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Aplicando el ‘factfulness’: ¿más armas implica más violencia?

La tenencia de armas por parte de los ciudadanos se convirtió hace pocos días en uno de los debates más candentes de la actualidad tanto en la calle como en los medios de comunicación, en los que, como es costumbre, la demagogia ganó a los hechos y a la evidencia (desafortunadamente, el factfulness no es algo que apliquen ni políticos ni periodistas ni, en general, la mayoría de la población).

La culpa la tuvo Vox, ya que Santiago Abascal en una entrevista en el portal armas.es defendió una normativa más laxa para poder adquirir un arma de fuego, al mismo tiempo que sostuvo la necesidad de extender el concepto de legítima defensa, puesto que en la actual legislación esta puede acarrear consecuencias penales graves, si bien se recogen ciertos eximentes totales o parciales ante una responsabilidad penal, dependiendo del caso (sujeto, en general, a la proporcionalidad efectuado para la defensa).

Las respuestas por parte de sus adversarios políticos no se hicieron esperar, y la verdad es que han sido un tanto cómicas, ya que desde uno y otro lado del espectro político se advirtió de lo peligroso de poder llevar armas por la calle como en Estados Unidos, como si en el país norteamericano todos fuesen Sam Bigotes que van abriendo latas de refresco con su revolver; a todo esto habría que sumar la defensa a ultranza que hicieron de España como uno de los países más seguros del mundo (lo cierto es que el 8 de marzo el mensaje parecía ser justo el contrario).

En un plano ético, la tenencia de armas debería ser legítima, de lo contrario, si solo el Estado puede tener el control de las armas de fuego se crea una indefensión por parte del pueblo con respecto al poder político. Es cierto que decir esto en una democracia que se rige por el Estado de derecho, como es el caso de España, parece una temeridad, pero quizás también lo sería decirlo en Venezuela hace 20 años, y todos sabemos lo que está ocurriendo allí.

Otra cuestión es el uso que se haga de las armas y de los límites que imponga la sociedad, y es que los individuos pueden acordar libremente el poner ciertas reglas de convivencia que limiten la tenencia de armas a, por ejemplo, personas consideradas peligrosas, ya sea porque tienen antecedentes o porque no cumplen las condiciones psicológicas mínimas para poder portar una.

El problema es que quizá, haciendo más accesible el mercado de armas, es mas complicado restringir su compra a las personas que precisamente no deberían tener acceso a las mismas. Sin embargo, en un estudio del año 2016 (ver aquí) lo contrario no es observado, es decir, los autores no pueden concluir de manera fehaciente que las restricciones de armas reduzcan las muertes por armas, aunque es cierto que en algunos casos, sobre todo cuando se mejoran los sistemas de información acerca de los historiales de salud mental y criminal de los solicitantes de armas, las tasas de homicidio se reducen.

De hecho, aunque sea difícil por la gran heterogeneidad de las fuentes de los datos, cruzando las tasas de homicidios a causa de armas de fuego y el número de estas, no es posible encontrar una correlación positiva (tampoco negativa), por lo que quizá el acceso a estas no sea un determinante fundamental para explicar un mayor nivel de homicidios. Es más, la evidencia señala que son factores como la desigualdad, la pobreza o el capital social los que tienen una mayor influencia sobre el crimen cometido con armas de fuego (ver aquí y aquí); por eso no es tan raro encontrar a Venezuela encabezando la clasificación de países con mayores tasas de homicidios con armas de fuego (cinco veces más que en Estados Unidos), a pesar de que la tasa de armas en posesión de civiles no sea de las más elevadas (puesto 59 sobre 178), mientras que Estados Unidos es el país con más armas entre la población civil, según la Universidad de Sídney (ver aquí).

El caso de Estados Unidos

Lo anteriormente reflejado al final no dejan de ser correlaciones que, por sí solas, no explican los complejos procesos que se producen por la existencia de complejas normativas que regulan el acceso a las armas de fuego. En realidad, hacer esto último es bastante complejo, debido, precisamente, a la heterogeneidad de los datos, por lo que los estudios más fiables se tienden a centrar en un único país, y en este caso es Estados Unidos el mejor ejemplo, ya que conviven diferentes políticas aplicadas por parte de los distintos estados, lo que deja la puerta abierta al estudio de experimentos naturales, siempre mucho más reales que los econométricos.

La primera gran sorpresa observando la evidencia disponible es que la mayoría de armas usadas para cometer crímenes son ilegales (ver aquí y aquí), y esto sucede incluso en los estados con más restricciones a la compra, como es el caso de Nueva York (ver aquí); además, el 98% de los asesinatos de masas ocurridos desde 1950 se produjeron en zonas libres de armas (ver aquí), aunque a decir verdad, este datos puede variar según como se definan los asesinatos de masas (ver aquí).

Llegados hasta aquí uno podría pensar que los defensores del libre acceso a la compra de armas tienen razón, pero, al menos en Estados Unidos, hay que analizar los datos desagregados por estados, porque son aquellos en donde existen mayores restricciones donde las tasas de homicidios son menores y, por lo tanto, ayudan a reducir las tasas federales. Al menos eso es lo que refleja el estudio de Donohue et al. (2018), y es que en los estados en los que no se aprobó ningún tipo de legislación “right to carry” las tasas de crimen violento descendieron entre 1977 y 2014 un 42,3%, mientras que en aquellos estados que sí las aprobaron el descenso fue del 4,3%, y que el aumento promedio de los delitos violentos en los segundos fue del 20,2%, y del 19,2% en los delitos contra la propiedad, con respecto al promedio nacional.

Los mismos autores realizan a continuación una contrafactual interesante, tratando de predecir qué hubiera ocurrido si en varios estados no se hubieran aprobado las normas para portar armas. En Texas, por ejemplo, el crimen violento es un 16,9% mayor que en dicha hipotética situación. Es cierto que después de aprobar esta legislación, el estado tejano vio reducida su tasa de criminalidad en un 19,7%, pero el descenso hubiera sido de un 31% si no la hubiera aprobado, además de que la declinación en las tasas de los delitos violentos ya se estaba produciendo con anterioridad a su aprobación.

Además, los estados con legislaciones mucho más laxas afectan a las que tienen una normativa mucho más restrictiva, a saber, en Nueva York, el 74% de las armas usadas en crímenes entre 2010 y 2015 procedían de otros estados con leyes mucho más blandas (ver aquí).

Por lo tanto, ¿tiene efecto alguno el facilitar el acceso a las armas en España? Como buen gallego y economista que soy, la respuesta es depende, porque cada país es diferente, y realmente el quid de la cuestión no es tanto el número de armas que porten los ciudadanos sino el hecho de a qué manos llegan esas armas, y ahí sí que son necesarias normas eficaces que garanticen ciertas condiciones de acceso, por lo que la propuesta de Vox, bien materializada, no tendría por qué ser mala, ni convertir a España en el Lejano Oeste; eso sí, antes es necesario practicar el factfulness, cosa que nuestros políticos, desafortunadamente, no hacen.