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Comercio y mercado no son lo mismo

De las muchas críticas y ningún elogio que recibí por el artículo que publiqué en este mismo espacio el mes pasado, hay una que me parece particularmente significativa y, por lo tanto, merecedora de una profundización. El argumento central de ese artículo era que el mercado no puede operar si no cuenta con el respaldo institucional de la estructura del Estado, la cual, obviamente, debe estar orientada a respaldar la dinámica del mercado y no a obstaculizarla. Acerca de este tema escribí mucho en mi ensayo El espíritu del mercado, publicado en 2011 y para quien quiera profundizar en mi pensamiento al respecto, lo invito a consultar esa bibliografía.

La objeción que fue formulada al artículo publicado en marzo y que creo que merece ser tratada en particular es que el funcionamiento del mercado no requiere ningún tipo de respaldo institucional de parte del Estado porque la práctica del comercio sobrevino espontáneamente, sin necesidad de marco institucional alguno.

Por supuesto, tomada literalmente, tal afirmación es veraz. Es indiscutiblemente cierto que el comercio es anterior a la existencia de un marco institucional respaldatorio y que el desarrollo de la actividad comercial es el resultado de la acción de individuos que libremente eligieron intercambiar bienes porque percibieron que esas prácticas les resultaban personalmente beneficiosas.

Que este hecho sea cierto, sin embargo, no nos lleva inexorablemente a la deducción de que la dinámica del mercado no requiera un marco institucional y que no sea necesario que sea el Estado quien opere como garante de ese contexto. Hay aquí una confusión que requiere ser aclarada para poder despejar el punto.

El origen de esta confusión radica en visualizar los conceptos de “comercio” y “mercado” como sinónimos. Pues bien, no lo son. Es posible comerciar aun cuando no haya mercado. De hecho, así es como el proceso de intercambios de bienes materiales tuvo su origen. Pero el concepto de “mercado” trasciende la mera idea de comercio.

Cuando el comercio deja de ser una conducta ocasional para convertirse en una práctica sistematizada, el mercado empieza a sobrevenir. Y aquí, cuando los individuos empiezan a concebir sus planes particulares a partir de la percepción de que tendrán la oportunidad de comerciar, comienza a ser necesaria la determinación de un marco institucional. Esto sucede porque, en ausencia de ese marco institucional, los individuos actuantes no tendrían margen para elaborar planes complejos, los cuales requieren seguridades en relación a: 1) los términos en los que los acuerdos contractuales serán cumplidos; y 2) los recursos aplicables en casos de eventuales incumplimientos de los contratos. La solución a este tipo de problemas no es susceptible de ser trasladada a agencias, empresas, arbitrajes (déseles el nombre que se quiera, no viene al caso la discusión semántica) porque aun los acuerdos entre individuos privados requieren términos preestablecidos para el caso de que alguna de las cláusulas pactadas no sea, en la consideración de una de las partes, satisfactoriamente cumplida.

Para que se entienda con más claridad… Supongamos que A afirma que B no cumplió su obligación y B sostiene que sí la cumplió. No se puede derivar este contencioso a una agencia privada si no está previamente establecido qué es lo que se entiende por cumplir una obligación. Esa interpretación respecto de qué es “cumplir una obligación” requiere una definición previa a la resolución del conflicto específico entre A y B. Esa interpretación no puede quedar en manos de una agencia, empresa o árbitro privado porque esa compañía solo puede operar una vez que la significación del concepto “cumplimiento de una obligación” está establecida. Esa definición demanda un consenso reconocido universalmente por todos los miembros de la comunidad donde A y B estén operando. Si ese acuerdo previo no existe, puede haber comercio circunstancial –el que había en los comienzos del comercio– pero no desarrollo empresarial capitalista sistemático –es decir, mercado- porque nadie puede garantizar la resolución de los eventuales conflictos entre partes que se obligan mutuamente a cumplimentar los acuerdos que libremente pacten. Por ende, no se puede elaborar planes empresariales a gran escala y, en consecuencia, los beneficios que la realización de intercambios de bienes materiales devengaría a los seres humanos serían muy limitados.

El mercado empieza a operar, como tal, cuando el comercio está encuadrado en un marco institucional donde los criterios que rigen el cumplimiento de los contratos y las consecuencias de algún eventual incumplimiento están previamente determinadas. Ese marco es el que debe ser definido previamente y la confianza en que se procederá conforme a esas pautas en el caso de que algún conflicto sobrevenga es el factor que permite consolidar el mercado, el proceso capitalista y, subsiguientemente, el crecimiento y el desarrollo económicos a gran escala, con todos los beneficios que de esa dinámica se derivan. Esa tarea no puede ser asegurada de otro modo que por medio de una organización estatal que tome para sí la función de operar como garante de última instancia.

Sería oportuno que quienes ciegamente defienden la posibilidad de un ordenamiento socioeconómico desprovisto del respaldo de un sistema estatal, analicen cuidadosamente estos argumentos porque es posible que, llevados por el ilusionismo de una visión idealizada, estén omitiendo considerar algunos efectos negativos del sistema que propugnan.