempre nuestras". Pocas veces se encontrará un reconocimiento tan evidente de hechos delictivos por parte de los presuntos autores. La querella criminal presentada por la asociación Hablamos español debería prosperar sin problemas ante los tribunales, si no fuera por los obstáculos que caben esperar desde otras instancias.

En efecto, frente a todos estos casos de conculcación de los derechos de las personas contrarias o indiferentes al proceso independentista, amparados o dirigidos por las instituciones autonómicas, no se ha producido la exigible reacción del Gobierno nacional ni la Fiscalía General de Estado. No en vano el asalto al poder de Pedro Sánchez Pérez-Castejón fue posible gracias al apoyo parlamentario de las fuerzas políticas que subvierten la legalidad. Antes al contrario, el Gobierno actual elude sus responsabilidades, se conforma con llegar a “acuerdos de respeto de la neutralidad de los espacios públicos” y deja la ejecución de los mismos en manos del gobierno autónomo que ha dado sobradas muestras de actuar denodadamente contra esos ciudadanos. 

La profunda degradación de las libertades a la que conduce la violación constante de leyes básicas y la Constitución ofrece motivos adicionales para activar el procedimiento previsto en el artículo 155 de la Constitución en Cataluña. Sin embargo, resulta obvio que el gobierno actual sobrevive gracias a un peligroso juego de complicidades con los mismos partidos que encabezaron la rebelión del año pasado y, por otro lado, se ha convertido, por convencimiento u oportunismo populista, en una amenaza para el mantenimiento de la democracia sometida al imperio del derecho.

Ante esta tesitura, no está claro si la celebración de elecciones generales arreglaría la situación, pero, al menos, aclararía un horizonte muy sombrío para los españoles.