La crisis económica de España no se arreglará con más Estado ni con más intervención en los mercados ni con más subvenciones que distorsionen la competencia y, por supuesto, tampoco con más impuestos directos sobre la banca, los empresarios o los trabajadores.
Por el contrario, más que nunca, se necesita sumar el empuje y la inversión de las clases medidas y emprendedoras, lo que se logrará sólo en un mercado sin barreras normativas y con claras ventajas competitivas. Por ello, a continuación, permitan que resalte cuatro pilares que son determinantes para cimentar una ganancia sustancial de productividad.
El primer pilar que debe recuperar la competitividad de la economía española es la racionalización de los costes salariales. Dado que la política monetaria ahora es competencia del Banco Central Europeo y no se puede devaluar una moneda fiduciaria nacional, los españoles sólo podemos reducir el coste salarial unitario para hacer competitivos nuestros productos y servicios.
La recuperación económica de España requiere ser competitivos frente a nuestros socios europeos. Por ello, es inaceptable que el coste laboral unitario haya aumentado un 30% respeto a Alemania en los últimos 10 años, según refleja el último informe de coyuntura publicado recientemente por IESE.
Evidentemente, la competitividad laboral es mejor lograrla con una reducción importante de las cotizaciones a la Seguridad Social, en vez de con despidos o reducciones de nóminas, que resultan tremendamente perjudiciales, porque afectan al poder adquisitivo de las familias y, por tanto, a la demanda de bienes y servicios. Aunque, desde luego, una rebaja de las cotizaciones sociales debe venir acompañada de un aumento de impuestos indirectos, como el IVA, para cuadrar los ingresos fiscales.
En todo caso, como segunda derivada, ayudaría mucho a la economía española que la negociación de convenios fuese realizada empresa por empresa, que los sindicatos se financiasen con aportaciones de afiliados y simpatizantes, y que los aumentos salariales quedasen ligados por ley al incremento de productividad para competir en el mercado laboral europeo del mismo modo que lo hacen los trabajadores y sindicatos de Alemania.
El segundo pilar que aportaría ventajas a España es la desregulación del sector energía mediante la competencia entre un número mayor de empresas y tecnologías, sin que los ciudadanos tengan que subvencionar ni el carbón ni la energía nuclear ni las energías renovables con más de 6.000 millones de Euros –más de un billón de las antiguas pesetas– cada año, lo que genera incrementos crecientes en los precios de electricidad, gas natural, Diesel y gasolina.
Pero si las empresas necesitan costes salariales y energéticos competitivos en un mercado global para generar empleo y riqueza en un país, también es importante que se doten de empleados, productos y procesos innovadores.
Por ello, el tercer pilar de la competitividad es la calidad en formación y en investigación, desarrollo e innovación. Es una desgracia que España no cuente con universidades clasificadas entre las cien primeras del mundo por carecer de incentivos que premien el mérito y la capacidad de profesores y estudiantes. Por ello, es necesario incentivar una mayor presencia del sector privado en las universidades con el patrocinio empresarial de cátedras y la desgravación fiscal de becas, contratos y líneas de investigación. Igualmente, se deben impulsar la empresarialidad y el I+D+i con semilleros de empresas tecnológicas integrados dentro del propio campus, desburocratizando la creación de empresas y fomentando la excelencia entre centros académicos para obtener fondos.
Finalmente, el cuarto pilar de la competencia es la inversión inteligente en infraestructuras. En un entorno de crisis, tiene mucho que decir la financiación privada de inversiones públicas mediante «asociaciones público privadas» ya que posibilitan la ejecución de proyectos de infraestructuras que soportan el desarrollo económico con una amortización y un retorno de inversión adecuados.
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