El Bloque Nacionalista Gallego pretende crear una categoría de españoles de segunda clase. El socio del Partido Socialista en el gobierno de Galicia pretende que cuando se otorgue la nacionalidad española a hijos y nietos de emigrantes (que por el momento todavía no pueden acceder a la misma a pesar de las promesas de Rodríguez Zapatero) no se les conceda el derecho a voto. Sin duda alguna, su petición responde a intereses electoralistas puros y duros. El voto de los llamados "residentes ausentes" resulta clave en las elecciones autonómicas gallegas debido a lo elevado de su cifra. Y de esos sufragios, muy pocos van a parar al BNG. Por poner un ejemplo, en los comicios de 2005 en la provincia de Pontevedra votaron 31.000 españoles residentes en el extranjero. El 49,7 por ciento lo hicieron por el PP y un 43,6 por ciento por el PSdeG.
El portavoz del BNG en el Congreso de los Diputados, Francisco Rodríguez, ha dicho: "Una cosa es conceder la nacionalidad española a efectos de amparo y de derechos sociales y otra cosa es que conlleve el derecho al voto por definición sin aclarar si vives allí o no y qué grado de descendencia tienes". Dicho de otro modo, pretende que haya españoles a los que se les pueda conceder pensiones y protección diplomática pero a los que se les niegue un derecho clave en cualquier sistema democrático como es el voto.
Al margen de la cuestión de las pensiones, la pretensión de los nacionalistas gallegos (que a pesar de su nacionalismo pretenden que sea aplicable a la totalidad de los españoles) recuerda, por lo del amparo, en cierta medida al sistema de capitulaciones por el cual determinados súbditos del Imperio Otomano pasaban a estar bajo protección diplomática de algunos países occidentales sin concederles la ciudadanía.
Se pueden discutir los requisitos necesarios para obtener la nacionalidad española, pero una vez que se le ha concedido a una persona no debe privarse a esta de los derechos que poseen el resto de los ciudadanos. Si a un español de nacimiento no se le puede privar de su voto por razón de su lugar de origen, tampoco ha de ser posible que se le haga a alguien que ha obtenido la nacionalidad por ser hijo de alguien que emigró a otro país. Eso supone establecer un sistema con diferentes niveles de ciudadanía que implica una clara discriminación por lugar de origen.
Se agarra el BNG también a la corrupción que existe en torno al voto emigrante. Es un problema que existe y que hay que controlar. Pero el método no es otro que la aplicación de las leyes y perseguir el fraude electoral, no reducir derechos a ciudadanos españoles. De hecho, una vez más suena a excusa de una formación política de escaso arraigo entre votantes gallegos que, por vivir fuera de la región, no están sometidos a una constante propaganda identitaria y que por lo tanto optan de forma mayoritaria por otros partidos.
Es necesario recordar que el Bloque Nacionalista Gallego forma parte del Ejecutivo autonómico gallego y es socio del partido que gobierna España. Cuando un partido político con esas características pone sus intereses electorales por delante principios como la igualdad ante la ley sin que se produzca un gran escándalo el Estado de Derecho corre un serio peligro.
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