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A Carmena no le gusta la colaboración

Antes de que internet se convirtiera en una red global que nos conecta, antes de que existieran los teléfonos móviles, antes incluso de que los ordenadores se convirtieran en un electrodoméstico más, antes de todo eso, existían las secciones de anuncios en los periódicos de papel y el Segunda Mano. Y en ellos, los dueños de apartamentos, pisos y chalets de la playa y zonas costeras, de la Sierra e incluso de los situados en ciudades llenas de historia y monumentos, ponían en alquiler sus inmuebles para que los turistas que acudían durante el verano, la Semana Santa y otras fiestas de guardar, pudieran tener un lugar donde descansar y divertirse. La economía colaborativa existía incluso antes de que naciera el inventor de Twitter. Y era normal. No todo el mundo se podía permitir ir a un hotel con esos precios. Téngase en cuenta que, hace unas décadas, irse de vacaciones era un lujo, que mucha gente ahorraba durante varios años para poder viajar y, aun así, buscaba precios adecuados a su nivel de ahorro.

En el otro lado, con el boom turístico de los años 60 en España y en Europa, que se recuperaba de una dura posguerra, había gente que descubría que a esos inmuebles del pueblo que poseía, cerca de la playa, podía sacarles un rendimiento. Incluso alguno se arriesgó a construir o comprar más inmuebles, rentabilizando así un ahorro. Quizá no ofrecían las mismas comodidades que los hoteles, que pronto aprovecharon el boom, pero con unos cuantos muebles hacían un apaño y satisfacían las necesidades de esos locos de las vacaciones que venían a tostarse al sol, a cansarse por la montaña o a visitar los monumentos cercanos. El mercado libre estaba desatado. Si el dueño no cumplía, se corría la voz y tendría más difícil alquilarlo al año siguiente. Si el cliente no cumplía, el dueño aprendía y desarrollaba estrategias para evitar problemas. El resultado era un contrato, un acuerdo de caballeros.

Con internet, con la moda de crear conceptos como el de economía colaborativa, todo esto parece haber cambiado, pero la esencia sigue siendo la misma: dos partes llegan a un acuerdo y establecen unas condiciones. La web de la plataforma que agrega estos anuncios puede ser muy manejable y estéticamente estupenda, sí, pero el final es el mismo, unos pasan unos días estupendos y otros ingresan un dinero. ¿Qué hay de malo en ello? Por lo visto, para Manuela Carmena y sus chicos de Ahora Madrid, mucho, pero básicamente se puede reducir a que no sacan tajada de un negocio cada vez más boyante.

A finales de abril de este año, la plataforma Airbnb, que se dedica precisamente a coordinar este tipo de alquileres turísticos, informó de que en 2016 había generado en Madrid 447 millones de euros de negocio y que la oferta se había disparado de 40.000 camas en 2015 a 70.000 un año después, una cantidad que se acercaba a las casi 93.000 que oferta el sector hotelero en la capital de España. Y claro, tal éxito ha alarmado a los hoteles, hostales y similares, que han puesto el grito en el cielo. Y en parte tienen razón.

Da lo mismo si son taxistas o empresarios hoteleros, las quejas ante el “intrusismo” suelen ser las mismas: lo “oficial” tiene unas obligaciones legales (reglamentarias, fiscales, etc.) que lo novedoso no tiene. Yo me pregunto si los empresarios hoteleros que construyeron el primer hotel en lugares que hoy son muy turísticos se preocuparon tanto de cómo afectaba este negocio a los que en ese mismo pueblo alquilaban sus casas a los turistas. En todo caso, nunca suelen pedir que se reduzca la regulación, se simplifique la ley o se disminuya la fiscalidad y que la igualdad ante la ley venga por ese camino; por el contrario, lo que piden es que al “intruso” le caiga encima todo el peso de la ley. En no pocos casos, estas medidas suponen que no entre en el mercado, o que los que hayan entrado aprovechando la alegalidad, se vean expulsados al no poder hacer frente a esas mejoras o al no poder pagar esos impuestos y tasas. El gremialismo era defendido por nobles, reyes y emperadores en la Edad Media. En la actual, con internet haciéndoles más difícil la vida, los gremios buscan el amparo del Estado.

Dicen desde el Ayuntamiento de Madrid que lo que no quieren es que se creen “hoteles encubiertos” y que, para evitarlo, se deben limitar las jornadas que puede estar un inmueble como apartamiento turístico. Además, y dado que el negocio es boyante, se está estudiando la instauración de un impuesto que vendría como agua de mayo a las arcas municipales. La Comunidad de Madrid tiene, hoy por hoy, una visión un poco menos intervencionista y no está de acuerdo con el Ayuntamiento en sus intenciones fiscales, aunque sí con que esta actividad esté considerada como “actividad económica”, es decir, que esté registrada. Y es que la Comunidad también trabaja en una regulación específica que, de momento, no pretende ser prohibicionista ni poner tasas. De momento.

De todo este asunto, lo que más me llama la atención es que Ahora Madrid, que dice apoyar a los que menos tienen, debería estar más a favor de esta economía colaborativa (y así lo ha declarado a menudo), una economía no pocas veces cercana al simple trueque y que, en general, favorece a esas clases a las que apoya. Sin embargo, Carmena en Madrid, Colau en Barcelona y, en general, todos los “alcaldes del cambio” la persiguen, apoyando con sus medidas a los sectores de la gran empresa, en este caso el hotelero. Son las aparentes paradojas de la nueva política, de la política de la gente, de los que persiguen la casta, que terminan mareando al personal. A Carmena no le gusta lo colaborativo, lo libre, Carmena parece preferir el control y recaudar más dinero.