Parece que por fin se acabó la huelga de los funcionarios de Justicia. Y finaliza con un acuerdo que aparenta tablas y que, por tanto, las partes afectadas pueden vender como victoria propia. Bueno, no todas. Los peor parados, los miles de ciudadanos que se han visto rehenes de unos sindicalistas sin escrúpulos y la chulería de un ministro prepotente, no puede decir que ha salido victoriosa.
El daño generado por esta situación supera con mucho el cuantificable en dinero. A las docenas de miles de personas que han visto retrasarse los juicios a los que tenían que hacer frente, se suman los no menos de miles de ciudadanos que necesitaban para todo tipo de trámites certificados de los distintos registros dependientes de Justicia. ¿Realmente podrá mirar a la cara un sindicalista a una viuda o a sus hijos y explicarles sin sentir vergüenza que no han podido conseguir el certificado de nacimiento o defunción que necesitaban para el seguro por un aumento salarial? Y no sólo es las dificultades que le crea ante la compañía aseguradora, es la frustración generada en una etapa tan difícil como la inmediatamente posterior a la perdida de un marido o un padre. Y supuestos como este, a montones.
Los culpables de la situación no son otros que el propio ministro y los sindicatos. Uno por su chulería. El mismo Mariano Fernández Bermejo que no duda en gastarse 250.000 euros de los contribuyentes en una reforma de un estupendo ático propiedad del Estado, totalmente innecesario al tener el ministro su residencia particular en las afueras de Madrid, se ha cerrado en banda durante demasiado tiempo ante las peticiones de aumento de sueldo para luego concederlas. Pero sus formas dejaban claro que no lo hacía por no incrementar el gasto público, sino porque a chulo no le gana nadie.
Los sindicatos no son mejores. Han utilizado a los ciudadanos como rehenes. Como todo grupo que intenta obtener ventajas o privilegios del Estado, apelaron al bien común. Para tratar de conseguir una inmerecida simpatía de los ciudadanos, argumentaban que el hecho de que se les suba el sueldo a los funcionarios implica una mejora automática en la calidad de su trabajo. Por supuesto, no han explicado en que consiste tan extraña relación causa-efecto. Tal vez porque no existe. Y si existiera, sería una bien irritante: que los funcionarios saben que pueden trabajar más y mejor, pero no lo hacen porque no quieren, pese a haber aceptado al comenzar a trabajar el sueldo que cobraban.
El argumento de que los funcionarios de las comunidades autónomas donde están transferidas las competencias de Justicia cobran más que los que trabajan para el ministerio del ramo es falaz. A idéntica labor no tiene por qué corresponder igual sueldo. Si querían un sueldo mayor deberían haber opositado a las administraciones autonómicas en vez de a la general del Estado. Pero además es peligro, puesto que puede degenerar en un bucle permanente de chantaje utilizando a los ciudadanos como perpetuos rehenes.
Una vez conseguida una cierta equiparación salarial (no completa, pero próxima a lo exigido por los sindicatos), es suficiente con que los funcionarios de una comunidad autónoma se declaren en huelga para conseguir un aumento y salgan victoriosos de su pulso con el gobierno regional. Volverá a producirse la diferencia anterior a la huelga recién terminada. Y ahí puede venir un nuevo paro indefinido hasta una solución similar a la actual. Estamos ante un mal propio de una administración demasiado grande, con funcionarios blindados en exceso y sindicatos con un poder de coacción sin límites.
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