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Administración electrónica y pagos en efectivo

Desde el momento en que las tarjetas de crédito y débito vinculadas a una cuenta bancaria, en una primera fase, o las transferencias por internet a través del ordenador o el teléfono móvil, a continuación, comenzaron a generalizarse como instrumentos de pago, miles de augures han venido vaticinando la desaparición del dinero en efectivo en los intercambios comerciales o el pago de tributos.

Naturalmente esas profecías soslayan que esa supuesta tendencia espontánea de los individuos ha ido acompaña de la promulgación en muchos países de normativas que prohíben el uso de esa forma de dinero por encima de ciertos umbrales, con el pretexto de perseguir el impago de impuestos y el blanqueo de capitales. Concretamente en España, desde noviembre de 2012 en que se promulgó la ley promovida por el primer gobierno de Mariano Rajoy Brey, a excepción de los ingresos o pagos realizados en entidades de crédito, no pueden pagarse en efectivo operaciones que sumen más de 2.500 euros, cuando alguna parte actúe como empresario o profesional, o 15.000 euros en el caso de que el pagador sea una persona física no residente que intervenga como particular, bajo la amenaza de multa consistente en el 25 por ciento de la cantidad pagada.

En el colmo de la desvergüenza los legisladores al servicio del gobierno idearon un mecanismo para estimular el cumplimiento de la prescripción implícita en la infracción administrativa creada ex novo, ampliando los poderes arbitrarios de la Administración. El apartado 6 del artículo 7.2 de la Ley citada, introdujo la exención de la responsabilidad administrativa a cualquiera de los participantes que delatara en primer lugar al otro ante la AEAT, dentro del plazo de tres meses desde la realización del pago. Un premio para quiénes arteramente se desdigan de los términos de un acuerdo sobre el medio de pago.

Muy comentadas han sido, por otro lado, las propuestas de algunos países de prohibir sin más el uso del dinero efectivo, con la misma justificación de perseguir el impago de impuestos al fisco, pero que, de producirse, permitiría rastrear todos los pagos que realizan los individuos y conocer los más íntimos detalles de su vida privada.

Obsérvese como los Estados han pasado de monopolizar el dinero e imponer el papel moneda de curso forzoso inconvertible a intentar canalizar casi todos los pagos a través de un sistema de bancos compuesto por auténticos concesionarios a su servicio y del banco central.

Lejos de mi mente estaban estas reflexiones cuando acudí recientemente a una oficina de la policía para renovar simultáneamente el documento de identidad y el pasaporte con una cita concertada por mor de la llamada “administración electrónica”. No me extenderé en las objeciones esgrimibles a la imposición de carnets a los españoles mayores de catorce años, los cuales deben exhibirse,  bajo la amenaza de detención, a cualquier policía que quiera realizar una identificación por meras sospechas sobre su participación en un delito o con el fin de realizar una denuncia administrativa.

Llegado al puesto que me asignaron para realizar los trámites, surgió, tras unas amables primeras palabras, el primer contratiempo. A pesar de ir provisto de una fotografía con el formato adecuado, la funcionaria encargada decidió que no reunía la condición de “reciente” establecida en el reglamento. No obstante, esa contrariedad quedaría disipada, según añadió, por la feliz coincidencia de la existencia a pocos metros de la oficina de un lugar, cuyo nombre ni siquiera mencionó, donde podría hacerme unas fotografías y olvidarme de la farragosa vuelta a la cola, gracias a su graciosa voluntad. Pude constatar que mi caso no era excepcional, cuando el empleado del estudio fotográfico me entregó seis fotografías, me cobró seis euros y añadió que “ellos” las recortarían.

El reencuentro con la empleada pública fue tensándose por momentos. La toma de las huellas dactilares siempre recuerda la condición de sospechosos que nos impone el Estado y en algún momento de este proceso un compañero llegó para saludarla a su puesto con el jovial comentario de que “ya solo nos vemos en las manifestaciones”.

El trato cordial del principio ya se había tornado en áspero, acaso porque quien esto escribe no ocultaba su malestar, mientras que las explicaciones discurrían como una letanía tediosa y burocrática. De este modo, la funcionaria me informó de que no debía pagar la tasa por la expedición del documento nacional “al no haber caducado”, pero que debía abonar 26 euros por el pasaporte. Ante esa petición le inquirí si no era posible pagar con tarjeta, a lo que la interpelada manifestó que solo era posible en efectivo. Aún tuve tiempo para preguntar si no disponían de un formulario para justificar el pago de la tasa, lo cual mereció la displicente respuesta de que podría solicitar un justificante a la entrega del pasaporte en una sala contigua a la que nos encontrábamos. Una vez pagada la tasa del pasaporte, que la funcionaria guardó en una simple caja, y entregado el DNI nuevo, todavía tuve que aguardar unos minutos en una silla, durante los cuales la funcionaria se dirigió a la correspondiente sección, si bien no pude alcanzarla con la vista. “Pase a la parte del pasaporte. Ya le llamarán por su nombre”, me conminó a su regreso. Y, en efecto, transcurrido un tiempo sentado frente a los funcionarios encargados, otra empleada pronunció mi nombre como señal para acercarme a su escritorio y, tras una serie de comprobaciones, me entregó el pasaporte. Cuando volví a preguntar si me podría facilitar un justificante del pago de la tasa, esta segunda empleada, sin lugar a dudas avisada, tenía prevista la respuesta: “Pídalo usted en información”.

Intentando controlar la indignación que toda esta absurda situación me estaba provocando, me dirigí al mostrador de información en un espacio abierto, donde, no sé si por casualidad, la funcionaria colocada en el puesto se ausentó en el momento de mi llegada. Un policía se aprestó a preguntarme qué quería y, ante mi petición, me dio, una vez que rellené mis datos, un justificante contenido en una media cuartilla (sin una copia que sirviera para controlar internamente su expedición) no sin antes plasmar el sello de la Dirección General de la Policía y dejar en blanco el pie de firma reservado para el funcionario.

Antes de esta obligada visita a la policía para la renovación conjunta de estos documentos sabía que el coste de la tasa por el pasaporte ascendería a 26 euros. Un segundo repaso del portal del Ministerio del Interior confirma que ese pago se puede realizar “en efectivo en la oficina de expedición o utilizando el pago por vía telemática (previamente a la cita personal) en la web www.citapreviadnie.es”, para el cual es necesario disponer de un certificado de firma electrónica, que proporciona el actual DNI electrónico. Lo más sorprendente es que esa información sobre la posibilidad de pagar en efectivo en la oficina se desvía de los requisitos establecidos en el reglamento de expedición del pasaporte. Entre la documentación que se exige presentar a la persona interesada (Art. 4), se detalla  precisamente “el resguardo acreditativo del abono de la tasa de expedición de pasaporte legalmente establecida, por el importe en cada momento vigente”.

En verdad, esta experiencia me dejó estupefacto e indignado. ¿Cómo es posible que el mismo Estado que impone la sospecha y sanciona con multa los pagos en efectivo a profesionales y empresarios en el papel moneda de curso forzoso que superen determinados umbrales, obvie cualquier tipo de control sobre los pagos en efectivo que deben efectuar los ciudadanos por la expedición de DNI y pasaportes en la oficinas de la policía? Cualquier pequeño bar o tienda en España tiene un control de caja más riguroso gracias a las registradoras o los datáfonos que permiten al cliente el pago con tarjeta ¿Es casual que los mandos de los “equipos expedidores” de esos documentos ofrezcan solo el pago en efectivo o telemático? ¿No se ha estudiado la posibilidad de introducir el cobro con lectores de tarjetas, además del uso de formularios de autoliquidación? ¿Qué capacidad real tiene la propia Intervención del Estado para fiscalizar la circulación de dinero en efectivo en las oficinas expedidoras donde millones de personas se ven obligadas a pagar este tipo de tasas, si la Administración no dispone de un formulario de autoliquidación con doble copia y los justificantes se expiden a petición (o más bien insistencia) del interesado? ¿Se hace caja todos los días y se coteja con el número de documentos expedidos? ¿Y el Tribunal de Cuentas? Estoy seguro de que esta laxitud resulta chocante en otros ámbitos administrativos.

Cuando se habla de la corrupción institucional se suelen hacer diagnósticos simplistas y se utiliza como arma arrojadiza entre partidos y otros contendientes, sin analizar cabalmente las costumbres y los sobreentendidos que la amparan en una sociedad tremendamente regulada, donde los poderes públicos se liberan de controles básicos y reservan variadas prerrogativas y regalías para sus agentes y los grupos de presión organizados. Pero que en los tiempos de la llamada pomposamente administración electrónica se admitan pagos en efectivo en la forma que lo hacen las oficinas de documentos personales resulta escandaloso y supera todo lo imaginable. ¿A qué esperan los gestores públicos para introducir un poco de pulcritud y transparencia en el manejo de estos ingresos?