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… al desmadre de las renovables

La medida estrella de la Ley de Cambio Climático y Transición Energética (LCCTE) son las energías renovables. En dicha ley se especifica que se establece un objetivo anual de capacidad instalada, que podrá ser revisado. En él se incluyen las subastas de renovables de al menos 3.000 megavatios al año. Desde que el Gobierno socialista de José Luis Rodríguez Zapatero apoyara este tipo de fuentes energéticas, la tecnología que permite una mayor eficiencia ha cambiado y, hoy por hoy, la energía eólica podría ser eficiente sin necesidad de primas, subvenciones o ayudas (el primero en hacerlo fue el parque eólico Merengue de Naturgy) y la fotovoltaica se ha acercado mucho a, digamos, una eficiencia aceptable, si bien debería ser más investigada, desde mi punto de vista.

El primer problema sigue sin resolverse, necesita una fuente distinta de apoyo si las condiciones meteorológicas no acompañan y se requiere energía en el momento, ya que esta no se puede almacenar en grandes cantidades, quizá con la excepción de fuentes como la hidroeólica, que han resultado aceptables para pequeñas localidades o islas (tal es el caso de El Hierro y Gorona del Viento) y las hidroeléctricas de bombeo, que permiten crear baterías artificiales devolviendo el agua al embalse con la energía sobrante de las renovables.

Otro problema es que se ignoran, cada vez menos pero se siguen ignorando, problemas relacionados con la implementación de este tipo de energías. La eólica, además de que desde el punto de vista visual es discutible, tiene que colocarse en sitios donde la intensidad del viento sea la adecuada y suele chocar con zonas medioambientalmente protegidas, en especial las Zonas de Especial Protección para las Aves (ZEPA), siendo muchos los pájaros que son abatidos por las aspas cuando giran. Además, existe el problema del reciclado de las aspas que, a día de hoy, es imposible. Tanto esta como la fotovoltaica ocupan demasiada superficie para la energía que pueden producir, sobre todo si lo comparamos con las centrales térmicas, de ciclo combinado y nuclear. Este conflicto es evidente si vemos cómo cada vez más poblaciones y grupos ecologistas critican la instalación de este tipo de parques y plantas en ciertos lugares.

Más allá de estos problemas, hay otro que debemos considerar, y es que se podría volver a producir una nueva burbuja. Hace más o menos un año, el expresidente José Luis Rodríguez Zapatero reconocía que, durante su mandato, se produjo una burbuja de las renovables. Esta burbuja ascendió a 29.281 millones de euros al incentivar y dar primas de generación eléctrica, lo que provocó un encarecimiento de la luz que, como otras regulaciones y malas ideas políticas sobre el sector energético, nos cuestan caras, como el famoso déficit de tarifa, que seguimos pagando en nuestros recibos. Pues bien, esta posibilidad es de nuevo factible. Sería en otras condiciones, de otra manera, con otras repercusiones, pero se dan circunstancias que indican que así podría ser.

Una subasta anual de 3.000 megavatios son muchas explotaciones de aquí al 2050. Es mucha potencia, mucha superficie ocupada por paneles y molinos, incluso mucha costa ocupada, si se opta por eólica en medio del mar y mucha energía que evacuar en zonas en las que habría que construir nuevas infraestructuras para ello, además de adaptar las existentes a las nuevas exigencias de generación y distribución.

Las empresas ya han empezado con la digitalización de las redes, que, en términos más fáciles de entender, quiere decir que sistemas de inteligencia artificial tendrán que tomar decisiones para encender o apagar ciertos generadores de energía según las, cada vez más complejas, demandas de electricidad. Somos una sociedad que depende cada vez más la de la energía. Hace unas décadas, un corte de luz era una molestia, pero la vida continuaba; hoy en día, se puede convertir en una tragedia ya que el trabajo, el ocio y la vida dependen de ella. La subasta es tan jugosa que numerosas empresas han sido creadas ad hoc para optar al concurso y levantar uno o un puñado de parques renovables de cualquier tipo, pero sobre todo fotovoltaicos, en una zona o región concreta. Cabe preguntarse si esperan vender a las grandes eléctricas estas nuevas explotaciones o sus derechos de enganche a la red, lo cual no sería raro, ya que este tipo de especulaciones es muy patrio. En cuanto el Estado decide reducir la oferta de algo, la especulación (ajena a un mercado libre) se dispara.

El autoconsumo es otro de los factores que hay que tener en cuenta, no tanto porque produzca mucha energía, sino porque dificulta la distribución y hace más necesaria la digitalización. El autoconsumo es un sistema por el cual una persona, institución, o comunidad instala una serie de paneles fotovoltaicos que proporciona energía al conjunto y lo que sobra es volcado en el sistema eléctrico, recibiendo un descuento en su factura, según contrato. Parar una central de generación de cualquier tipo es más fácil que desconectar a varios clientes que están volcando energía al sistema. De momento, el autoconsumo no ha tenido mucho éxito.

Ante la posibilidad de burbuja, que a mi parecer ya se está produciendo, el Gobierno ha autorizado la tramitación urgente de reales decretos que regularán las subastas de energía renovable, el procedimiento y los criterios generales de acceso y conexión a las redes de transporte. De momento, se va a acelerar la reordenación del sector, al poner límites (Real Decreto-ley 23/2020) al boom de nuevos proyectos. Los nuevos proyectos emplearán como producto subastado la energía que se ha de entregar al sistema, la potencia instalada o la combinación de ambos conceptos, evitando los proyectos que no pretendan nada más que pillar subvenciones o ayudas públicas. Además, los participantes pujarán ofertando el precio que están dispuestos a cobrar por la energía que genere la instalación.

Volvamos al origen, a la sustitución de las térmicas del carbón por las plantas de energías renovables y, como dice el tópico, es complicado. Una térmica no tiene nada que ver con una central eólica o fotovoltaica. Una térmica, una central de ciclo combinado o una nuclear requieren una plantilla que, según el tamaño, puede llegar a varios cientos de personas y se instala en un punto concreto de una provincia o región. En torno a ella se generan muchos servicios y los sueldos, generalmente altos, mejoran mucho la economía de la zona, hasta el punto de que se puede convertir en un polo de atracción para otras empresas e industrias. Por el contrario, y aunque los sueldos se mantengan o se incrementen, la plantilla necesaria para un parque eólico o una planta fotovoltaica no es demasiado grande, por lo que, salvo durante la construcción de estos, los niveles de trabajo en la zona no se mantienen. Además, las térmicas suponen una potencia instalada enorme. La mayor de España, la de As Pontes, tiene una potencia de 1.400 megavatios, mientras que la turbina eólica más potente del mundo es de 12 megavatios, es decir se necesitarían 117 turbinas. La superficie necesaria sería muy grande, suponiendo que la zona sea adecuada por los vientos dominantes. Podemos llenar España de plantas renovables, pero no van a solucionar los problemas ligados a la desaparición de las térmicas de carbón, de las centrales de ciclo combinado o, incluso, de las nucleares si estas no se sustituyen por otras más modernas.

De nuevo, un Gobierno socialista se ha echado al monte medioambiental y ha anunciado un plan que nos pondrá a la vanguardia del postureo político, pero que no parece que solucione en el largo plazo los problemas ligados a la generación de energía, que surgen del poder político de turno. Por el contrario, parece que nos llevará a algún aumento del recibo, que en eso se traduce todo. Luego, con echar la culpa al sistema, a las empresas, al capitalismo imperante o a cualquier otra cosa que esté de moda, basta, y el desmadre sigue.