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Algunas cuestiones disputadas sobre el anarcocapitalismo (XLIV): epidemias

La epidemia de coronavirus puede servir para debatir una cuestión muy polémica en nuestro mundo, que es la de cómo se puede afrontar una pandemia en ausencia de mecanismos de coordinación o en su caso de coerción estatales para conseguir frenarla. El caso es verdaderamente interesante porque es una agresión no humana, que no responde a ningún tipo de cálculo de racionalidad y no responde a los incentivos humanos habituales. Esto es, el agresor humano antes de agredir determina primero si puede hacerlo con garantías de éxito y segundo sopesa cuál puede ser la ganancia, física o psíquica a obtener. Frente a este tipo de amenazas, una comunidad ancap puede diseñar, como hemos visto en otros artículos, algún tipo de sistema de defensa que disuada eficazmente al atacante. ¿Pero qué hacer en el caso de un enemigo vírico o bacteriano fácilmente contagioso con el que no se puede negociar?

En primer lugar, hay que recordar que una epidemia afecta al ser humano con independencia del sistema económico o político que use para organizarse. Ni una sociedad anarcocapitalista ni una estatista son inmunes a la enfermedad o la muerte. Ni siquiera puede establecerse cuál es la “mejor” alternativa, pues en este tipo de casos no hay una mejor, puesto que son muchas las dimensiones a tratar y no siempre es posible conciliarlas. Por ejemplo, habría dos extremos: uno salvar el mayor número de personas posible incluso arrasando la economía totalmente y otro dejar a la enfermedad seguir su curso salvando la economía y permitir a cambio una horrible mortandad. Partimos del principio de que ambos llevados al extremo son imposibles, pues en el primer caso si arrasamos la economía no tendríamos recursos para tratar la enfermedad y en el segundo de ser el número de enfermos o fallecidos muy elevado la economía también se vería muy seriamente dañada. Todo eso sin contar infinidad de debates éticos y morales sobre el valor de la vida humana, de la prioridad de unas vidas sobre otras, debates que, por desgracia, se han abierto en esta crisis. Lo previsible es que se opte por soluciones intermedias entre ambos extremos que irán cambiando en paralelo a la evolución de la pandemia, pero que seguro requieren de respuestas distintas en cada lugar y en cada momento. El problema es que los Estados tienden a imponer una solución única (confinamiento total, cuarentena selectiva, etc.) a todo el territorio del país, con independencia de las situaciones reales y de las posibles necesidades de todos y cada uno de los territorios. En Estados pequeños esto no es muy problemático, pero sí lo puede ser en Estados de decenas de millones de habitantes como los nuestros, en los que se dan realidades sociales y económicas muy distintas. Dentro del mismo país en unos territorios puede ser necesario actuar más sobre el aspecto sanitario y en otros más sobre el aspecto económico, atendiendo a la incidencia de la enfermedad o a la importancia de determinados sectores económicos (recogida de cosechas, producción de electricidad...). Lo cierto es que los Estados normalmente no tienen en cuenta estas peculiaridades y aplican las mismas medidas a todas estas realidades, haciendo muchas veces un daño innecesario en sectores o espacios que no precisan de estas medidas o quedándose corto en otros. Esto se debe a la centralización del poder y a que al gobernante, primero, le es mucho más rentable hacerlo de esta forma para evitar agravios políticos y, segundo, porque el diseño y la operativa de las administraciones públicas impone esta forma de funcionar. Se hace en más sectores, por ejemplo, cuando se decreta una devaluación de la moneda o la fijación de un salario mínimo estatal, medidas ambas que afectan desproporcionadamente a unos sectores más que a otros y no se tiene en cuenta los efectos causados a cada uno de ellos. También la magnitud de los efectos causados hace que los grupos de presión que operan en el Estado intenten presionar para la adopción de unas u otras medidas, lo que conlleva cierta ralentización en la toma de decisiones. No solo esto, los Estados tienden a imponer en estos casos medidas coercitivas, con amenazas de multas, prisión o, en algún caso como Filipinas, bajo amenaza de muerte.

En el siglo XIX se dio un debate académico entre dos formas de tratar la epidemia desde la política. La primera es la “anticontagionista”, que propugnaba la prevención y la atención a las causas de la epidemia. También eran partidarios de centrar las medidas sanitarias en la mejora de los servicios de atención a los enfermos. Eran propuestas próximas a ideas anarquistas que perdieron la batalla frente a la otra postura denominada “contagionista”, defendida por estatistas y sus aparatos burocráticos, quienes buscaban combatir las infecciones mediante el confinamiento de la población o mediante restricciones de su libertad de movimiento o suspensión de sus derechos civiles si fuese menester. Como acabamos de ver, fue esta la postura que se impuso en nuestro entorno mientras que se perdió la oportunidad de explorar soluciones no coercitivas a los problemas de enfermedades de este tipo, pues desde entonces la mayoría de los esfuerzos teóricos y prácticos se centran en perfeccionar el modelo “contagionista” y no se hace ningún esfuerzo de investigación en la otra postura. Solo quedan restos parciales de ella en la perspectiva que siguen algunos Estados europeos que buscan afrontar el problema con el menor uso de la coerción posible. Si todos los diseños epidemiológicos se centran en esta postura no es de extrañar que a día de hoy no existan alternativas solventes fuera de las marcadas por las burocracias estatales de la salud y no quede más remedio que hacer uso de ellas.

A esto se le suma que los Estados operan en este tipo de casos de forma paternalista, pretendiendo conocer mejor que los individuos cuáles son sus intereses o cuáles deben ser preferencias de riesgo individuales, algo que no pueden conocer, como ya vimos cuando analizamos la definición de los servicios de defensa y seguridad por parte de los Estados. De esta forma los gobernantes imponen sus preferencias sobre las de los individuos y lo hacen presumiendo que estos no van a ser capaces de entender las medidas y que, por tanto, no serán capaces de llevarlas a cabo en ausencia de la coerción de nuestros benignos gobernantes. La ciudadanía puede entender y comparar sofisticados programas de política económica o fiscal o las complejidades de la gobernanza europea y aquí sí ser capaces de decidir sabiamente, pero en cambio no se les considera aptos para entender que si hay un virus deben permanecer en casa. Lo digo porque la mayoría de las medidas de protección son de autoprotección y no precisan de los Estados para ser llevadas a cabo.

Pero el funcionamiento de los Estados ya más o menos lo conocemos. Aquí en cambio nos gustaría exponer como podría afrontarse una pandemia mundial (los globalistas ya aprovechan para pedir un gobierno a esa escala) en una hipotética sociedad anarcocapitalista. Partamos de la base de que al no existir sociedades de este este estilo en la actualidad estaremos hablando de meras hipótesis sin conocer cuales son las soluciones de mercado a este tipo de situaciones. Las experiencias de sociedades sin Estado en el pasado son aquí de poco valor puesto que no conocían ni el concepto de pandemia ni sus causas ni, por supuesto, cuáles son las alternativas médicas a su tratamiento. Por ejemplo, la irrupción de la viruela en América en el siglo XVI, llevada por los conquistadores, causó daños enormes tanto a sociedades estatizadas como la azteca como a tribus sin Estado, con una diezma en ambos casos a su población porque ninguno sabía a qué se debía tal enfermedad ni mucho menos cómo tratarla. Recordemos que no es hasta avanzado el siglo XIX cuando se comienza a tener alguna idea de los orígenes y tratamientos de estas pestes. La única fuente posible de comparación sería entre los Estados que adoptaron medidas duras de confinamiento y cierre contra la pandemia y aquellas que no hicieron nada o casi nada para combatirlas, y aun así la comparación no es fácil porque influyen decenas de factores que pueden condicionar los resultados.

En una hipotética sociedad ancap muy probablemente la sociedad habitaría en comunidades de todo tipo, pero de dimensiones mucho más reducidas que los modernos Estados. Dados los privilegios con que los Estados dotan a la grandes ciudades (en algún artículo futuro comentaré este aspecto), es presumible que estas sean de reducidas dimensiones o cuando menos no de las dimensiones de las grandes megalópolis o ciudades globales de la actualidad. Serían más redes de pequeñas ciudades o villas bien conectadas pero separadas . Aun siendo más pequeñas estarían compuestas de barrios de propiedad privada o de propiedad colectiva privada con distintos niveles de acceso y privacidad. Esto implica que en caso necesario pueden cerrarse o confinarse con mucha más facilidad que un gran Estado y, sobre todo, modular el cierre a la incidencia de la pandemia a las características de su población o a su tipo de industria. Recordemos, como antes apuntamos, que los Estados acostumbran a tener un solo criterio de cierre y confinamiento (adaptado por cierto a los peculiares usos  y formas de vida de los gobernantes que acostumbran a ser urbanitas), lo que dificulta la competencia institucional. Lo normal sería que se ensayasen a pequeña escala distintas respuestas a la epidemia y después se adoptase la que probase dar mejores resultados, a diferencia del modelo actual en el que tiende a usarse en todas partes el mismo modelo. Puede ser que sea el más adecuado, pero desde luego para muchos políticos es más cómodo y seguro seguir la senda que atreverse a ensayar alguna solución. El pequeño tamaño probablemente haría más rápida la decisión al no tener que atender a las presiones de grupos partidarios y contrarios a las medidas. No solo esto, sino que las comunidades anarcocapitalistas permitirán advertir situaciones de este tipo, lo que facilitaría que se previesen medidas de confinamiento en sus normas internas, de tal forma que estas puedan establecerse sin violar derechos o libertades previos. Una comunidad de este tipo, igual que puede establecer medidas de higiene, de ruidos o de conducta en los espacios públicos a quienes quieran vivir en ellas, puede perfectamente establecer normas en caso de epidemia. En unas comunidades serán más estrictas y en otras más laxas según prefieran sus habitantes, asumiendo estos las consecuencias de sus decisiones. No habría de todas formas gran cambio con respecto a la actualidad, pues estas medidas no dejan de ser en último caso más que conductas privadas (que pueden perfectamente llevarse a cabo aun en ausencia de estados de emergencia), solo que impuestas bajo sanción a todos los que el Gobierno entienda pertinente (los gobernantes normalmente están excluidos de cumplirlas al autoconsiderarse esenciales).

En el ámbito sanitario lo normal sería optar por la prevención y el tratamiento antes que por la regimentación y el confinamiento. En comunidades de este tipo probablemente existirían diversos modelos de prestación y financiación de la sanidad. Desde la compra pura y dura de la misma en el mercado, hasta hospitales benéficos o gestionados por iglesias u organizaciones filantrópicas, pasando por sistemas de seguros o cajas de salud. En cualquiera de estos sistemas los usuarios tendrán interés en minimizar su riesgo de enfermar, y existirá un incentivo a realizar medidas de prevención. En el caso de los seguros, estos podrán incluso ofertar primas más reducidas a aquellos individuos o colectividades que adopten medidas técnicas adecuadas o prevean en sus estatutos las medidas que se consideren, dentro de la tecnología existente, mejores para la prevención o tratamiento de las plagas.

El anarcocapitalismo no es utópico. Sufrirá plagas como los demás, pero los modernos sistemas estatales impiden o dificultan hoy como en el pasado la necesaria experimentación y evolución hacia encontrar fórmulas menos intrusivas y económicamente dañinas para tratar esta peste y las que vendrán en el futuro. Mientras, solo cabe desear que las actuales estructuras estatales lo hagan lo mejor que puedan  y que la pandemia cause el menor daño posible.